Por Noemí Brenta*

En primer lugar, es imprescindible que la deuda con el FMI no la pague el pueblo argentino, sino quienes se beneficiaron con ella y todos los ciclos de endeudamiento externo de Argentina que proveyeron dólares luego salidos del país, sin declarar ante la AFIP y sin pagar los impuestos correspondientes. Por eso, el proyecto para crear un fondo para cancelar la deuda podría llamarse Fondo de Resarcimiento al Pueblo Argentino, para reparar el daño causado por cuatro décadas de sobreendeudamiento y ajuste, desde la última dictadura cívico-militar hasta el gobierno de Macri, con la excepción del período 2003-2015, cuando la deuda externa sobre el producto bruto fue bajando hasta el 26% y dejó el centro de la escena económica nacional.

La administración de 2015-2019 volvió a sobreendeudar a la Argentina con acreedores privados y también tomó un stand by del FMI, el mayor de la historia del organismo, otorgado por razones políticas, 44.500 millones de dólares desembolsados en solo trece meses. Como era imposible devolverlo en los breves plazos acordados, el gobierno de Alberto Fernández negoció otro programa, esta vez de servicio ampliado, por el mismo monto, para pagar el stand by.

Pero el FMI es el acreedor más condicionante de todos, a pesar de su ropaje técnico su carácter es político. No solo condiciona los aspectos fiscales, monetarios, financieros, etc., sino que es un instrumento de Estados Unidos para ejercer influencia en favor de sus intereses estratégicos y económicos. Estados Unidos es el principal miembro del FMI, cuya sede principal está en Washington, también tiene poder de veto para ciertas decisiones y un andamiaje institucional muy aceitado para validar sus intereses a través de su participación en los organismos internacionales, por eso los programas del FMI suelen reflejar esos intereses. Sus políticas hemisféricas condicionan temas como el posicionamiento internacional del país, las relaciones con China, el desarrollo tecnológico, las obras públicas, la matriz energética, las cuestiones ambientales. Cada revisión, cada consulta, es una oportunidad para ejercer su influencia. Por eso es decisivo salir de la deuda con el FMI para para construir un país normal. Esto es, libre de los condicionamientos económicos y políticos del organismo y de sus mandantes, y con una base imponible acorde a la capacidad contributiva de la población, y no jibarizada por el ocultamiento de activos fuera del país, que es la materia del proyecto de esta ley.

De continuar el programa de servicio ampliado, el FMI tendrá injerencia en Argentina hasta 2034, si se cumplen los tiempos previstos. Si se prolongan, como es habitual, la intromisión del FMI se alargará, con todas las consecuencias que ello implica. Porque si bien este programa es por 30 meses, una vez que los desembolsos finalicen, en septiembre de 2024, el país seguirá sujeto ya no a las metas y demás condicionalidades del acuerdo, sino al control de la economía por parte del FMI, a presentar informes periódicos, a consultar determinados temas, hasta el ultimo día en que sea deudor del organismo.

La aplicación de los dólares ingresados por el stand by de 2018 señala que todos los desembolsos del FMI están correlacionados con una salida de capitales que concurrieron a la formación de activos externos. Así lo demuestra el informe del BCRA y también la coincidencia el comportamiento de las reservas del BCRA, que crecieron con cada desembolso del FMI pero rápidamente volvieron al nivel anterior.

Por otra parte, el pago anticipado al FMI es un derecho del país, no una rebeldía ni un desafío. El FMI tiene la obligación de recibir el pago anticipado de un país si decide hacerlo. Argentina no está obligada a seguir con el programa de servicio ampliado ni a recibir sus desembolsos, y mucho menos a seguir pagando intereses y sobrecargos, que hoy cubren buena parte de los gastos del FMI, dada la magnitud del monto adeudado del stand by. Estos pagos salen del presupuesto nacional, y se podrían destinar a otros destinos más constructivos, como salud, educación, infraestructura.

Hay que recordar también que ésta no es la primera vez que el FMI desembolsa un gran monto que se aplica para salida de capitales, esto es habitual como destino de los préstamos del organismo, aunque el art. VI de su Convenio Constitutivo lo prohibe. Por ejemplo, en agosto de 2001 el FMI entregó 6 mil millones de dólares a la Argentina, que financiaron la fuga de capitales previa al default y a la devaluación. Algo similar ocurrió en la década del ´90 en Rusia y en países del sudeste asiático, por mencionar los casos más resonados. Esas conductas llevaron al descrédito del FMI y a un cambio cosmético de su modelo de negocios, pero en el stand by de Argentina en 2018 el organismo volvió a sus peores prácticas.

La ley para crear un fondo para cancelar totalmente la deuda con el FMI, formado con el aporte especial proveniente del proceso de discovery, apunta exclusivamente a los bienes habidos en el exterior no declarados por sus propietarios. No busca los dólares que están en Argentina en las cajas de seguridad, como proponen algunos para obstaculizar su aprobación.

La figura del colaborador para identificar los activos escondidos, prevista en el proyecto, ha generado algunas críticas. Sin embargo, el discovery, esto es, la búsqueda de identificar activos pertenecientes al deudor para cobrar una deuda es un proceso habitual de los acreedores privados y públicos. En este caso la deuda potencial existe, como mínimo por los impuestos no integrados, y el Estado ejercerá su soberanía fiscal para cobrarla y penalizarla. Por eso, esto no es un blanqueo ni un impuesto, y esta ley dispone que Argentina buscará la colaboración de Estados Unidos, el FMI, la OCDE y otros organismos países, para identificar los bienes no declarados y efectivizar el cobro de las deudas y su penalización.

Un ejemplo de discovery cercano en el tiempo, es el acoso que sufrió el Estado argentino por parte de los fondos buitres para embargarle activos para cobrar la deuda que mal les reconoció el juez Griesa. Ellos intentaron embargar desde la fragata Libertad en Ghana hasta la casa de San Martín en Boulogne Sur Mer, y aunque perdieron estos incidentes, el país tuvo que pagar las costas, ejemplos de la injusticia a favor de los poderosos, que no es solamente privativa de estos tiempos y lugares.

En suma, conformar un fondo para cancelar la deuda con el FMI será una salida para normalizar el país, cerrar el ciclo de sobreendeudamiento y desposesión, y la sangría de la fuga de capitales que imposibilita la estabilidad económica, social y política, y el desarrollo. Y que la deuda no la paguen los de siempre, el pueblo argentino, sino quienes propician estos mecanismos y se benefician de ellos, que siempre permanecen impunes.

*Noemí Brenta es Dra. en Economía, investigadora del Conicet, se especializa en relaciones económicas internacionales y la historia de las relaciones entre Argentina y el FMI.