Por Carlos Del Frade

El pasado sigue abierto en el presente por las pesadillas impunes y los sueños colectivos inconclusos.

El proyecto político del golpe iniciado el 24 de marzo de 1976 fue subordinar la vida de las grandes mayorías a las imposiciones del capital financiero. Lo productivo debía desaparecer en la Argentina.

El dinero debía multiplicar al dinero, filosofía del casino y cuando las cuentas del Estado estuvieran al rojo vivo, la solución vendría del gran negocio de los bancos extranjeros a través de préstamos y la perversa bicicleta de la deuda externa.

El derecho laboral, construcción colectiva de generaciones y generaciones argentinas, llamado peyorativamente “el costo argentino”, debía limarse casi hasta la extinción.

Por eso seis de cada diez personas desaparecidas eran jóvenes trabajadoras y trabajadores menores de treinta años.

Por eso seis de cada diez personas desocupadas son jóvenes de entre quince y treinta años.

Y seis personas detenidas de cada diez en las principales cinco provincias argentinas son jóvenes de entre quince y treinta años.

El triple 6, la metáfora bíblica de la bestia apocalíptica que, en este caso, revela una clave de la historia profunda de la Argentina de los últimos 45 años.

Desaparecidos, desaparecidas, desocupadas, desocupados, detenidas y detenidos tienen entre quince y treinta años.

La bestia es la configuración política del capitalismo que siempre castiga a quienes tienen por impulso biológico y cultural producir las necesarias transformaciones en la sociedad.

El proyecto político económico que impulsó el macrismo tuvo el mismo objetivo que la dictadura, el reemplazo de la producción por la financiarización de la economía.

El Estado colonizado a favor de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, la multiplicación de la deuda externa, la demolición del derecho laboral, la desarticulación de la salud y la educación y el lavado de dinero como verdadero canal de circulación de la riqueza argentina.

Aquello se hizo con botas pero después se intentó y logró con votos. A nivel nacional todavía subsisten casi dos mil leyes que vienen de las diferentes dictaduras, desde la ley de sociedades, quiebras hasta la ley de entidades financieras que marcan la impunidad del poder económico concentrado.

Por eso es preciso saber que en estos cuarenta años de democracia hay continuidades, herencias vivas del terrorismo de Estado y su principal objetivo, hacer del país un enclave financiero y exportador barato de bienes comunes, profundizando la dependencia y, por lo tanto, socializando el empobrecimiento.

20 mil fábricas fueron cerradas entre 1976 y 1983

“El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que significa la reconstrucción de la república. Por ello estamos aquí reunidos, para conocer el pensamiento de las Fuerzas Armadas y poder así reflexionar sobre la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra responsabilidad empresarial”, dijo un exultante representante de la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de 1977 al recibir a Díaz Bessone.

El militar no se quedó atrás: “Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa.

Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber”, sostuvo en una clara conciencia del rol de los militares como celadores del gran capital.

La complicidad de las empresas

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.

Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que “otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución”.

Esa operación fue dirigida por el comisario Antonio Fischetti, alias El Padrino o Don Chicho. “Fischietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán”.

Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”.

Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.

Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznárez, y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”. Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa…”.

“Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos (…). Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina.” (Juan Alemann, secretario de Hacienda, citado en Martin Andersen, Dossier Secreto, Planeta, 1993).