Por Demetrio Iramain

El miércoles de la semana pasada, la Cámara Federal de Casación decidió concederle al genocida Miguel Etchecolatz el beneficio de la prisión domiciliaria.

Un día después, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó a una jueza de primera instancia que reabra la causa por una acción armada contra la Policía Federal y vuelva a analizar si corresponde investigar a militantes de Montoneros que sobrevivieron al genocidio, por un hecho que se encuentra plenamente prescripto.

Quienes usurparon el poder en marzo de 1976 podrían haber iniciado investigaciones judiciales para determinar el grado de criminalidad que tenían las acciones realizadas por las organizaciones populares que luchaban en aquellos años, inmediatamente después de ser cometidas. Pero eligieron la aniquilación física de sus militantes. Y emplearon el Terrorismo de Estado, la tortura sin límites, la muerte clandestina, para alcanzarla, cruzando un límite: la comisión de delitos contra la humanidad, sin fecha de vencimiento ante el sistema de Justicia penal.

La secuencia es demostrativa de una clara intencionalidad política: volver a la teoría de los dos demonios. Empatar a revolucionarios con genocidas. Y desalentar luchas populares a la ofensiva, como fueron las de la década del 70.
El intento no es nuevo.

La alta burguesía, que se benefició con el golpe y controla los principales puestos de la juricatura argentina, tiene sangre en el ojo. La búsqueda anterior se produjo en 2017, cuando la Corte Suprema (con el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz -hoy presidente y vice el Tribunal, que pretendieron ingresar a la Corte a través de un DNU dictado por Macri – y Elena Highton de Nolasco -hoy jubilada), concedió a un genocida condenado el beneficio de computar doble sus años de cárcel, lo que se conoce como 2×1.

El pueblo rechazó el intento, pero el salvoconducto que obtuvo la Corte entonces (una ley que transformó su decisión política de favorecer a los genocidas en un vacío legal, que no existía y que la norma votada de apuro vino supuestamente a completar) la salvó de su enjuiciamiento político.

No en vano quienes el jueves ordenaron decretar delitos de lesa humanidad las acciones de las organizaciones revolucionarias de los años 70, son los jueces más emblemáticos de la Mesa Judicial M: los camaristas macristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi (nombrados a dedo por Macri en la Cámara Federal, sin concurso previo, ni acuerdo del Senado) y Mariano Llorens, uno de los magistrados que visitó Olivos en tiempos de Macri, antes de dictar fallos favorables al gobierno de entonces, en causas de su interés.

Algo anda muy mal en Tribunales. Si desandamos el ovillo de corporación judicial llegamos a Macri. La disputa política y económica entre pueblo y poder concentrado, tiene un capítulo judicial cada vez más importante. Inflación, distribución del ingreso, endeudamiento y encadenamiento de fallos judiciales, son apenas los territorios donde se libra esa lucha. ¿Qué tiene que ver el acuerdo con el FMI con este regreso apurado, torpe, de la teoría de los dos demonios? Todo.