Análisis
Acciones e intromisiones del gobierno del Sr. Trump
La deuda es una de las formas de esclavizar a una nación como advirtiera hace más de 200 años el Presidente de los EE. UU. John Adams.
Por Foro Economía y Trabajo*
El mundo vive una guerra económica, comercial, tecnológica y por el control de recursos naturales estratégicos, que incluye conflictos bélicos, e inaceptables intromisiones de las naciones más poderosas en otros países.
Para esa guerra la deuda es una de las formas de esclavizar a una nación como advirtiera hace más de 200 años el Presidente de los EE. UU. John Adams y citáramos en el primer documento de este Foro.
Es dentro de este escenario incierto que debe analizarse la crisis económica, financiera e institucional con graves consecuencias sociales que vive nuestro país debido a las políticas del Presidente Milei.
Desde enero el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, además de su política arancelaria para proteger su industria, ha adoptado una estrategia en extremo agresiva, que incluso comprende como objetivo apoderarse de territorios de otros países – Panamá, Canadá, Groenlandia- y convalidar viejas acciones consumadas en contra de México.
En ese sentido van las intromisiones desembozadas en la vida de otras naciones, como en Ucrania y Medio Oriente, para imponer su hegemonía y apoderarse de recursos como los denominados minerales críticos y los hidrocarburos.
Esas acciones no sólo involucran al Gobierno Federal de los Estados Unidos, como lo demuestra la orden ejecutiva por la que Trumpsuspendió la ley de prácticas corruptas en el extranjero (Foreign Corrupt Practices Act/FCPA) que prohíbe a las empresas norteamericanas actos de corrupción a funcionarios de otros estados como ser pagar u ofrecer regalos.
En relación a nuestro país el Sr. Trump, tanto en su primer gobierno como en éste ha intervenido e interviene en favor de un brutal endeudamiento, para sostener los gobiernos subordinados de Mauricio Macri y Javier Milei, ambos con políticas económicas inviables, afines a sus estrategias de dominación y contrarias a nuestro interés nacional. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham) acompaña y celebra siempre esas políticas e intervenciones.
Sus intromisiones también están dirigidas influir en los resultados electorales. Así sucedió en 2018 cuando promovió el otorgamiento del préstamo más importante en la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno de Mauricio Macri, con la gestión deLuis Caputo. Otorgado contrariando el Convenio Constitutivo (art.VI) de ese Fondo y suscripto sin autorización del Congreso de la Nación.
El FMI, en realidad, lo hizo actuando como “prestamista en última instancia” para garantizar la salida de capitales de los grandes fondos de inversión del esquema de “bicicleta financiera” – o “carry trade”- que huyeron, tras realizar fabulosas ganancias, ante la inviabilidad de un esquema cambiario en el que se malversaron más de 44.000 millones de dólares. Como se sabe el Poder Judicial en nuestro país tiene paralizadas las causas iniciadas sobre este fraude.
Análoga situación se da en relación al préstamo que desesperado y a cualquier costo gestiona el Gobierno de Milei, pues como Macri, no tiene las divisas necesarias para sostener su política cambiaria. Como la consecuencia de la gestión de Milei y Luis Caputo para mantener reducida la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, el Banco Central(BCRA) malvendió reservas por no menos de 22 mil millones de dólares al 28 de febrero de 2025. En tanto aumentaron la deuda pública en 100.476 millones de dólares en 14 meses, cifra récord.
Como sucedió en los casos anteriores, y sucederá con esta gestión, se terminará cediendo a la inevitable condición de devaluar reclamada por el FMI y los grandes grupos empresarios. Las consecuencias, una vez más, serán una brutal transferencia de ingresos hacia las mayores corporaciones empresarias, en tanto se mantiene la liberalización de los precios, la apertura de las importaciones y el régimen para las grandes inversiones (RIGI) que habilita la creación de enclaves fiscales, acelerando la destrucción del entramado socio productivo nacional. Con una mayor pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de las familias, caída de la demanda interna, cierre de empresas, despidos y precarización laboral.
Las presiones, tráfico de influencias, extorsiones y compra de voluntades para sostener esta guerra económica y estas políticas son públicas y notorias. Afectan a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial configurando una situación de inseguridad política y jurídica. A consecuencia de la guerra económica es notoria la animadversión de ciertos dignatarios extranjeros y grandes empresarios con los gobiernos del período 2003-2015 que se desendeudaron y liberaron de las condiciones del FMI, en favor del trabajo y la producción nacionales a partir de la gestión de Presidente Néstor Kirchner.
No es casual pues el extorsivo anuncio de sanciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos que alcanzan a Cristina Fernández de Kirchner , Presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Tres días antes, el 18 de marzo, ese organismo había rechazado “en todos sus términos el DNU 179/25” decreto inconstitucional, que elude la Ley 27.612 por el que el Presidente Milei se autoriza a sí mismo para avanzar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin que se conozcan su monto y condiciones.
El rechazo confluyó con una carta a las autoridades del FMI, del Inter-Bloque de Senadoras y Senadores Nacionales de Unión por la Patria, que sostiene:
● Que las naciones integrantes del FMI y sus directivos “Deben tomar nota y deben hacerse cargo de que en estas condiciones es evidente la inviabilidad del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas”
● Advierte que la deuda “podrá ser calificada como deuda odiosa en su más amplia acepción”, reiterando que “firmar un nuevo acuerdo en una clara violación de la legislación vigente en la Argentina, no solo acarreará su absoluta nulidad, sino que, como fuerza política, no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado Argentino”.
Esas mismas posiciones sostenemos en nuestro documento “Deuda Odiosa. Ante un nuevo fraude que involucra al Fondo Monetario Internacional”.
Rechazamos en consecuencia esas sanciones a la Presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, así como las intromisiones del Sr. Trump y la cámara AmCham en los asuntos internos de nuestro país.
Finalmente insistimos en que la deuda que se genere con este acuerdo fraudulento deberá ser calificada como sujeta a un default selectivo de la Nacion Argentina, habida cuenta que se conocen de antemano las consecuencias.
*Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta,Hugo Castro, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Santiago Mancinelli, Jorge Marchini, Antonio Mezmezian, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Andrés Wainer, Coordinador: Eduardo Berrozpe.
ADHERIMOS A LA MARCHA DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Análisis
El drama de Granja Tres Arroyos: 500 familias sin trabajo y sin cobrar
La empresa avícola cerró su planta en la localidad bonaerense, adeuda sueldos y aguinaldos y pidió un concurso preventivo de acreedores. «Somos un pueblo al que le cayó una bomba», describieron los trabajadores despedidos, que reclaman respuestas que la patronal nunca dio.
Más de 500 trabajadores y trabajadoras de Capitán Sarmiento perdieron su empleo en las últimas semanas tras el cierre de la planta avícola de Granja Tres Arroyos en esa localidad del norte bonaerense. La empresa acumula deudas salariales que incluyen meses de sueldo sin pagar y aguinaldos pendientes, y recurrió a la Justicia para pedir la apertura de un concurso preventivo de acreedores, el mecanismo legal que antecede a la quiebra y que deja a los trabajadores en una situación de extrema incertidumbre sobre el cobro de sus acreencias.
El impacto de los despidos no se limitó a Capitán Sarmiento. Según describió Andrea Ulere, ex empleada de la empresa, la crisis se extendió a municipios vecinos: alrededor de 100 despidos adicionales se registraron en Arrecifes y otros 100 en San Antonio de Areco, lo que convierte a esta debacle laboral en un golpe colectivo sobre toda la región del norte del conurbano extendido.
«Una bomba en el medio del pueblo»
Ulere describió la situación con una imagen que sintetiza el derrumbe social que vive la localidad. «Somos un pueblo que tiene la sensación hoy de caminar por la calle, que nos ha caído una bomba en el medio y andamos juntando los pedazos de la gente», señaló. «No se puede describir con palabras el dolor que tenemos», agregó.
La ex trabajadora reveló además un detalle que ilustra la dimensión humana de la crisis: «Acá venía el cartero del pueblo con el despido en mano llorando». La imagen del telegrama de despido entregado entre lágrimas en una localidad pequeña habla de un tejido comunitario que la empresa desgarró sin dar explicaciones.
Ulere fue cuidadosa al momento de atribuir responsabilidades, pero contundente: «Más allá del nivel nacional, que todos sabemos que económicamente estamos todos mal, acá hubo una mala gestión de los hijos y sobrinos de Joaquín de Grazia, que hicieron un mal negocio. Los despidos decían que eran por la gripe aviar, el Covid-19, y nosotros en esa época es cuando se trabajó más que nunca».
Veinte años de trabajo, deudas y silencio patronal
Los testimonios de los trabajadores que aún no recibieron su telegrama pero temen recibirlo en cualquier momento son igualmente demoledores. Oscar, con 20 años de antigüedad en la planta, graficó el costo que la prolongada agonía de la empresa tuvo sobre su salud y su dignidad: «La situación me tiene mal. Nos afecta la salud mental. Ya hace un año y medio que vivimos esto. Yo vivo con mis padres. No es lo justo que yo tenga que vivir de ellos».
Nadie de la empresa viene a dar la cara y dar explicaciones, denunció Oscar. «Así nos tuvieron un año y medio. Nos quitaron parte de nuestro salario, nos deben el pago de meses, nos deben vacaciones», enumeró.
Otro trabajador con más de 18 años de antigüedad contó que el deterioro fue progresivo y que los empleados cedieron ante cada exigencia patronal con la esperanza de conservar el puesto: «El conflicto comenzó con un pedido de esfuerzo a los trabajadores y una reducción salarial del 9%. Luego, los pagos comenzaron a realizarse en cuotas. Con tal de seguir trabajando lo aceptamos. Hace tres meses nos pagaban 100 mil por semana«, relató. «Nosotros hemos aportado mucho a la empresa, pero para ellos somos un número más», cuestionó.
Un tercer operario con 16 años en la empresa resumió la angustia cotidiana de quienes todavía no fueron desvinculados pero tampoco cobran: «Todos tenemos chicos, cuentas que pagar, se me vence el alquiler, no tengo plata para alquilar en otro lado. Los servicios los pago como puedo. Si hacés una changa te peleás por los precios. Tuvimos que hacer muchos recortes en salidas y alimentos. Antes alcanzaba la plata. Ahora no alcanza para nada. Tenemos un trabajo fijo pero no cobramos».
La intendenta y el pedido de los trabajadores
Durante las protestas frente a la planta y en la plaza de Capitán Sarmiento, la intendenta local Fernanda Astorino Hurtado se hizo presente para interiorizarse sobre la situación. Habló de un «mal manejo empresarial», lo que coincide con el diagnóstico de los propios trabajadores, aunque para estos últimos la presencia política no alcanza si no se traduce en acciones concretas.
Ulere fue directa al respecto: «Todo sirve, nosotros estamos desorientados y lo que queremos es que esto no se apague, que ella luche por nosotros para que no se apague. Porque donde dejen de hablar de nosotros, todo va a terminar en la nada. A los políticos para que se muevan, porque ¿quién nos va a salvar a nosotros?».
La pregunta resuena con fuerza en un contexto nacional en el que el gobierno de Javier Milei ha reducido el gasto en programas sociales en más de un 60% y donde la desregulación del mercado laboral, impulsada por la misma gestión, dejó a miles de trabajadores sin las redes de contención que el Estado podía ofrecer. El drama de Capitán Sarmiento no es una excepción: es el retrato de lo que ocurre cuando una empresa quiebra y el Estado se hace a un lado.
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