Por Mariana Collante

En la madrugada de ayer la Cámara de Diputados aprobó la modificación a la Ley de Alquileres por 128 votos afirmativos contra 114 negativos. El proyecto del oficialismo mantiene el plazo de vigencia de los contratos de alquiler en tres años, establece actualizaciones semestrales por el índice público Casa Propia, prohíbe ofertar y hacer transacciones de alquiler en moneda extranjera, e introduce una serie de beneficios impositivos para los propietarios de hasta dos viviendas.

La Ley de Alquileres sancionada en junio de 2020, con cierto consenso,  no fue acompañada por el Estado al no garantizar su aplicación. Esta debilidad fue aprovechada por el sector inmobiliario y sus medios de comunicación afines, para hacer una campaña de cuestionamiento permanente. En agosto de este año, Juntos por el Cambio promovió una media sanción muy regresiva para los inquilinos e inquilinas. La iniciativa siguió su camino en el Senado, pero perdió contra el proyecto que ayer se ratificó en la Cámara Baja.

Fernando Muñoz es integrante de Inquilinos Agrupados, la organización  que amplifica la voz de quienes alquilan. Además es autor del libro «La desigualdad bajo techo. Más de cien años de alquiler», un texto que analiza las políticas de gobierno en materia de vivienda desde principios del siglo XX, pasando por la dictadura cívico militar, hasta la crisis del 2001.  

¿Cómo se logró revertir las modificaciones propuestas por  Juntos por el Cambio?

Esta reforma de la Ley de Alquileres ha sido un reclamo del mercado inmobiliario, y en particular de las cámaras que representan al intermediario, al que gana cuanto más contratos se firman: la inmobiliaria. Lo que se inició como “una ley que no favorece ni a los inquilinos ni a los propietarios”, se exhibió finalmente como la necesidad de obtener más ganancia, más rentabilidad. El inquilino fue un convidado de piedra en la reforma de la ley en Diputados. La activa militancia de Juntos por el Cambio sumada a la actitud relajada del oficialismo, dieron por resultado una media sanción a la medida del mercado inmobiliario. Pero la reacción en redes, en medios de comunicación y en las reiteradas asambleas públicas en Inquilinos Agrupados, generaron un clima diferente en el tratamiento en el Senado: el oficialismo reaccionó, surgieron otras voces, en el recinto de la Cámara Alta se denunció “el lobbie inmobiliario” y la cuestión retomó un compromiso más claro con la población que alquila vivienda.

Con esta modificación, ¿qué reacción esperan del mercado inmobiliario?

Ellos van a seguir su política de retención de propiedad, de golpe de mercado, como lo hizo en vísperas de la democracia en el 83, también en el 89 –cuando Alfonsín se retiraba vertiginosamente del gobierno-, y como lo seguirá haciendo mientras no haya un Estado dominante que equilibre las reglas de juego en esta sociedad cada vez más empobrecida.

¿Qué medida es prioritaria para que esta vez sí se cumpla la ley?

Que el Ministerio de Hábitat se haga cargo de la situación y haga cumplir la ley; que la Secretaría de Comercio sancione a los que publican alquileres en moneda extranjera; que la AFIP le exija a las inmobiliarias que le entregue los contratos de locación que se firman ante intermediarios.

¿Qué rol le asignas a la organización inquilina para llegar a este resultado?

La misma que tuvimos hasta ahora: ser coherentes, defender el bolsillo del trabajador que alquila por encima de las banderías políticas, dialogar mucho más con las representaciones reales de los trabajadores para una defensa colectiva de la represalia del mercado, seguir interactuando públicamente con la población que alquila, en las redes y en las asambleas de nuestra organización.

¿Hay más conciencia del lugar subalterno del inquilino?         

Muchísima más conciencia. Ya son pocos los ingenuos que creen que somos todos iguales. Hay cada vez menos rentistas que son muchísimo menos iguales que los millones que tenemos que alquilar para vivir bajo techo. Y más allá de cómo juzguemos esta campaña electoral, es visible que el problema del alquiler se metió en la agenda política a la fuerza.