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Análisis

“El problema del alquiler se metió en la agenda política a la fuerza”

Entrevista exclusiva de El Argentino con Fernando Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

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Por Mariana Collante

En la madrugada de ayer la Cámara de Diputados aprobó la modificación a la Ley de Alquileres por 128 votos afirmativos contra 114 negativos. El proyecto del oficialismo mantiene el plazo de vigencia de los contratos de alquiler en tres años, establece actualizaciones semestrales por el índice público Casa Propia, prohíbe ofertar y hacer transacciones de alquiler en moneda extranjera, e introduce una serie de beneficios impositivos para los propietarios de hasta dos viviendas.

La Ley de Alquileres sancionada en junio de 2020, con cierto consenso,  no fue acompañada por el Estado al no garantizar su aplicación. Esta debilidad fue aprovechada por el sector inmobiliario y sus medios de comunicación afines, para hacer una campaña de cuestionamiento permanente. En agosto de este año, Juntos por el Cambio promovió una media sanción muy regresiva para los inquilinos e inquilinas. La iniciativa siguió su camino en el Senado, pero perdió contra el proyecto que ayer se ratificó en la Cámara Baja.

Fernando Muñoz es integrante de Inquilinos Agrupados, la organización  que amplifica la voz de quienes alquilan. Además es autor del libro «La desigualdad bajo techo. Más de cien años de alquiler», un texto que analiza las políticas de gobierno en materia de vivienda desde principios del siglo XX, pasando por la dictadura cívico militar, hasta la crisis del 2001.  

¿Cómo se logró revertir las modificaciones propuestas por  Juntos por el Cambio?

Esta reforma de la Ley de Alquileres ha sido un reclamo del mercado inmobiliario, y en particular de las cámaras que representan al intermediario, al que gana cuanto más contratos se firman: la inmobiliaria. Lo que se inició como “una ley que no favorece ni a los inquilinos ni a los propietarios”, se exhibió finalmente como la necesidad de obtener más ganancia, más rentabilidad. El inquilino fue un convidado de piedra en la reforma de la ley en Diputados. La activa militancia de Juntos por el Cambio sumada a la actitud relajada del oficialismo, dieron por resultado una media sanción a la medida del mercado inmobiliario. Pero la reacción en redes, en medios de comunicación y en las reiteradas asambleas públicas en Inquilinos Agrupados, generaron un clima diferente en el tratamiento en el Senado: el oficialismo reaccionó, surgieron otras voces, en el recinto de la Cámara Alta se denunció “el lobbie inmobiliario” y la cuestión retomó un compromiso más claro con la población que alquila vivienda.

Con esta modificación, ¿qué reacción esperan del mercado inmobiliario?

Ellos van a seguir su política de retención de propiedad, de golpe de mercado, como lo hizo en vísperas de la democracia en el 83, también en el 89 –cuando Alfonsín se retiraba vertiginosamente del gobierno-, y como lo seguirá haciendo mientras no haya un Estado dominante que equilibre las reglas de juego en esta sociedad cada vez más empobrecida.

¿Qué medida es prioritaria para que esta vez sí se cumpla la ley?

Que el Ministerio de Hábitat se haga cargo de la situación y haga cumplir la ley; que la Secretaría de Comercio sancione a los que publican alquileres en moneda extranjera; que la AFIP le exija a las inmobiliarias que le entregue los contratos de locación que se firman ante intermediarios.

¿Qué rol le asignas a la organización inquilina para llegar a este resultado?

La misma que tuvimos hasta ahora: ser coherentes, defender el bolsillo del trabajador que alquila por encima de las banderías políticas, dialogar mucho más con las representaciones reales de los trabajadores para una defensa colectiva de la represalia del mercado, seguir interactuando públicamente con la población que alquila, en las redes y en las asambleas de nuestra organización.

¿Hay más conciencia del lugar subalterno del inquilino?         

Muchísima más conciencia. Ya son pocos los ingenuos que creen que somos todos iguales. Hay cada vez menos rentistas que son muchísimo menos iguales que los millones que tenemos que alquilar para vivir bajo techo. Y más allá de cómo juzguemos esta campaña electoral, es visible que el problema del alquiler se metió en la agenda política a la fuerza.

Elecciones

¿Qué significa ser leales?: el pueblo vuelve a salir a buscar su propia historia

A 81 años de la jornada que parió al peronismo, el Día de la Lealtad llega con Cristina presa, un Gobierno que desprecia al Congreso y a la Justicia, y un feminismo que eligió la Ciudad de Buenos Aires para su Encuentro de 2027. La lealtad hoy tiene un nombre: organizarse para que Milei pierda.

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El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores y trabajadoras cruzaron el Riachuelo, se lavaron los pies en las fuentes de la Plaza de Mayo y torcieron el rumbo de un país que hasta entonces decidía sin ellos.

No esperaron que nadie les concediera nada. Ese día el pueblo dejó de esperar y salió a buscar su propia historia. Ochenta y un años después, la fecha vuelve a interpelarnos con una pregunta urgente: qué significa ser leales cuando la democracia, los derechos y la propia identidad popular están bajo ataque.

Este Día de la Lealtad no es uno más. Llega con Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación, cumpliendo prisión domiciliaria tras una condena que representa el fruto más acabado del lawfare de Comodoro Py; con un Gobierno nacional que gobierna por decreto y desprecia la división de poderes; y a menos de un año de unas elecciones presidenciales que definirán si la Argentina sigue por el camino del ajuste, el odio y la crueldad, o si recupera un horizonte de justicia social.

Una lealtad que se conjuga en presente

Este sábado, en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, en La Matanza, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el acto central del PJ provincial junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza. “Acá estamos, querían callarnos y acá estamos, recordando a Evita y Perón en La Matanza, que es la capital del peronismo”, dijo ante la multitud.

El gobernador recordó que aquella gesta “le dio voz a los que no tenían voz, les dio derechos y participación política a los que estaban marginados y excluidos”, sostuvo que Cristina “está injustamente presa por defender nuestras banderas” y planteó el desafío que atraviesa a todo el campo popular: “La lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna”. También dejó una definición que debería ordenar el debate de los próximos meses: “Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”.

Un Gobierno que no respeta la democracia

Desde el primer día, Javier Milei eligió gobernar contra las instituciones. Inauguró su gestión con el DNU 70/2023, un megadecreto que pretendió derogar y modificar centenares de normas sin pasar por el Congreso.

Intentó designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, salteando el acuerdo del Senado, que finalmente rechazó ambos pliegos en abril de 2025.

Vetó la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y obligó al Poder Legislativo a insistir con dos tercios para defender lo que la sociedad ya había defendido en las calles.

Llamó al Congreso “nido de ratas” y llegó a decir que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

No se trata de exabruptos aislados, sino de un método: degradar a los otros poderes para concentrar el poder en uno solo. Cuando un presidente trata al Parlamento como un estorbo, a la Justicia como una herramienta y a la prensa crítica como un enemigo, lo que está en juego no es una gestión de gobierno, sino la propia arquitectura republicana que tanto dicen defender quienes lo votaron por odio al peronismo.

El odio como herramienta, el antiperonismo como tradición

El antiperonismo no nació con Milei. Tiene una genealogía sangrienta: el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955, el golpe de septiembre de ese año, el decreto 4161 de 1956 que prohibió siquiera pronunciar el nombre de Perón y dieciocho años de proscripción del movimiento mayoritario del país. Cada vez que las élites no pudieron derrotar al peronismo en las urnas, intentaron borrarlo por la fuerza, por decreto o por los tribunales.

Lo nuevo es la escala y el tono. El discurso libertario convirtió el odio en política de Estado: contra los “kukas”, contra los “zurdos”, contra las feministas, contra la diversidad, contra los trabajadores estatales y los jubilados que reclaman. Ese clima no es inocuo. En septiembre de 2022, Cristina sobrevivió a un intento de asesinato frente a su casa, porque el arma no se disparó. Las palabras que deshumanizan preparan el terreno para la violencia que mata, y una democracia que naturaliza el odio termina pagando ese precio.

Las mujeres y disidencias van al centro del poder

Hace apenas cinco días, el 12 de octubre, terminó en Córdoba el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, con más de 150.000 participantes y un centenar de talleres. En el acto de cierre, por decisión unánime, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue elegida como sede del 40° Encuentro en 2027. No es un dato menor: el primer Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en esa misma ciudad en 1986. Cuatro décadas después, el feminismo vuelve al lugar donde nació, en pleno año electoral, para hacerse oír frente a la Casa Rosada.

La ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz, lo resumió así: “Es una demostración de que se puede convivir en un espacio con sectores con los que se tienen muchísimas diferencias, construyendo una fuerza para confrontar electoralmente en el 2027”. Esa es exactamente la lección que el campo popular necesita aprender: la unidad en la diversidad no es una consigna, es una condición para ganar.

Las razones para movilizarse sobran. Este Gobierno desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, su ministro de Justicia anunció la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal y el propio Presidente utilizó el escenario de Davos para atacar al feminismo y a la diversidad, lo que provocó la masiva Marcha Federal Antifascista y Antirracista de febrero de 2025. Para nosotras, el ajuste no es una abstracción macroeconómica: es menos asistencia a víctimas de violencia, menos políticas de cuidado y más trabajo no remunerado sobre las mismas espaldas.

Evita lo entendió antes que nadie. Fue ella quien impulsó el voto femenino en 1947 y organizó a las mujeres como sujeto político con voz propia. El feminismo popular argentino, del Ni Una Menos a la Marea Verde, es heredero de esa tradición. No hay 17 de Octubre sin las mujeres en la Plaza.

2027: la lealtad es organizarse

Decirlo con claridad no es una provocación, es una responsabilidad democrática: Milei tiene que perder en 2027. No por revancha, sino porque un proyecto que desprecia la división de poderes, persigue a opositores, insulta a periodistas, ajusta sobre jubilados, universidades y personas con discapacidad, y convierte el odio en programa de gobierno es incompatible con la Argentina que soñaron quienes se movilizaron aquel 17 de octubre.

Pero la derrota del proyecto libertario no vendrá sola. Exige un peronismo que deje atrás sus internas, que escuche a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las juventudes y al feminismo, y que vuelva a ofrecer un horizonte de futuro y no solo una defensa del pasado. La lealtad no es nostalgia: es la decisión colectiva de no volver a esperar que otros escriban nuestra historia. Como en 1945, el pueblo tendrá que salir a buscarla.

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