Por Claudio Lozano (presidente de Unidad Popular)

El Parlamento, el Poder Judicial y la calle son los tres escenarios donde se dirime la suerte de la Argentina. Son muchas las reflexiones que pueden hacerse pero hay algo que no debiera quedar en duda.

Los sectores dominantes en la Argentina pretenden transformar el fracaso de la institucionalidad nacida en 1984 y expresada en la irrupción de Javier Milei, en la oportunidad para consolidar, a como dé lugar, los objetivos fundacionales del golpe del ‘76.

Objetivos que nunca abandonaron, con los que boicotearon, neutralizaron e incluso subordinaron a las distintas experiencias populares, al tiempo que construyeron, durante los últimos 50 años, representaciones institucionales fieles a sus objetivos.

Transformar la Argentina en un paraíso extractivista fuertemente endeudado, doblegar las resistencias históricas que la sociedad argentina ha evidenciado en las últimas cinco décadas y eliminar de cuajo las capacidades estatales que pudiesen limitar el saqueo que el territorio nacional ofrece, constituyen el norte de la experiencia que sacude a nuestra sociedad.

Pretender la suma del poder público, favorecer un escenario hiperinflacionario y dolarizar de facto la Argentina, son las claves del momento que transitamos.

No hay errores en una política que en su decisión de alentar la licuación de los pesos habilita un nuevo salto cambiario y una nueva ronda inflacionaria. La hoguera hiperinflacionaria aparece tanto en el presente como en el futuro, como el mecanismo que al mismo tiempo puede desarmar la resistencia social poniendo a las mayorías en el límite y por debajo de la subsistencia, y que a la vez contribuye a la más rápida licuación de los pesos, cuestión indispensable para hacer posible una dolarización sin dólares en el Banco Central.

¿A quién podía escapársele que en un contexto como el de la Argentina plantear una devaluación del 118%, desregular el sistema de precios duplicando o triplicando la tasa de inflación era incompatible con bajar la tasa de interés para las colocaciones en pesos? ¿No era evidente que se buscaba licuar los pesos disponibles? ¿A quién se le puede escapar que no hay déficit cero en un contexto de derrumbe de la actividad?

¿Que dicha política pone a correr en simultáneo la reducción del gasto con la caída de la recaudación y transforma en interminable el proceso de ajuste porque hay que volver a reducir el gasto al tiempo que se agranda el significado de la deuda dolarizada en el total del gasto corriente?

¿Quién no podía suponer que la puesta en marcha de una megadevaluación con desregulación general de precios en el marco de una economía donde los oligopolios que explotan el mercado doméstico maximizan ganancias en dólares, iba a disparar un salto en cadena de los precios internos que encarecería en dólares la economía local y obligaría a una nueva devaluación para contentar a los exportadores hacia febrero o marzo?

No hay error. La suma del poder público es el marco institucional necesario (autoritario y represivo) para desatar la puja intercapitalista entre las corporaciones locales y extranjeras (hiper) por la apropiación de las rentas extraordinarias que el saqueo del territorio y del trabajo argentino hacen posible.

La dolarización de facto es el capítulo final dirigido a cristalizar un escenario de No Retorno. La eliminación de la moneda, de la política monetaria, la restricción fiscal permanente y la anulación de la política cambiaria, son claves para instaurar una nueva lógica en el funcionamiento económico, social y político que destierre del futuro argentino la posibilidad de un proceso de democratización en igualdad y soberanía.

No hay argumento de ninguna naturaleza que pueda impedir la definición de inconstitucionalidad que el Poder Judicial debiera decidir respecto al DNU y a la Ley Ómnibus. No existe argumento alguno que pueda evitar la responsabilidad del Parlamento para autoconvocarse y rechazar tanto el DNU como la ley Ómnibus.

Rechazo que ya debiera incluir la construcción de mayorías dirigidas a plantear incluso la posibilidad del Juicio Político a una fórmula Presidencial que socava con su propio accionar las condiciones mismas del régimen democrático que les permitió gobernar.

La Jornada Nacional de Lucha, Movilización y Paro Nacional convocada para el próximo 24 es la instancia social y política necesaria para que, en unidad, sin especulaciones y con definiciones precisas, la calle sacuda la modorra institucional y pueda ser capaz de poner un freno a este intento lamentable de robarle el futuro a las argentinas y a los argentinos.