Análisis
Una marcha política dirigida contra los pobres
Queda en la sociedad entender, que la cuestión del poder, no es entre el bien y el mal, sino entre intereses.
Por Ricardo Arturo Salgado, desde Tegucigalpa.
Desde mediados de julio, los sectores conservadores del país, anunciaron que las iglesias evangélica y católica se unieron para convocar una marcha por la Paz y en Defensa de la Democracia en Honduras; la misma tendrá lugar el día 16 de agosto, y las expectativas de los organizadores son muy altas, toda vez que aquí, los movimientos políticos de la oposición fascista han fracasado estrepitosamente en la motivación de las bases sociales a adherir su proyecto anti popular y libertario-mileista.
Han tratado por todos los medios de promover esta como una marcha, sin banderas ni tintes políticos, y quienes decididamente no están invitados son los miembros del Partido Libre en el gobierno, punto desde el cual comenzamos a comprender la verdadera naturaleza de dicho intento de movilización de masas: presionar condiciones de rechazo creciente al gobierno de la República y, de ser posible, removerlo en una revuelta tipo el Maidan en versión reguetón, antes de las elecciones del 30 de noviembre.
Hace unos días, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, atendió un foro televisado, en el medio de comunicación más antigobierno, con contactos fuertes con la Colombia uribista, conducido por el que ellos entienden es su periodista más incisivo. En una pregunta, el conductor pregunta a la candidata: “No cree usted que su discurso genera odio; muchos creen que, con ese mensaje de clase, usted promueve el odio”. Incluso se quejó de las intenciones detrás de la mención de los pobres y los ricos. Cuarenta y ocho horas después, uno de los líderes de la Confraternidad Evangélica, Gerardo Irías, daría la razón a la tesis de la candidata, cuando en una celebración de la palabra, en el medio de una arenga de corte profundamente anticomunista, expresó: “No hay peor error que darle poder a un pobre”.
Pero no los hechos inmediatos, nos indican el compromiso político que existe entre la cúpula eclesiástica y las élites poderosas de Honduras. Recordemos que la fuerza anticlerical más fuerte se da en la etapa morazanista en la tercera y cuarta décadas del siglo XIX. Con el fusilamiento del general Morazán, había triunfado un conservadurismo muy mal educado, por encima del liberalismo, que, aunque resurgió hacia finales de ese mismo siglo, terminaría entregado en los brazos del capital transnacional norteamericano, con la preminencia de los sectores más conservadores, y la fundación de un Partido Liberal de Honduras que rápidamente dejó de ser Liberal muy pronto, llegando a convertirse en el tutti frutti que es hoy, y que representas las ideas más cercanas al fascismo, muy de moda entre la derecha del país.
Si hablamos estructuralmente, las cúpulas eclesiásticas, han acompañado las políticas clasistas como los referentes de dominación ideológica del capital. Existen fracciones de las iglesias entre ricos y pobres, y ya desde los años 60, un país eminentemente católico, ve surgir la teología de la liberación y con ello a curas que deciden por la “opción preferencial por los pobres”, que serían reprimidos, torturados y asesinados durante las décadas siguientes; primero en los gobiernos militares, y luego bajo la dirección de los gobiernos liberales de Suazo Córdova y José Simón Azcona. Vale la pena recordar que, a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, la CIA lanzó un proyecto de “invasión” de iglesias evangélicas, quizá por la fuerte influencia progresista en la Iglesia católica de aquellos años. Las cúpulas eclesiásticas nunca separaron de las directrices de las élites, menos de los dictados de las agencias norteamericanas, como USAID, y juntos crearon el entramado de lo que ellos llaman “sociedad civil”.
Para el golpe de Estado de 2009, las cúpulas religiosas, se alinean para justificar el zarpazo a la siempre incipiente democracia hondureña. Y nuevamente, un sector de las iglesias rechaza categóricamente el accionar de sus dirigentes, y apoya con fuerza al Frente Nacional de Resistencia Nacional, antecedente histórico del Partido Libre. Hablando en términos históricos, la pretensión de que Libre es una fuerza “demoníaca” contra la Iglesia, pues su base de construcción no es cupular como todo en una sociedad dividida en clases, sino, por el contrario, la convergencia de todas las representaciones y diversidades de la sociedad misma, incluidas las religiosas.
Pero hoy vivimos una coyuntura especial, que tiene la construcción, que parece salida del Manual de Gene Sharp. Y la respuesta a las fragilidades de sus dos partidos políticos, las élites se mueven según el libreto, hacia la búsqueda de una convulsión social que encienda una mecha de amplio descontento. La marcha convocada para el día 16 es, de todo punto de vista, política, y forma parte de un perverso plan que las élites, las diez familias que ostentan el 80 % de todo el PIB del país, están financiando.
Es tan evidente el móvil, como claros los actores. En una reunión de organización de la infame marcha, se encontraron en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, representantes de las iglesias, de la sociedad civil y el embajador de Israel. La combinación es un “blend” que deja poco espacio para dudar de qué se trata. Todos los cristianos de Honduras junto al representante del operador de las tareas “sucias” de los Estados Unidos, que ya en el 2009 jugaron un papel nefasto en la represión contra la movilización popular contra el golpe de Estado.
Realmente, no se trata de decidir si se integra o no la marcha, pues su propósito político es claro. No en vano se empeñan en crear una narrativa de que el país está sumido en desesperación e inseguridad, cuando todos los indicadores, aceptados mundialmente demuestran lo contrario. Durante cuatro años han tratado de generar descontento artificialmente, pero la realidad juega en contra de ellos. Las élites no hicieron en ningún instante ni el más mínimo intento de lograr puntos de coincidencia y, en lugar de esto, trataron siempre de marcar al gobierno como enemigo de la creación de puestos de trabajo y de la inversión; y aunque siguen ganando mucho dinero, siguen empeñados en su mundo de mentiras, y ahora apuestan por la primavera catracha en agosto.
La tolerancia del gobierno, por otro lado, deja en plena libertad a las personas a expresarse y creer lo que deseen. Queda en la sociedad entender, que la cuestión del poder, no es entre el bien y el mal, sino entre intereses, y que la marcha del 16 de agosto representa todo lo que está en contra de las mayorías pobres de este nuestro sufrido país.
Análisis
Sin golpe de Estado ni tanques, así se destroza la democracia en el siglo XXI: decretos, lawfare y un Congreso socavado
Un análisis del New York Times advierte que la Corte Suprema de Estados Unidos le arrebata sistemáticamente poder al Congreso, el cuerpo directamente elegido por los ciudadanos. El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos: en Argentina, el gobierno de Javier Milei lo lleva al extremo con una fábrica de decretos que intentan legislar por las espaldas del Parlamento. El DNU 70/23, la Ley Bases, el veto a las universidades y los fallos parciales de la Corte argentina configuran un mismo patrón global: el vaciamiento del poder legislativo.
El Congreso fue diseñado para ser el corazón de la democracia representativa: el lugar donde los ciudadanos, a través de sus representantes elegidos, deciden las leyes que organizan la vida en común. Ese principio, fundacional en cualquier república, está siendo erosionado de manera simultánea en dos de las democracias más antiguas de Ámerica, con métodos distintos pero con el mismo resultado: el vaciamiento del poder legislativo en favor del ejecutivo y del poder judicial, dos poderes que nadie vota.
Un análisis publicado esta semana por el New York Times en su sección de investigación plantea que la Corte Suprema de EEUU, liderada por John Roberts, lleva años despojando sistemáticamente de poder al Congreso norteamericano: restringe la capacidad de las agencias reguladoras de implementar leyes, exige estándares imposibles para las políticas de derechos civiles, limita la delegación de poder a los organismos estatales.
El resultado, según el análisis, es una transferencia gradual y silenciosa de poder hacia un tribunal no electo que se mueve más rápido que el Congreso y tiene menos obligaciones en la estructura constitucional.
El espejo argentino: Milei y la fábrica de Decretos
En Argentina, el fenómeno adopta otra forma pero apunta al mismo destino. Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 y en sus primeros días de gobierno firmó el DNU 70/23, un mega decreto de necesidad y urgencia con más de 300 artículos que desreguló la economía, modificó el régimen laboral y alteró decenas de normas aprobadas por el Congreso, todo ello sin pasar por el Parlamento.
La Constitución argentina establece que los DNU son una herramienta de carácter excepcional, para situaciones de urgencia que impidan el tratamiento legislativo ordinario. Milei los usó como método de gobierno: según datos de Chequeado, en 2025 el libertario dictó 11 DNU, igualando la cantidad de leyes que se promulgaron en el mismo período.
La Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo una medida cautelar que suspendió el capítulo laboral del DNU 70/23. La reforma laboral quedó en suspenso. Pero el resto del decreto siguió vigente, porque la Corte Suprema argentina rechazó sucesivos planteos para obligar al Congreso a tratarlo y declararlo inconstitucional en su totalidad, bajo el argumento de que no había «caso o controversia» suficiente. La Corte falló contra cuatro de los cinco DNU que analizó en los últimos años, pero el DNU de Milei sigue en un limbo jurídico que, en la práctica, lo mantiene vigente.
El veto a las universidades: cuando el ejecutivo dice no al Congreso y a la Justicia
El patrón no se agota en el DNU 70/23. El Congreso argentino aprobó en 2024 una ley de financiamiento universitario que garantizaba recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y disponía actualizaciones salariales para su personal. Milei la vetó. El Congreso ratificó la ley. Milei la ignoró.
En junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligó al gobierno a cumplir con esa Ley, en un fallo que los rectores universitarios celebraron como el final de un proceso largo y difícil. Según representantes universitarios, las transferencias del gobierno a las universidades nacionales registraron una caída del 45,6% entre 2023 y 2026. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, lo sintetizó en una publicación en X: «Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública.»
El escenario se repite en cada conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso: el gobierno desconoce o veta las leyes que no le gustan, impulsa reformas estructurales mediante decretos que evitan el debate parlamentario, y espera que la Corte tarde años en resolver, como ocurrió con el DNU de Macri sobre el que el máximo tribunal recién se pronunció siete años después de firmado. La lentitud judicial se convierte así en un instrumento político: el decreto funciona mientras la Corte no lo invalida.
Un fenómeno global: del Congreso de papel a la democracia de papel
El paralelo entre el análisis del NYT sobre EEUU y la Era Milei no es casual ni superficial. Responde a una tendencia global que politólogos y constitucionalistas vienen documentando desde hace años bajo el nombre de «retroceso democrático» o «erosión democrática»: la democracia no muere de un golpe, sino que se vacía lentamente, cuando las instituciones formales siguen en pie pero pierden su contenido real. El Congreso existe pero no legisla; la Corte existe pero tarda o esquiva; el presidente gobierna por decreto y el Congreso aprobado por el voto popular queda reducido a un sello.
En EEUU, la Corte Suprema de mayoría conservadora, designada en buena medida por Trump durante su primer mandato, avanzó en años recientes sobre el derecho al aborto (revertiendo Roe v. Wade), sobre la regulación ambiental (limitando la capacidad de la EPA), sobre la autonomía de las agencias independientes (restringiendo el poder de la FTC) y sobre la inmunidad presidencial (otorgándosela a Trump en un fallo sin precedentes en la historia del país). Cada uno de esos fallos recortó el poder del Congreso para regular, proteger y legislar, y lo transfirió a un tribunal no electo cuyos miembros tienen cargos vitalicios.
En Argentina, el proceso tiene su propia especificidad: aquí el vaciamiento lo lidera el Ejecutivo, que gobierna por Decreto y asfixia presupuestariamente todo aquello que el Congreso aprobó, desde las universidades hasta la Línea 144, desde los programas sociales hasta las transferencias a provincias. La Corte oscila entre frenar algunos excesos (universidades, reforma laboral) y dejar pasar otros (el DNU 70/23 en su conjunto). El resultado es una democracia que funciona en sus formas pero pierde sustancia en su contenido.
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