Organizaciones de proteccionistas de animales, junto a representantes de las Comunas de Unión por la Patria, presentaron un amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en demanda del cumplimiento de una Ley, sancionada en 2012, que dispone la instalación de 15 centros de atención veterinaria en el distrito porteño.

El recurso recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 24, a cargo de Darío Reynoso, y fue impulsado por la Fundación por el Derecho de los Animales No Humanos, la asociación Callejeritos de Flores para la Defensa de Perros y Gatos en Estado de Abandono y los comuneros de Nayla Loitegui, Pablo Ortiz Maldonado, Leonardo Lucchese y Julián Cappa.

En el escrito, los amparistas reclamaron que “se cumpla efectivamente la Ley 4.351, cuyo objeto es el control poblacional y sanidad de canes y felinos domésticos y domésticos callejeros” y estipula también la construcción de los centros de atención veterinaria en cada una de las 15 Comunas porteñas.

Además, solicitaron que “cautelarmente se cree una mesa de diálogo entre las autoridades del Gobierno de la Ciudad y los actores involucrados, para que en un plazo de 180 días eleve un informe de diagnóstico y propuestas urgentes”.

Mary Antúnez, de la Fundación por el Derecho de los Animales No Humanos aseguró que “a más de diez años de la sanción de la ley, con presupuesto e infraestructura asignadas, no se cumple”.

La ley aludida tiene por meta el control poblacional de canes y felinos domésticos y domésticos callejeros, como también la sanidad, por ello impulsa los centros para “la vacunación antirrábica, guardia, la atención ambulatoria, la realización de tratamientos antisárnicos, esterilización, desparasitación y otras patologías de baja y mediana complejidad”.

Según los amparistas de acuerdo a datos oficiales brindados por el Gobierno porteño, existen ocho centros móviles de atención veterinaria y menciona dos puntos fijos en la Costanera Sur y en el Parque Indoamericano de Villa Soldati.

“El incumplimiento de la creación de los Centros de Atención Veterinaria Comunal que establece la norma, y las dificultades en la obtención de turnos en los centros móviles, representa un serio problema para quienes no pueden tener acceso a la atención privada veterinaria y dejan en estado de vulneración a los animales que no pueden tener la atención sanitaria correspondiente”, señalaron en la presentación.

Y destacaron que “el cumplimiento efectivo de la Ley busca garantizar el derecho a la salud de las personas que habitan la Ciudad, tendiendo a evitar la proliferación de enfermedades zoonóticas y la disminución de la cantidad de niños, niñas y adolescentes con parasitosis a causa del contacto con animales que no tenido ningún tipo de intervención veterinaria”.