CABA
García Moritán fue denunciado por contratar 384 “ñoquis”
En áreas específicas, se habrían designado más de 30 empleados en un solo día, lo que incrementó el gasto del ministerio en más de 300 millones mensuales.
Un abogado, Fernando Miguez, presentó este viernes una denuncia contra Roberto García Moritán, actual Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, por presunta contratación irregular de 384 empleados en su cartera.
La denuncia, que fue sorteada en el Juzgado Federal 1 a cargo de la jueza María Servini, también incluye acusaciones por supuestas irregularidades en la contratación de proveedores y eventos, así como en el manejo de fundaciones y la recepción de donaciones de diversas empresas.
Las Acusaciones
Según la denuncia presentada por Miguez, quien es miembro de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, García Moritán habría nombrado a 384 personas en un período de seis meses, con sueldos superiores a $1.000.000, sin que sus puestos fueran imprescindibles o con funciones justificadas.
Además, en áreas específicas, se habrían designado más de 30 empleados en un solo día, lo que incrementó el gasto del ministerio en más de 300 millones mensuales.
El denunciante también solicitó que se adopten medidas de prueba, como la solicitud de información a organismos de control para investigar posibles movimientos financieros inusuales o transferencias internacionales relacionadas con el ministro.
Investigación por Malversación de Fondos Públicos
Miguez acusó a García Moritán de malversación de caudales públicos y peculado, delitos relacionados con el manejo indebido de fondos públicos. Según el abogado, las contrataciones y gastos en el ministerio que conduce el empresario podrían estar violando la normativa sobre la gestión de recursos del Estado.
El caso ahora está en manos de la jueza María Servini, quien deberá decidir si abre una investigación formal para verificar la veracidad de las acusaciones.
CABA
“Basta de trabajadores detenidos por protestar”: CGT y CTA salieron a bancar a los metrodelegados
Las centrales obreras, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y gremios como ATE repudiaron la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Coincidieron en que el Gobierno porteño de Jorge Macri responde con policía y fiscales a un reclamo laboral, y en que criminalizar la protesta vulnera la libertad sindical.
“Basta de trabajadores detenidos por protestar”. Con ese reclamo, la CGT salió a plantarse frente a una detención que el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos leen como un avance directo sobre la libertad sindical, y exigió la liberación inmediata de dos delegados del subte porteño.
Los detenidos son Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), arrestados por la Policía de la Ciudad durante una medida de protesta sindical. La central obrera señaló a la fiscal Celsa Ramírez como quien instrumentó las detenciones y las calificó como “arbitrarias e injustificadas”.
El repudio de la CGT y las CTA
En su comunicado, la CGT sostuvo que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical”. Agregó que se trata de un hecho de “extrema gravedad” que “no puede naturalizarse en una democracia”.
La central recordó que el reclamo de los trabajadores del subte apunta a la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas que les corresponden y a una sanción que consideran injusta contra un compañero. “Son reclamos legítimos de la clase trabajadora”, afirmó, y responsabilizó a la empresa y al Gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto. También señaló que la libertad sindical está garantizada por la Constitución Nacional y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma emitieron comunicados propios y exigieron la liberación de los delegados. La CTA Autónoma denunció “el ejercicio de la criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales de Jorge Macri”, mientras que la CTA de los Trabajadores sostuvo que “la persecución y la represión a quienes defienden la dignidad laboral no son el camino para la resolución de los conflictos gremiales”.
Derechos humanos y estatales se suman al reclamo
La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integrada, entre otras entidades, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó su “total repudio”. Denunció un hecho “ilegal y arbitrario” y advirtió que “la protesta es un derecho humano reconocido constitucionalmente que debe ser respetado sin condicionamientos ni exclusiones de ningún tipo”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la detención como ilegal y dijo que los delegados fueron arrestados “en medio de una protesta pacífica”. Sostuvo que se vulnera el derecho constitucional a la huelga y cerró con una consigna: “Luchar no es delito”. También se pronunciaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CELS e H.I.J.O.S. Capital.
Un Gobierno porteño que responde con el Código Penal
Las detenciones fueron respaldadas por el propio jefe de Gobierno porteño. Jorge Macri sostuvo este martes que “el que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas” y habló de “extorsiones mafiosas”, mientras el servicio de subte y Premetro permanecía paralizado. El mensaje convirtió un conflicto laboral en un asunto de “ley y orden”, sin una sola referencia al reclamo de fondo.
No es la primera vez. En junio de 2024, tras un paro escalonado motivado por la suspensión de Dellecarbonara por parte de Emova, el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a la AGTSyP y Macri habló de “toma de rehenes”. La receta se repite: ante el conflicto gremial, denuncia penal y policía antes que negociación.
Según trascendió, el delegado Néstor Segovia fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y quedó en libertad. Los demás detenidos, acusados de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del trabajo policial, esperaban en el Centro de Alojamiento de Detenidos de Chacarita lo que dispusiera la Fiscalía, y debían enfrentar la audiencia de intimación de los hechos el miércoles 21 de octubre.
Lo que tenés que saber:
- La CGT repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y exigió su liberación inmediata.
- La CGT señaló a la fiscal Celsa Ramírez como instrumentadora de los arrestos.
- La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, ATE, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos se sumaron al repudio.
- Jorge Macri respaldó las detenciones: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”.
- Según trascendió, Segovia fue liberado y los demás detenidos debían enfrentar una audiencia de intimación el miércoles 21 de octubre.
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