CABA
Sobrevivientes del derrumbe de Floresta reclaman una solución habitacional
El derrumbe, que causó la muerte de un joven de 19 años y una niña de 12 junto con 15 personas heridas que fueron trasladadas a diferentes centros de Salud porteños, se produjo ayer a la madrugada.
Sobrevivientes del derrumbe de la vivienda en el barrio porteño de Floresta, en el que murieron dos personas y una permanece desaparecida, rechazaron el subsidio que ofreció el Gobierno porteño y pidieron una solución habitacional a largo plazo, mientras algunas familias acampan al lado del predio a la espera de poder recuperar algunas de sus pertenencias y obtener una respuesta oficial.
«El Gobierno de la Ciudad nos ofreció un subsidio de 22 mil pesos por tres meses, hay personas que han perdido todo, ¿qué vamos a alquilar con eso?, no alcanza ni para comprar la ropa que está adentro, y no lo aceptamos porque estamos decidiendo qué hacer, hay 30 chicos que se quedaron sin hogar», dijo Elio, el tío de la niña de 12 años fallecida ayer en la vivienda que se derrumbó en Floresta, en una reunión que realizaban esta mañana al lado de la casa derrumbada entre las familias sobrevivientes.
El derrumbe, que causó la muerte de un joven de 19 años y una niña de 12 junto con 15 personas heridas que fueron trasladadas a diferentes centros de Salud porteños, se produjo ayer a la madrugada en un inmueble tipo PH situado en Rivadavia al 8758, esquina Lacarra, en el que vivían al menos 30 familias, que perdieron sus hogares.
Tras acampar desde anoche al lado de la propiedad, con colchones y mantas, los sobrevivientes del derrumbe contaron que tienen conformada una cooperativa de vivienda y hace diez años reclaman que se les reconozca algún poder legal sobre la misma, en la que viven desde hace veinte años y por la que pagan servicios e impuestos.
«Ya tenemos formada la cooperativa de vivienda, hay unos nietos del supuesto dueño de la propiedad y tenemos un juicio para pedir la propiedad desde hace diez años, queremos que se reivindique que nosotros somos quienes pagamos durante 15 años los impuestos y servicios de la propiedad, pero pasan los años y archivan el pedido», indicó a Télam Elio, quien refirió que los datos de la cooperativa y donde cursa el reclamo por la propiedad cursa en una Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, y que los papeles que acreditan todo se encuentran junto con sus pertenencias adentro de la vivienda.
Otra vecina, quien no quiso dar su nombre, consideró la posibilidad de reclamar al Gobierno porteño que «la vuelvan a construir, porque si no ingresamos a una lista eterna del Instituto de la Vivienda y mientras tanto nos quedamos sin nada».
En tanto, Elio contó que ayer los llevaron al refugio de la calle Uspallata.
«Hoy ni siquiera dieron el desayuno a nadie y no quisieron traerlos para acá a quienes querían venir a ver sus cosas; tuvieron que venir caminando porque no tienen ni SUBE o documentos, por eso, pedimos que nos saquen las cosas que quedaron en la parte del frente que no se destruyó», aclaró el hombre.
Y agregó: «Queremos que respeten esa cooperativa, una mesa de diálogo para que nos puedan resolver el problema habitacional y todo lo que perdimos».
Otro damnificado dijo: «No queremos que nos regalen nada, que nos den una propiedad y la pagamos en 10 o 15 años, somos trabajadores, o que nos reubiquen y pagamos el alquiler».
Elio contó que las familias estaban realizando arreglos en el sótano de la vivienda.
«La mantuvimos bien arreglada y pintada, haciendo todo lo que podíamos pero desconocíamos que se podía derrumbar, y eso ha sido porque ninguna persona del Gobierno de la Ciudad verificó la propiedad para saber si estaba a punto de caerse, eso se fue carcomiendo por dentro», explicó.
Personal de Defensoría del Pueblo de la Ciudad, del BAP y otras organizaciones políticas y sociales se acercaron para apoyar a las familias sobrevivientes y también la legisladora porteña por el Frente de Todos, Victoria Montenegro.
«Si ustedes tienen conformada una cooperativa y quieren avanzar con un pedido del terreno, se puede hacer un proyecto de ley, pero hay que ordenar lo que hay, saber cuál es la cooperativa, en qué situación está, pedir el catastro de la propiedad y su situación legal», apuntó la legisladora quien acudió a apoyar a los sobrevivientes y sus reclamos.
Además, Montenegro remarcó que pedirán informes «para saber cuál fue la respuesta que dio el Gobierno de la Ciudad, cuál es la falla y cómo podemos fortalecerlo, pero acá también el problema es que hay muchísimos niños, son 30, y no pueden estar en la calle».
En tanto, personal que acompañaba a la funcionaria, indicó que «los funcionarios de Ciudad me dijeron que les iban a dar el subsidio de emergencia, que es un monto más importante que el de 22.000 pesos mensuales».
Al respecto, les informó a las familias que el Gobierno de la Ciudad debería como mínimo «garantizar un subsidio a la totalidad de las familias en un lugar cercano a la zona, para que los chicos y chicas puedan mantener su vida como la venían sosteniendo».
Mientras les informaban que a los sobrevivientes que el Registro Nacional de las Personas se encontraba para continuar con la confección de sus DNI, les contaron que a través del predio del espacio de la memoria, excentro clandestino El Olimpo y ahí mismo, ya estaban recibiendo donaciones de muchas personas e instituciones escolares porteñas, que se solidarizaron de inmediato.
Personal del BAP del ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat señaló a Télam que les trajeron abrigo, desayuno, mochilas, ropa y guardapolvos a los chicos y chicas para que pudieran acudir a la escuela.
Mientras, continuaban los trabajos de búsqueda de Felicitas Cherres, de 72 años, cuya familia cree que podría encontrarse en los escombros.
La zona continúa cortada y vallada con personal policial, Bomberos y Defensa Civil, a la espera de la llegada de la grúa, para poder ingresar y realizar una búsqueda más intensa de la mujer.
CABA
Asesoramiento contable gratis en la UBA: charlas y horarios de la jornada del 30 de septiembre
La Facultad de Ciencias Económicas abrirá sus puertas el miércoles 30 con asesoramiento contable, charlas sobre deudas, sueldos y ciberestafas. Es una jornada de visibilización por la Ley de Financiamiento Universitario, justo cuando vence la intimación judicial al Gobierno para cumplirla.
Mientras el Gobierno nacional se resiste a pagar lo que ordena una ley votada dos veces por el Congreso, la universidad pública vuelve a hacer lo que mejor sabe: poner su conocimiento al servicio de la comunidad. El miércoles 30 de septiembre, el mismo día en que vence el plazo judicial para que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA ofrecerá asesoramiento y capacitaciones gratuitas a vecinos, trabajadores y emprendedores.
La jornada extraordinaria de visibilización se realizará entre las 9 y las 19 en la sede de la Facultad, en avenida Córdoba 2122, en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la casa de estudios, la propuesta combina stands permanentes con una agenda de charlas breves destinadas a estudiantes, trabajadores, emprendedores, personas mayores y público en general, en el marco del reclamo de las universidades para que el Gobierno aplique la Ley 27.795.
Asesoramiento para la economía de todos los días
Durante toda la jornada, el Centro de Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios (CEGEPYN) brindará asesoramiento continuo y personalizado sobre economía personal y gestión de pequeños negocios y emprendimientos. La idea es acercar herramientas concretas a quienes sostienen actividades económicas de pequeña escala en un contexto de fuerte deterioro del consumo y del empleo.
La Secretaría de Responsabilidad Social, Emprendedores e Innovación (SERSEI) tendrá un espacio para visibilizar y acompañar iniciativas emprendedoras. También funcionará un servicio de orientación sobre la oferta académica de grado y de diplomaturas, y el Centro Cultural Sábato desarrollará actividades, funciones y muestras abiertas a toda la comunidad.
Deudas, sueldos y ciberestafas: el cronograma de charlas
En paralelo, en el Aula 16 (planta baja del Edificio Histórico) se dictará un ciclo de capacitaciones prácticas pensadas para situaciones cotidianas. Los temas elegidos funcionan casi como un mapa de las urgencias que atraviesan hoy los hogares:
- 9.30: Claves para cumplir con las obligaciones fiscales del trabajo independiente, a cargo del contador Rodrigo Campilay.
- 11: Entender mi recibo de sueldo, una guía para interpretar aportes, descuentos, derechos y obligaciones, a cargo de la contadora Mariela Callejas.
- 13.30: Ciberestafas, cómo reconocerlas y protegerse, a cargo del doctor Arturo Pozzali.
- 15: Tu CV como puerta de entrada al mercado laboral, a cargo de las licenciadas Luciana Zeballos y Tatiana Spadafore.
- 16: Billeteras virtuales sin vueltas, claves para usarlas de forma segura, a cargo de la licenciada Candela de Luca Pino.
- 17.30: Deudas bajo control, herramientas para abordar el endeudamiento y la morosidad, a cargo de los licenciados Ezequiel Gutierrez y Candela de Luca Pino.
Que una facultad pública dedique una tarde a enseñar cómo ordenar deudas y cómo armar un currículum dice mucho sobre el país que dejó el ajuste. Son saberes que la universidad produce con recursos que el propio Gobierno le niega.
Una ley vigente que el Gobierno no cumple
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, vetada por Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras al rechazar el veto. Sin embargo, el Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, que suspendió su aplicación hasta que el Parlamento determinara las fuentes de financiamiento. La UBA calificó esa maniobra como «un fraude constitucional» y llevó el caso a la Justicia.
El 1 de septiembre, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a una medida cautelar de la UBA y ordenó al Gobierno cumplir «de forma inmediata» con los artículos 4, 5, 6 y 7 de la ley, que contemplan gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En su fallo, el magistrado sostuvo que el proceso legislativo «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley» y estimó el impacto fiscal de la medida en el 0,23% del PBI, una cifra que, según escribió, «representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública».
Ante la falta de respuesta, Cormick volvió a intervenir el 22 de septiembre: concluyó que «no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos», intimó al Estado a cumplir en cinco días y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora. El Gobierno había intentado que la cautelar se levantara con el argumento de los acuerdos paritarios firmados durante el año, pero el juez rechazó ese planteo.
La secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes de la UBA, Laura Carboni, explicó en diálogo con una radio riojana que el Gobierno deberá cumplir con la totalidad de la medida antes del miércoles 30 de septiembre. «Es una muy buena noticia después de un año de batallar para que este gobierno finalmente pague lo que tiene que pagar», sostuvo, y precisó que el reclamo incluye la actualización salarial docente, el financiamiento de universidades y hospitales universitarios y el aumento de las becas estudiantiles.
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