Vecinos de la «Casa Santa Cruz 140» y organizaciones marcharon al Obelisco para reclamar que se les brinde una solución habitacional a las 350 personas que viven hace más de 20 años en la exfábrica del barrio de Parque Patricios, frente al desalojo previsto para el 31 de octubre que según la cartera de Seguridad porteña puede implicar “una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años”.

“Informamos sobre una nueva resolución del juez (Fernando Cesari), en la que notificó que no se suspende el desalojo, que indefectiblemente empieza el 31 de octubre”, dijo a Télam Rosa Herrera, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que patrocina a las familias que se reunieron en el Obelisco para escuchar las novedades de la situación.

Según la resolución dictada por el juez Cesari, el desalojo puede ser de forma “escalonada” y se autorizó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”, de considerarlo necesario.

La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña ante el asesor tutelar de la justicia porteña, Gustavo Moreno.

En ella, la cartera de Seguridad advirtió que “la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años” debido a “la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión”.

Además consideró que “llevar adelante la medida afectaría la seguridad general de la Ciudad” debido a que se emplearían mil efectivos de la policía local.

“No se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan, toda vez que no es esperable que sea un desalojo pacífico por el tiempo que llevan habitando las familias y por observarse cierta politización del espacio usurpado, sumado a la traumática situación que representa la cantidad de menores que se relevaron”, detalla la nota.

El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo, en la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado Civil N° 60.

«Se pretende desalojar a 350 personas, de las cuales en su mayoría son jefas de hogar, niños y adolescentes. Hace 20 años que viven allí, es una fábrica que había cerrado por una quiebra y en una subasta pública la compró un señor con la gente adentro. La Ciudad sabe de esta situación y no garantiza el derecho a la vivienda de la gente», dijo Herrera.

La letrada informó que presentaron un amparo en el Juzgado del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 17, secretaría 34, de la Ciudad de Buenos Aires para “garantizar la vivienda digna de las familias”, pero el juez Marcelo Segon «aún no se expidió de forma definitiva sobre el tema».

“El Poder Judicial es funcional a los negocios inmobiliarios, a la expulsión de las familias de trabajadores de Parque Patricios donde ya tienen su entramado social”, aseguró Herrera.

El edificio ubicado en Santa Cruz 140 era anteriormente “la fábrica Selsa, que en su momento era la fábrica de toallas más grande de Sudamérica, y en los ‘90 quebró”, dijo a Télam Jorge Abasto, referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, que acompaña la lucha de las familias.

«Se pretende desalojar a 350 personas, de las cuales en su mayoría son jefas de hogar, niños y adolescentes. Hace 20 años que viven allí, es una fábrica que había cerrado por una quiebra y en una subasta pública la compró un señor con la gente adentro. La Ciudad sabe de esta situación y no garantiza el derecho a la vivienda de la gente»

Se trata de un ex complejo fabril de seis pisos y dos manzanas, cuya unidad funcional N° 15 “fue ocupada como lugar de vivienda por familias, algunas de ellas que inicialmente tenían relación con los trabajadores del lugar y después otras que se fueron sumando”, detalló Abasto.

“El lugar fue arreglado y mejorado por la gente. En su momento era inhabitable, un basural”, subrayó.

En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarlo, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue comprado por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.

“Las familias tienen voluntad de regularizar su situación, de pagar cuotas. Con la cooperativa que conformaron están intentando acceder a alguna solución definitiva en otro lado, comprar tierras y construir, pero hasta ahora tampoco eso se ha logrado. No hay una propuesta sólida del Estado como para poder avanzar en esa dirección”, concluyó Abasto.