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Amnistía Internacional pidió información al Gobierno porteño sobre la entrega de vacunas al sector privado

La solicitud surge a partir de la denuncia penal e imputación del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, en el marco de la investigación por la «privatización» de la campaña de vacunación en la Ciudad.

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La solicitud surge a partir de la denuncia penal e imputación del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, en el marco de la investigación de una supuesta «privatización» de la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.

Amnistía Internacional realizó un pedido de información al Ministerio de Salud porteño, a cargo de Fernán Quirós, a fin de «conocer mayores detalles sobre la asignación de dosis de vacunas contra el coronavirus a entidades privadas de salud», tras la denuncia penal presentada ante la justicia para que se investigue una supuesta «privatización» del sistema vacunatorio en el distrito.

«La igualdad y no discriminación deben ser el eje de toda respuesta a la pandemia», explicó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en un comunicado, en el que remarcó que «la situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el Covid-19».

Por este motivo, consignó que «Amnistía Internacional requirió mayor información a las autoridades porteñas, para monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar al Covid-19 sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios».

La organización enfatizó además que «los Estados deben garantizar el acceso a la inmunización sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la sociedad». «En la Argentina y el mundo, Amnistía Internacional viene señalando las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna del Covid-19 a efectos de garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su quiénes sean o cuánto puedan pagar», recordó la ONG.

En el mismo sentido, insistió con que «la pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas». «Los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella», alertó Belski.

Amnistía Internacional solicitó información «a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires sobre los convenios firmados con las entidades de la salud privada para la implementación de la vacunación contra Covid-19», así como «detalles sobre la cantidad de dosis recibidas por la jurisdicción y cuántas fueron distribuidas a cada centro de salud». En ese sentido, se pidió detalles sobre «los criterios para la asignación (de dosis de vacunas) a establecimientos públicos y privados».

Por otra parte, se requirió precisiones «sobre el sistema de turnos para la vacunación contra el Covid-19 tanto el sistema público como privado de salud, indicando quiénes acceden a ella, a través de qué plataformas y cuáles son los criterios para la asignación de las dosis a cada persona».

Finalmente, se pidió información sobre la existencia de un «mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

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La Justicia suspendió el desalojo de la sinagoga de Flores pero el conflicto sigue abierto

El Juzgado Civil N° 99 ordenó frenar el operativo policial horas después de su inicio. La disputa entre dos sectores de la Comunidad Israelita Ortodoxa por el templo de Helguera al 270 no tiene resolución a la vista.

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Operativo suspendido, templo en disputa: el choque judicial que divide a la comunidad judía en Flores.

La Justicia dio marcha atrás. El operativo de desalojo que se desarrollaba este lunes por la mañana en una sinagoga del barrio porteño de Flores quedó suspendido por orden del propio tribunal que lo había dispuesto. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del doctor Camilo Jorge Almeida Pons, emitió la medida de frenado horas después de que la Policía de la Ciudad comenzara a ejecutar la resolución en el inmueble de la calle Helguera al 270 (expediente N° 65521/2026). El conflicto de fondo, una disputa civil entre dos sectores de la misma comunidad judía, permanece sin solución.

El operativo y la resistencia de los fieles

El procedimiento se había iniciado en las primeras horas del lunes como consecuencia de un fallo civil que habilitó a uno de los grupos litigantes, la Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil, a recuperar la posesión del inmueble. El otro sector, que ocupa el templo, se negó a retirarse. Cuando el Oficial de Justicia llegó al lugar se encontró con un grupo de fieles en pleno rezo que rechazó abandonar el edificio.

Ante esa situación, el Oficial de Justicia negoció en el lugar y acordó conceder un tiempo prudencial para que los rezos concluyeran antes de avanzar con el desalojo. Sin embargo, horas después el juzgado resolvió directamente suspender el procedimiento policial, sin que trascendieran los fundamentos de esa decisión ni si medió alguna presentación judicial de última hora por parte de los ocupantes.

Una fractura interna que escala a los tribunales

El origen del enfrentamiento es una disputa entre dos facciones de la comunidad por el control y la titularidad del templo. Uno de los sectores inició acciones judiciales y obtuvo un fallo favorable; el otro se resiste a acatarlo. Esa brecha interna, que en principio es una cuestión civil entre privados, derivó en un operativo policial con la calle Helguera cortada al tránsito y cuatro patrulleros desplegados en el lugar, una imagen inusual para un barrio con arraigo histórico en la comunidad judía porteña.

La suspensión judicial del operativo no implica la resolución del litigio. El conflicto por la posesión del inmueble sigue abierto en los tribunales, y el juzgado deberá definir los próximos pasos procesales. Mientras tanto, la situación dentro del templo permanece sin modificaciones.

Puntos clave

  • El Juzgado Civil N° 99 (expediente 65521/2026) suspendió el operativo de desalojo horas después de su inicio.
  • El inmueble en disputa está ubicado en Helguera al 270, en el barrio de Flores.
  • La Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil obtuvo el fallo favorable pero el otro sector se niega a desalojar.
  • El Oficial de Justicia había acordado un plazo para que concluyan los rezos antes de que la Justicia frenara todo el procedimiento.
  • El conflicto de fondo, una disputa civil por la titularidad del templo, no tiene resolución a la vista.
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