CABA
Amnistía Internacional pidió información al Gobierno porteño sobre la entrega de vacunas al sector privado
La solicitud surge a partir de la denuncia penal e imputación del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, en el marco de la investigación por la «privatización» de la campaña de vacunación en la Ciudad.
La solicitud surge a partir de la denuncia penal e imputación del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, en el marco de la investigación de una supuesta «privatización» de la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.
Amnistía Internacional realizó un pedido de información al Ministerio de Salud porteño, a cargo de Fernán Quirós, a fin de «conocer mayores detalles sobre la asignación de dosis de vacunas contra el coronavirus a entidades privadas de salud», tras la denuncia penal presentada ante la justicia para que se investigue una supuesta «privatización» del sistema vacunatorio en el distrito.
«La igualdad y no discriminación deben ser el eje de toda respuesta a la pandemia», explicó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en un comunicado, en el que remarcó que «la situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el Covid-19».
Por este motivo, consignó que «Amnistía Internacional requirió mayor información a las autoridades porteñas, para monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar al Covid-19 sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios».
La organización enfatizó además que «los Estados deben garantizar el acceso a la inmunización sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la sociedad». «En la Argentina y el mundo, Amnistía Internacional viene señalando las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna del Covid-19 a efectos de garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su quiénes sean o cuánto puedan pagar», recordó la ONG.
En el mismo sentido, insistió con que «la pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas». «Los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella», alertó Belski.
Amnistía Internacional solicitó información «a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires sobre los convenios firmados con las entidades de la salud privada para la implementación de la vacunación contra Covid-19», así como «detalles sobre la cantidad de dosis recibidas por la jurisdicción y cuántas fueron distribuidas a cada centro de salud». En ese sentido, se pidió detalles sobre «los criterios para la asignación (de dosis de vacunas) a establecimientos públicos y privados».
Por otra parte, se requirió precisiones «sobre el sistema de turnos para la vacunación contra el Covid-19 tanto el sistema público como privado de salud, indicando quiénes acceden a ella, a través de qué plataformas y cuáles son los criterios para la asignación de las dosis a cada persona».
Finalmente, se pidió información sobre la existencia de un «mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
CABA
Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes
La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.
Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.
La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.
Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»
Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.
El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.
Qué reclaman los trabajadores
El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:
- El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
- El cambio de las flotas contaminadas.
- La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
- La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.
Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».
La respuesta de Emova y del Gobierno porteño
Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».
El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.
La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.
Un conflicto que se arrastra desde 2018
El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.
El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.
Lo que tenés que saber
- La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
- La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
- El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
- Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
- El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.
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