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Amnistía Internacional pidió información al Gobierno porteño sobre la entrega de vacunas al sector privado

La solicitud surge a partir de la denuncia penal e imputación del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, en el marco de la investigación por la «privatización» de la campaña de vacunación en la Ciudad.

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La solicitud surge a partir de la denuncia penal e imputación del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, en el marco de la investigación de una supuesta «privatización» de la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.

Amnistía Internacional realizó un pedido de información al Ministerio de Salud porteño, a cargo de Fernán Quirós, a fin de «conocer mayores detalles sobre la asignación de dosis de vacunas contra el coronavirus a entidades privadas de salud», tras la denuncia penal presentada ante la justicia para que se investigue una supuesta «privatización» del sistema vacunatorio en el distrito.

«La igualdad y no discriminación deben ser el eje de toda respuesta a la pandemia», explicó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en un comunicado, en el que remarcó que «la situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el Covid-19».

Por este motivo, consignó que «Amnistía Internacional requirió mayor información a las autoridades porteñas, para monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar al Covid-19 sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios».

La organización enfatizó además que «los Estados deben garantizar el acceso a la inmunización sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la sociedad». «En la Argentina y el mundo, Amnistía Internacional viene señalando las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna del Covid-19 a efectos de garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su quiénes sean o cuánto puedan pagar», recordó la ONG.

En el mismo sentido, insistió con que «la pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas». «Los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella», alertó Belski.

Amnistía Internacional solicitó información «a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires sobre los convenios firmados con las entidades de la salud privada para la implementación de la vacunación contra Covid-19», así como «detalles sobre la cantidad de dosis recibidas por la jurisdicción y cuántas fueron distribuidas a cada centro de salud». En ese sentido, se pidió detalles sobre «los criterios para la asignación (de dosis de vacunas) a establecimientos públicos y privados».

Por otra parte, se requirió precisiones «sobre el sistema de turnos para la vacunación contra el Covid-19 tanto el sistema público como privado de salud, indicando quiénes acceden a ella, a través de qué plataformas y cuáles son los criterios para la asignación de las dosis a cada persona».

Finalmente, se pidió información sobre la existencia de un «mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

AMBA

Operativo Tormenta Negra en CABA: 1.500 policías, 11 allanamientos y 4 búnkeres narco

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de **Javier Milei**, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera el narcotrafico en los barrios.

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Blindados, helicópteros y cuatro búnkeres: el narcotráfico sigue en pie en los barrios que el Estado abandona

El megaoperativo antinarco desplegado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires intervino simultáneamente en seis barrios vulnerables. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitoreó el procedimiento desde Villa Lugano en un contexto de creciente conflictividad social y precariedad estatal en los territorios.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el denominado Operativo Tormenta Negra, un procedimiento antinarco de gran escala que movilizó a 1.500 efectivos y desplegó 11 allanamientos simultáneos en distintos barrios populares de la Capital Federal. La acción permitió identificar al menos cuatro búnkeres de venta de drogas en los barrios 31, 1.11.14, 20, Villa Zabaleta, Fraga y Villa 15.

Un Estado que llega armado

El operativo incluyó la participación de la Guardia de Infantería, vehículos blindados modelo Fénix y un helicóptero que sobrevoló las zonas intervenidas. Como parte de las acciones, se procedió a la remoción de automóviles abandonados en la vía pública que, según las fuerzas de seguridad, eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el procedimiento desde Villa Lugano, en un año marcado por las tensiones con el gobierno nacional sobre el reparto de responsabilidades en el territorio metropolitano.

Estrategia sorpresa en barrios históricamente abandonados

La estrategia del operativo se basó en el factor sorpresa, con el objetivo de desarticular las bandas narco sin darles tiempo de reacción. El procedimiento se inscribió además en una jornada de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en continuidad con el megaoperativo ejecutado el día anterior en Fuerte Apache, donde más de 500 efectivos intervinieron para desarticular dos bandas narco.

Lo que los comunicados oficiales presentan como «pacificación» y «recuperación del espacio público» no resuelve, sin embargo, las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en los barrios populares: la desocupación, el hacinamiento, el desfinanciamiento de políticas sociales y la ausencia de infraestructura básica en comunidades que concentran las peores condiciones habitacionales de la ciudad.

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de Javier Milei, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera la economía ilegal.

Barrios bajo la lupa, barrios sin soluciones de fondo

El Barrio 31, también conocido como Barrio Mugica, es emblemático de la contradicción entre la intervención policial puntual y la política de integración urbana inconclusa. Las promesas de urbanización avanzaron a distintas velocidades según la gestión de turno, pero el acceso a servicios básicos, la salud, la educación y el trabajo formal siguen siendo deudas pendientes para miles de familias que habitan esos territorios.

La pregunta que los operativos espectaculares no responden es siempre la misma: ¿qué Estado aguarda a los vecinos de estos barrios después de que se retiran los blindados?

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