CABA
Costanera: Larreta hará un “relleno ilegal” para mantener su negocio inmobiliario
Expertos lo calificaron de “delito urbanístico”.
Organizaciones advirtieron este viernes que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hará un «relleno ilegal» en la Costanera Norte del Río de la Plata para construir el «Parque Costero BA», el cual costará al menos 2600 millones de pesos y tiene como objetivo mantener privatizadas tierras de la ribera porteña que son públicas.
Así lo manifestaron en una audiencia pública que realizó de manera virtual la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.
«Rellenar el río para compensar tierras privatizadas es un delirio urbanístico», dijo Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y agregó que el Plan Urbano Ambiental de la ciudad de Buenos Aires establece que «no se puede seguir modificando el perfil costero».
Luego, consideró que sería «muy sencillo recuperar tierras cuyas concesiones están vencidas o a punto de vencer», en vez de renovar su privatización.
Por otra parte, lamentó que la audiencia pública para escuchar la opinión de la ciudadanía se realice cuando la licitación de la obra «ya está en marcha».
Y añadió que en el Boletín Oficial de la ciudad «ya se publicaron las ofertas de tres empresas» para construir este parque por montos de «entre 2.600 y 2.900 millones de pesos», que «todos los ciudadanos porteños tendrán que pagar».
De acuerdo a lo anunciado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el «Parque Costero BA» será una «playa pública para seis mil personas» que se instalará sobre tierras ganadas al río con cemento, sobre el cual se colocará arena.
Esta playa estará ubicada entre el complejo privado «Parque Norte» y el espacio público llamado «Parque Deportivo» o «Saint Tropez», donde hay pistas y playones para practicar skate, mountain bike, longboard, bicipolo y palestra, entre otras actividades.
En la audiencia intervino también María José Lubertino, exlegisladora, constituyente de la ciudad de Buenos Aires y especialista en Derecho Ambiental.
«Estamos ante un ejercicio de cosmética política y ambiental, un simulacro de playa en la que no podremos bañarnos», dijo, y agregó que, mientras tanto, el Gobierno porteño planea «privatizar y vender» tierras públicas.
De ese modo, Lubertino se refirió a la intención del Gobierno porteño de vender parte del predio «Costa Salguero», operación que se encuentra frenada por dos fallos judiciales, de primera y segunda instancia, en una causa que iniciaron organizaciones y legisladores de la oposición local.
«Ni (el expresidente Carlos) Menem se animó a tanto», comentó.
En el llamado a licitación del parque Costero, que fue publicado en agosto último, se incluyó el proyecto e imágenes (renders) de la playa terminada; allí puede verse que una «defensa de borde de hormigón» delimitará el área del río a rellenar, que tendrá una forma similar a un triángulo y completará la traza de los dos parques linderos.
Una vez terminada la obra, el borde costero del parque consistirá en una «pieza de hormigón pre-moldeada con una escalinata» que bajará hacia el Río de la Plata.
«Hace 46 años que está prohibido bañarse en nuestras aguas del Río de la Plata», dijo Bárbara Rossen, quien participó de la audiencia en representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y agregó que el proyecto consiste en «una playa donde estará prohibido tocar el agua».
Luego apuntó que a «escasos dos kilómetros río arriba del proyecto está la desembocadura del arroyo Medrano», y añadió que esa zona del río «posiblemente esté afectada por efluentes cloacales».
Además, criticó el estudio de impacto ambiental realizado, ya que «no informa sobre la calidad del agua en los puntos que serán cercanos a los escalones de la playa» porque se analizaron muestras tomadas «en puntos que serán tapados con el relleno».
También participó María Angélica Di Giacomo, de la organización «Basta de Mutilar Nuestros Árboles», quien dijo que la ciudad necesita un «bio-corredor, no este esquemas de grandes extensiones de cemento con césped y nada de flora espontánea y fauna asociada que, ambientalmente, parece una bazofia».
La audiencia se desarrolló esta tarde y fue transmitida por el canal de YouTube «Audiencias públicas GCBA», donde permanecerá guardada.
CABA
La Justicia suspendió el desalojo de la sinagoga de Flores pero el conflicto sigue abierto
El Juzgado Civil N° 99 ordenó frenar el operativo policial horas después de su inicio. La disputa entre dos sectores de la Comunidad Israelita Ortodoxa por el templo de Helguera al 270 no tiene resolución a la vista.
La Justicia dio marcha atrás. El operativo de desalojo que se desarrollaba este lunes por la mañana en una sinagoga del barrio porteño de Flores quedó suspendido por orden del propio tribunal que lo había dispuesto. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del doctor Camilo Jorge Almeida Pons, emitió la medida de frenado horas después de que la Policía de la Ciudad comenzara a ejecutar la resolución en el inmueble de la calle Helguera al 270 (expediente N° 65521/2026). El conflicto de fondo, una disputa civil entre dos sectores de la misma comunidad judía, permanece sin solución.
El operativo y la resistencia de los fieles
El procedimiento se había iniciado en las primeras horas del lunes como consecuencia de un fallo civil que habilitó a uno de los grupos litigantes, la Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil, a recuperar la posesión del inmueble. El otro sector, que ocupa el templo, se negó a retirarse. Cuando el Oficial de Justicia llegó al lugar se encontró con un grupo de fieles en pleno rezo que rechazó abandonar el edificio.
Ante esa situación, el Oficial de Justicia negoció en el lugar y acordó conceder un tiempo prudencial para que los rezos concluyeran antes de avanzar con el desalojo. Sin embargo, horas después el juzgado resolvió directamente suspender el procedimiento policial, sin que trascendieran los fundamentos de esa decisión ni si medió alguna presentación judicial de última hora por parte de los ocupantes.
Una fractura interna que escala a los tribunales
El origen del enfrentamiento es una disputa entre dos facciones de la comunidad por el control y la titularidad del templo. Uno de los sectores inició acciones judiciales y obtuvo un fallo favorable; el otro se resiste a acatarlo. Esa brecha interna, que en principio es una cuestión civil entre privados, derivó en un operativo policial con la calle Helguera cortada al tránsito y cuatro patrulleros desplegados en el lugar, una imagen inusual para un barrio con arraigo histórico en la comunidad judía porteña.
La suspensión judicial del operativo no implica la resolución del litigio. El conflicto por la posesión del inmueble sigue abierto en los tribunales, y el juzgado deberá definir los próximos pasos procesales. Mientras tanto, la situación dentro del templo permanece sin modificaciones.
Puntos clave
- El Juzgado Civil N° 99 (expediente 65521/2026) suspendió el operativo de desalojo horas después de su inicio.
- El inmueble en disputa está ubicado en Helguera al 270, en el barrio de Flores.
- La Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil obtuvo el fallo favorable pero el otro sector se niega a desalojar.
- El Oficial de Justicia había acordado un plazo para que concluyan los rezos antes de que la Justicia frenara todo el procedimiento.
- El conflicto de fondo, una disputa civil por la titularidad del templo, no tiene resolución a la vista.
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