Vecinos del barrio porteño de Palermo presentaron hoy una acción de amparo colectivo para pedir la «nulidad» de un convenio urbanístico, firmado por el Gobierno de la Ciudad y una constructora privada, que habilita la construcción de una torre de 20 pisos, al considerar que «generará una disrupción morfológica» y «un colapso de la infraestructura de los servicios públicos».
La medida quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 13, patrocinada por Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).
La presentación colectiva apunta a frenar la obra de la torre proyectada en la calle Lafinur al 3100, que fue autorizada por una ley de la Legislatura que avaló el convenio urbanístico alcanzado entre la desarrolladora Proyecto 43 con la administración porteña.
En el acuerdo, se amplió a 60 metros la altura permitida para la edificación prevista y, a modo de compensación, la empresa debe pagar al Estado porteño una cifra que ronda los $6 millones de dólares.
En la presentación judicial, los vecinos pidieron que «se declare la nulidad e inconstitucionalidad del convenio urbanístico y de toda la normativa, aprobación de proyectos, permisos de obras o registro de planos» por incumplir con las regulaciones vigentes en este tipo de emprendimientos urbanos de alto impacto.
Según consta en la acción, antes de la firma del acuerdo entre Proyecto 43 con la gestión local se debió elaborar un estudio diagnóstico y de la evaluación de impacto final, además de cumplir previamente con «la instancia de participación ciudadana obligatoria a través de la convocatoria a audiencia pública».
«El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha incumplido su obligación de producir la información y los estudios que establece el Plan Urbano Ambiental y normas concordantes. Ninguno de los documentos, estudios y dictámenes que fueron reseñados fueron elaborados o cumplidos de forma previa a la firma del convenio urbanístico firmado», indica.
Y advierte que el convenio «autoriza que se construya una torre que generará una disrupción morfológica en la trama urbana e incrementará la densidad poblacional del barrio incrementando el colapso de la infraestructura de servicios públicos, el uso aún más intensivo del suelo y la presión sobre los sistemas de drenaje y saneamiento».
Además, sostuvo que «constituye una excepción inmobiliaria, sin ningún fundamento basado en el interés público o el bien común, que desvirtúa los instrumentos de planificación urbana y al Código Urbanístico».
«Es un claro ejemplo de la mercantilización de la normativa urbana, práctica distorsiva de la naturaleza de esta herramienta y que resulta un antecedente de cuidado en cuanto a la igualdad de todas y todos frente a la Ley. Es el GCBA y no el mercado, es quien debe regular el desarrollo urbano de modo equilibrado y promover la construcción de consensos», finalizó.
