Buenos Aires
Realizan inspección ocular en el campo donde el empresario descuartizado fue visto por última vez
Los peritos concurrieron para hacer un relevamiento del lugar y buscar cámaras de seguridad que pudieran haber captado la forma en que la víctima se fue de ese lugar.
Los investigadores del crimen de Fernando Pérez Algaba, cuyo cadáver descuartizado fue encontrado la semana pasada en un arroyo de la localidad de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora, realizaron hoy una inspección ocular en el campo donde dos testigos dijeron haberse encontrado con él el martes 18 de julio para pagarle una deuda de 75.000 dólares, mientras se aguarda el peritaje en busca de rastros de la víctima en la camioneta que manejaba los días previos a ser asesinado, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente que tiene a su cargo el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, ese campo de General Rodríguez, en el oeste del conurbano bonaerense, es el último lugar en el que alguien lo vio con vida a Pérez Algaba, alias «Lechuga», por lo que los peritos concurrieron para hacer un relevamiento del lugar y buscar cámaras de seguridad que pudieran haber captado la forma en que la víctima se fue de ese lugar.
Tanto fuentes judiciales como policiales aseguraron que la inspección se realizó esta mañana y que no obtuvo resultados respecto a elementos de importancia para los pesquisas.
Es que los dos testigos que ya declararon en el expediente, Nahuel Vargas y Maximiliano Pilepich, relataron que se encontraron allí con él para saldarle una deuda y que, luego de entregarle el dinero, se fueron y Pérez Algaba se quedó solo.
Vargas es un examigo de Fernando con quien realizaba negocios, y Pilepich es un hombre vinculado al rubro de la construcción que era dueño de la camioneta Range Rover Evoque 2012 color blanca en la que Pérez Algaba se movilizó dos días previos a su desaparición y que el propio dueño entregó el pasado viernes a los investigadores del caso.
Según detallaron fuentes vinculadas a la causa, Vargas y Pilepich le debían a Pérez Algaba 150.000 dólares, 75.000 de los cuales le habían devuelto en una escribanía de Castelar, mientras que la suma restante supuestamente se la restituyeron durante un encuentro que mantuvieron en ese campo de General Rodríguez el 18 de julio, último día en que «Lechuga» fue visto con vida.
De la pesquisa surgió que ese día, Pérez Algaba y Vargas fueron juntos hasta General Rodríguez a bordo de la Range Rover blanca que Pilepich le había prestado cuando el empresario volvió de Estados Unidos.
Desde ese momento no se supo nada más de «Lechuga» hasta que su cuerpo descuartizado fue encontrado adentro de una valija roja y una mochila en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.
La camioneta Range Rover recién fue secuestrada por los investigadores el viernes pasado, es decir, cinco días después del hallazgo de los restos de Pérez Algaba.
El vehículo fue entregado por el propio Pilepich y en las últimas horas fue sometida a distintos peritajes en busca de rastros, ya sea manchas de sangre o restos orgánicos con los cuales se pudieran elaborar ADN para ser cotejados eventualmente con el patrón genético de sospechosos, dijeron las fuentes judiciales.
Por otra parte, el fiscal Domínguez aguarda los resultados de los peritajes que se realizarán mañana sobre una remera y una campera secuestradas a Nicol Ámbar Chamorro, la mujer trans detenida en el marco de la causa, donde se detectaron algunas manchas que se investiga si son de sangre.
No obstante, su abogado, Marcelo Ponce, dijo que esas manchas son de salsa, ya que al ser apresada Chamorro estaba cocinando.
Chamorro, quien aún no declaró en la causa porque en su primera indagatoria optó por negarse, fue detenida porque los investigadores determinaron que la valija en la que fueron hallados algunos de los restos de Pérez Algaba estaba en su poder y había sido sustraída por ella a familiares suyos.
En tanto, los pesquisas establecieron que el microchip que posee el perro bulldog llamado «Cooper» que pertenecía a la víctima y que recién fue hallado el sábado último en el barrio porteño de Villa Lugano, no posee geolocalización, por lo que no sirve para establecer cuáles fueron los últimos movimientos de Pérez Algaba.
«Es un chip común que se usa en Estados Unidos, que casi todos los perros de raza tienen y que almacena su historia clínica», explicó a esta agencia un investigador.
Ahora, tras descargarse la información del dispositivo, la mascota será restituida al hermano de la víctima, Rodolfo Pérez Algaba, dijeron los informantes.
«Copper» fue hallado en la plaza Sudamericana, conocida como «El Ombú», ubicada sobre la avenida General Roca y Lisandro de la Torre, cercana al complejo de edificios de Villa Lugano 1 y 2, por una joven que caminaba por el lugar.
La desaparición de Pérez Algaba fue denunciada por la dueña del departamento que éste le había alquilado en Ituzaingó de manera temporal entre el 12 y 19 de julio últimos, quien al no tener noticias suyas y no recibir respuesta a sus mensajes, decidió acudir a la policía.
Los voceros dijeron que de la autopsia surgió que Pérez Algaba fue ejecutado de dos disparos por la espalda y que fue descuartizado tras su muerte y que también presentaba en la espalda una lesión cortante post mortem, añadieron las fuentes.
Los investigadores determinaron que Pérez Algaba se dedicaba desde hace años a la compra y venta de automóviles de alta gama, y a tal fin en creó una empresa en estado de Florida, en la costa este de Estados Unidos. Pero un informe financiero reveló que en la actualidad estaba calificado como un agente «irrecuperable» por sus deudas, principalmente de su empresa llamada Motors Lettuce S.R.L..
Además, establecieron que registraba reiteradas amenazas de personas a las que les debía dinero, entre ellas Gustavo Iglesias, un presunto barra brava de Boca Juniors, de quien se conocieron al menos media docena de conversaciones telefónicas con Pérez Algaba en las que le decía que si no le devolvía el dinero prestado le iba a arrancar los ojos y a cortar las manos.
Buenos Aires
Usaba otro nombre y se escondía en Lima: así cayó «Papá», el tío de Pequeño J
Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima mientras usaba una identidad falsa, más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela. La Justicia federal le embargó bienes por 1.000 millones de pesos y ahora comienza la carrera por su extradición.
Circulaba por Huachipa, en las afueras de Lima, con documentos a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná. Pero detrás de esa identidad prestada estaba Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá«, el hombre que la Justicia federal argentina señala como el máximo jefe de la organización narco que secuestró, torturó y asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela, cayó la pieza que los investigadores ubican en la cima de la estructura criminal.
Valverde Rodríguez, ciudadano peruano de 40 años, también conocido como «Serranasho«, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», el imputado más visible de la causa. Fue detenido el lunes 12 de octubre, cerca de las 15, por la Policía Nacional del Perú en un operativo coordinado con Interpol. Tenía un pedido de captura nacional e internacional dispuesto el mes pasado por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien además ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.
El anuncio oficial y la promesa de extradición
La noticia la difundió la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X: «Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga».
El eslogan oficial choca con los tiempos reales de la causa. El antecedente inmediato es el de su propio sobrino: «Pequeño J» fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025, el gobierno peruano oficializó su extradición recién el 31 de enero de 2026 y llegó a la Argentina el 4 de mayo. Entre la captura y el traslado pasaron más de siete meses, un plazo que las familias de las víctimas conocen de memoria y que anticipa un camino largo antes de que «Papá» se siente frente a un juez argentino.
Un clan familiar en la cima de la estructura
Los investigadores sostienen que Valverde Rodríguez ocupaba un rol de liderazgo dentro de la organización, a la que la causa denomina «Clan Valverde». El uso de documentación falsa para moverse en Lima refuerza la hipótesis de una red con recursos y logística suficientes para mantener prófugos a sus integrantes durante meses.
En el caso de su sobrino, el auto de procesamiento sostuvo que Valverde Victoriano «ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas». Tras su llegada al país, «Pequeño J» declaró desde la cárcel de Marcos Paz, negó haber participado en los asesinatos y no respondió preguntas. Su defensa anunció que apelará el procesamiento.
Si la acusación ubica a «Pequeño J» como el ejecutor operativo de la trama, la captura de su tío abre la posibilidad de reconstruir quién daba las órdenes. Ese es el punto que la causa todavía debe probar.
La noche que se llevaron a Brenda, Morena y Lara
El 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada con la promesa de una fiesta en la que cobrarían dinero. Terminaron en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas para que revelaran el paradero de una droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Tenían entre 15 y 20 años; Lara, la más chica, era adolescente.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en su momento que las torturas fueron transmitidas en directo por una red social a un grupo cerrado de 45 personas. Las autopsias revelaron que las primeras lesiones se produjeron mientras las víctimas estaban con vida. No fue un ajuste de cuentas entre bandas: fue el sometimiento planificado de tres mujeres jóvenes, usadas como mensaje por una organización que creyó que podía matarlas sin pagar el costo.
Una causa que avanza a cuentagotas
La investigación pasó al fuero federal en noviembre de 2025 y acumula una larga lista de imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, entre otros delitos vinculados al narcotráfico. El 5 de septiembre de este año, a días del primer aniversario, se concretaron otras cuatro detenciones. En el camino también quedó el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J», que fue investigado, beneficiado con la falta de mérito y finalmente extraditado a Perú.
Al cumplirse un año del crimen, Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, resumió el reclamo de las familias: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La detención de «Papá» es un avance concreto, pero la verdad que reclaman los familiares sigue dependiendo de que la extradición no se convierta en otra espera interminable.
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