Buenos Aires
Milei recortó un billón de pesos a la Provincia
La Provincia de Buenos Aires “continúa tratando de defender el poder adquisitivo de los trabajadores” frente al recorte del gobierno nacional.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció este lunes que el Gobierno nacional recortó un billón de pesos a la provincia en los primeros meses del año en concepto de transferencias no automáticas y remarcó que, no obstante, la Provincia de Buenos Aires “continúa tratando de defender el poder adquisitivo de los trabajadores”.
López formuló esas declaraciones durante una conferencia de prensa que brindó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Salud, Nicolás Kreplak.
Allí, el funcionario anunció que los gremios de trabajadores estatales nucleados en la Ley 10.430 aceptaron la oferta de incremento salarial del 7,5% para el mes de mayo formulada la semana pasada, que contempla la reapertura de la paritaria en la segunda quincena de junio.
En ese sentido, López anunció que “el incremento del 7,5% para mayo fue aprobado por mayoría por los gremios, se trata de una suba que se dio en el marco de una negociación colectiva”.
“Transitamos el quinto mes del año, y este es el quinto incremento salarial que otorgamos, respetando el marco paritario que es un lugar para dialogar, discutir y negociar. Como lo hicimos durante cuatro años, es claro el compromiso de este gobierno con los trabajadores del Estado. En este contexto tan complejo que nos toca transitar, con enorme recorte de transferencias obligatorias al gobierno bonaerense, más la caída de recaudación por la recesión que estamos transitando por las políticas del gobierno nacional y el retiro del Estado nacional de funciones que debe cumplir, todo genera un desafío muy grande para este gobierno”, resaltó
Y en ese sentido, añadió: “Estamos comprometidos con los trabajadores del Estado y, por eso, damos un incremento salarial”.
Para el titular de la cartera económica, el Ejecutivo provincial “trata de defender el poder adquisitivo de los trabajadores” en función de un compromiso asumido por el gobernador Axel Kicillof de sostener “la educación, salud, seguridad y la obra pública”.
“Perdimos un billón de pesos de recursos en esos primeros meses del año. En ese escenario complejo, seguimos comprometidos con brindar un Estado presente a los bonaerenses”, aseveró López.
Luego, indicó que Argentina transita un momento de “gran complejidad por la inflación, que está en un sendero descendente, pero sigue siendo alta”.
“Vivimos una situación muy preocupante en términos de producción: la industria cayó 20 puntos y la construcción 40. Hay más de 80 mil puestos de trabajo registrado que se perdieron y 30 mil en la provincia. Son datos altísimos de marzo. Falta ver los de abril”, fundamentó.
Además, expuso que “el hecho de que la crisis impacte tan fuerte en la industria, el comercio y la construcción, impacta enormemente en la provincia”.
“Hacemos lo posible para intentar paliar esa crisis sosteniendo políticas activas que acompañen al sector productivo y para sostener el consumo desde el Banco Provincia”, subrayó.
A su turno, Bianco expresó que en el Plenario de la Militancia que se llevó a cabo el sábado pasado en Florencio Varela, el gobernador “tomó el reclamo de las bases, para que el Gobierno nacional entienda qué está pasando en la Argentina, con caída de la actividad, aumento de pobreza y de desempleo”.
“Todo eso es responsabilidad del gobierno actual. No se le puede endilgar al gobierno anterior. El gobierno debe tomar nota, cambiar sus prioridades y asumir las responsabilidades constitucionales que tiene con las provincias y la población”, remarcó.
López aseguró que el Gobierno bonaerense está “absolutamente en contra de la Ley Bases porque no tiene un solo inciso que favorezca” a los habitantes de la Provincia en materia de salud, educación o seguridad, sino que plantea un programa clásico de liberalización de la economía y privatizaciones”.
De ese modo, recalcó: “Vamos a trabajar en conjunto con otros gobernadores para que esa Ley no sea aprobada”.

Otros anuncios
Los funcionarios explicaron que todos los lunes a las 9 de la mañana se llevarán adelante conferencias de prensa para brindar detalles del rumbo de la gestión.
En ese contexto, formularon otra serie de anuncios. Bianco adelantó que se comenzará a revisar “con la sociedad civil, las organizaciones libres del pueblo y universidades” el decreto ley 8.912 de 1977 “que establece las características de ordenamiento urbano”.
“Ese plexo normativo, de la dictadura, tenía como centro la erradicación de las villas en la Capital y la reubicación de los pobladores en la provincia. Eso merece una revisión amplia. Esos lineamientos quedaron sin efecto y deben ser aggiornados”, precisó el ministro y puntualizó que se trabajará “para que esos espacios de urbanización no sean definidos por la lógica del mercado, sino con una planificación adecuada”.
Por otra parte, anunció que se implementará un programa piloto con cinco municipios, para luego hacerlo extensivo a otros, en el que se instalará el sistema de gestión documental electrónica de la provincia “para erradicar los expedientes de papel”.
“Vamos a coordinar con los municipios para poner a disposición de los municipios una versión reducida de nuestro Gedeba, porque los municipios no requieren de todas las funciones que ese sistema tiene”, dijo.
Bianco también dijo que se relanzará el Programa Puentes “para poder terminar 18 centros universitarios que están en construcción” en territorio bonaerense, y analizó que se trata de algo “totalmente necesario, mientras el Estado nacional asfixia presupuestariamente a las universidades”.
“Nosotros queremos reforzar la posibilidad de que lo jóvenes puedan estudiar en cualquier distrito. Queremos terminar los 18 centros universitarios y lanzar 27 nuevas carreras en distritos del interior de la provincia”, adelantó.
En tanto, Kreplak expuso que se firmó un acuerdo entre la obra social de los empleados estatales bonaerenses, IOMA, el municipio de San Nicolás y la cartera de Salud “para que los trabajadores municipales vuelvan a tener cobertura después de que ello se cortara por decisión del Concejo Deliberante”.
“Se trabajó mucho y todos los trabajadores volverán a contar con la cobertura de nuestra obra social”, describió y anunció que “se ampliarán las prestaciones de IOMA” en el distrito.
Por otra parte, recordó que “en diciembre y enero, aumentaron potentemente los precios de los medicamentos porque el gobierno dejó de controlar; la cobertura de remedios para enfermedades crónicas pasó del 60 al 15%, lo que se tradujo en un aumento para el bolsillo; pero estamos aumentando el aporte de la obra social en la cobertura de medicamentos y para mayo se recuperará una cobertura del 60%”.
A la vez, dijo que “comenzó el pase a planta de 500 personas que están terminando su residencia”, evaluó que ello “fortalecerá el sistema público provincial” y precisó que “desde mayo no se cobrará la matriculación”.
Finalmente, Kreplak instó a la población a vacunarse contra la gripe (mayores de 65 años, mujeres gestantes, trabajadores de la salud y personas con enfermedades preexistentes) y también contra la bronquiolitis (en el caso de las personas gestantes).
Buenos Aires
Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.
De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.
El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.
Un predio cedido con una condición que Milei ignoró
El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.
El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.
La ley que activa la Fiscalía de Estado
El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».
Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».
La oposición apoyó la privatización
El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.
Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»
El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».
En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.
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