La muerte de Cristian Pereyra, docente de la provincia de Buenos Aires que trabajaba como conductor de una aplicación de viajes para completar sus ingresos, abrió un caso que combina violencia policial, precarización laboral y denuncias de graves irregularidades en la investigación.

El crimen ocurrió en La Matanza y generó conmoción entre trabajadores de la educación y organizaciones sociales que reclaman el esclarecimiento del hecho.

Un último viaje antes de volver a su casa

Durante la madrugada, Pereyra manejaba para la aplicación DiDi. Según relató su entorno, realizaba el último viaje antes de regresar a su casa con su hija de tres años.

Como ocurre con muchos docentes, el salario no le alcanzaba para cubrir los gastos mensuales. Por eso había decidido complementar sus ingresos con el trabajo en la plataforma de transporte.Ese último viaje terminó en tragedia.

Tres disparos y un auto robado

De acuerdo con la reconstrucción difundida por allegados a la víctima, un policía de la UTOI subió al vehículo como pasajero con la intención de robarlo.

El agresor le disparó tres veces y dejó el cuerpo de Pereyra abandonado sobre la Autopista Presidente Perón, en la intersección con la Ruta 3. El auto fue hallado luego en Ciudad Evita, a pocas cuadras de la base policial donde prestaba servicio el principal sospechoso.

Una investigación bajo cuestionamientos

La familia del docente denunció una serie de irregularidades en el proceso judicial y forense.

Según señalaron sus hermanas, Ana y Victoria, el mismo cuerpo policial al que pertenece el sospechoso participó de la autopsia realizada en tiempo récord. También afirmaron que el fiscal del caso se negó a recibirlas.

Entre los reclamos que planteó la familia figuran:

Falta de acceso al expediente judicial.

Ausencia de información sobre el avance de la investigación.

Imposibilidad de reconocer el cuerpo de la víctima.

Procedimientos realizados sin participación de los familiares.

Para los allegados de Pereyra, la velocidad con la que se llevaron adelante algunas actuaciones genera sospechas sobre un intento de cerrar el caso sin una investigación profunda.

Precarización y violencia

El asesinato impactó especialmente en la comunidad educativa. Colegas y sindicatos señalaron que el caso refleja una realidad cada vez más extendida: docentes que se ven obligados a buscar otros trabajos para sostener sus ingresos.

En ese contexto, sostuvieron que la precarización laboral se combina con un escenario de creciente violencia social y con fuerzas de seguridad cada vez más cuestionadas por su accionar.

La muerte de Pereyra volvió a poner sobre la mesa dos debates que atraviesan a la sociedad argentina:

la crisis salarial de los trabajadores de la educación y los controles sobre el accionar policial

Mientras tanto, la familia insiste con un reclamo básico: que la investigación avance con transparencia y que se establezcan responsabilidades por el asesinato del docente.