Buenos Aires
Detuvieron a una mujer policía pidiendo coima
La subayudante Ayala se negó a declarar por “Extorsión agravada por tratarse de un funcionario público”.
Una mujer policía fue detenida luego de ser descubierta realizando una «extorsión» hacía un joven, al que le secuestraron su automóvil, y le pidió una coima de 70.000 pesos para liberarlo de la comisaría de Paso del Rey, partido de Moreno, informaron los voceros judiciales.
La detención y su posterior exoneración fue llevada a cabo en las últimas horas por Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Bonaerense, tras una investigación que requirió siete días, a partir de que al conductor se le secuestró su automóvil Chevrolet Agile debido a que circulaba sin registro de conducir, sin cédula verde del vehículo, ni seguro al día.
El vehículo fue trasladado a la seccional 5º de Paso del Rey, dependiente a la Jefatura de Policía de Moreno y General Rodríguez, donde quedó secuestrado.
En la oficina el joven se entrevistó con una oficial de servicio de guardia que «le pidió 70.000 pesos de coima para liberar el vehículo», ya que en caso contrario la multa sería de 200.000 pesos, dinero que le era imposible de pagar, agrega la información.
En ese momento, el joven le ofreció a la policía 10.000 pesos, oferta que fue rechazada por la servidora pública y le dijo que juntara la plata y volviera el otro día por la noche porque estaría ella otra vez de guardia.
La víctima le avisó a su padre todo lo que le había pasado, y este lo acompañó a la sede judicial para realizar la correspondiente denuncia a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Moreno, quienes con los investigadores de Asunto Internos le tendieron una trampa a la oficial de servicio, identificada como la subayudante Alicia Ayala.
«Fue a la comisaría el joven acompañado de su padre para encontrarse con Ayala, que debía cobrar la presunta coima, y en realidad lo que llevaban era solo fotocopias de dinero dentro de una bolsa de papel», dijo un allegado al caso.
En ese momento ingresaron en escena otros policías que detuvieron a la mujer «in fraganti» cuando estaba recibiendo la bolsa con el falso dinero.
Además, Asuntos Internos también separó de su cargo -de manera provisoria- a una de las jefas de comisaría, aunque sigue en actividad, y secuestro el libro de guardia del sábado 8 y domingo 9 de octubre para avanzar en la investigación.
La causa se encuentra a cargo de fiscal Luisa Pontecorvo que le tomó declaración a la subayudante Ayala, quien se negó a declarar en la causa de “Extorsión agravada por tratarse de un funcionario público”.
Buenos Aires
Usaba otro nombre y se escondía en Lima: así cayó «Papá», el tío de Pequeño J
Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima mientras usaba una identidad falsa, más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela. La Justicia federal le embargó bienes por 1.000 millones de pesos y ahora comienza la carrera por su extradición.
Circulaba por Huachipa, en las afueras de Lima, con documentos a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná. Pero detrás de esa identidad prestada estaba Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá«, el hombre que la Justicia federal argentina señala como el máximo jefe de la organización narco que secuestró, torturó y asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela, cayó la pieza que los investigadores ubican en la cima de la estructura criminal.
Valverde Rodríguez, ciudadano peruano de 40 años, también conocido como «Serranasho«, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», el imputado más visible de la causa. Fue detenido el lunes 12 de octubre, cerca de las 15, por la Policía Nacional del Perú en un operativo coordinado con Interpol. Tenía un pedido de captura nacional e internacional dispuesto el mes pasado por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien además ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.
El anuncio oficial y la promesa de extradición
La noticia la difundió la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X: «Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga».
El eslogan oficial choca con los tiempos reales de la causa. El antecedente inmediato es el de su propio sobrino: «Pequeño J» fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025, el gobierno peruano oficializó su extradición recién el 31 de enero de 2026 y llegó a la Argentina el 4 de mayo. Entre la captura y el traslado pasaron más de siete meses, un plazo que las familias de las víctimas conocen de memoria y que anticipa un camino largo antes de que «Papá» se siente frente a un juez argentino.
Un clan familiar en la cima de la estructura
Los investigadores sostienen que Valverde Rodríguez ocupaba un rol de liderazgo dentro de la organización, a la que la causa denomina «Clan Valverde». El uso de documentación falsa para moverse en Lima refuerza la hipótesis de una red con recursos y logística suficientes para mantener prófugos a sus integrantes durante meses.
En el caso de su sobrino, el auto de procesamiento sostuvo que Valverde Victoriano «ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas». Tras su llegada al país, «Pequeño J» declaró desde la cárcel de Marcos Paz, negó haber participado en los asesinatos y no respondió preguntas. Su defensa anunció que apelará el procesamiento.
Si la acusación ubica a «Pequeño J» como el ejecutor operativo de la trama, la captura de su tío abre la posibilidad de reconstruir quién daba las órdenes. Ese es el punto que la causa todavía debe probar.
La noche que se llevaron a Brenda, Morena y Lara
El 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada con la promesa de una fiesta en la que cobrarían dinero. Terminaron en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas para que revelaran el paradero de una droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Tenían entre 15 y 20 años; Lara, la más chica, era adolescente.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en su momento que las torturas fueron transmitidas en directo por una red social a un grupo cerrado de 45 personas. Las autopsias revelaron que las primeras lesiones se produjeron mientras las víctimas estaban con vida. No fue un ajuste de cuentas entre bandas: fue el sometimiento planificado de tres mujeres jóvenes, usadas como mensaje por una organización que creyó que podía matarlas sin pagar el costo.
Una causa que avanza a cuentagotas
La investigación pasó al fuero federal en noviembre de 2025 y acumula una larga lista de imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, entre otros delitos vinculados al narcotráfico. El 5 de septiembre de este año, a días del primer aniversario, se concretaron otras cuatro detenciones. En el camino también quedó el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J», que fue investigado, beneficiado con la falta de mérito y finalmente extraditado a Perú.
Al cumplirse un año del crimen, Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, resumió el reclamo de las familias: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La detención de «Papá» es un avance concreto, pero la verdad que reclaman los familiares sigue dependiendo de que la extradición no se convierta en otra espera interminable.
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