Un fiscal pidió que siete policías bonaerenses sean sometidos a juicio oral como acusados de robar cocaína durante un procedimiento simulado que derivó en el crimen a balazos de un presunto narco, en febrero pasado, en el partido bonaerense de General Rodríguez, informaron hoy fuentes judiciales.

A su vez, en el mismo requerimiento, el fiscal de la causa, Leandro Ventricelli, planteó el sobreseimiento para otros dos efectivos también imputados por el caso.

El pedido fue presentado en las últimas horas por el fiscal ante la jueza de Garantías 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, Adriana Julián, quien ahora deberá resolver si hacer lugar o no al mismo.

Para Ventricelli, la oficial principal Gabriela Noemí Ibarra, el sargento Leonardo Fabián Biotti, el oficial Juan Eduardo Vieira, el subteniente Sebastián Eduardo Perín, el suboficial mayor Ángel Rufino Morales, el oficial ayudante Claudio Sebastián Branchi y el subteniente Darío Roberto Torres deberían ser juzgados por «robo agravado por el uso de arma de arma de fuego apta para producir disparos, por su comisión en poblada y por haber sido perpetrado por miembros integrantes de fuerza policiales».

Además, el fiscal les atribuyó el concurso real con los delitos de «falsedad ideológica de documentos e instrumentos públicos y tenencias de estupefacientes con fines de comercialización agravada por ser cometido por un funcionario público y por intervención de tres o más personas organizadas».

Mientras que a Branchi lo imputó también de «tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal» y a Torres «tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal».

En tanto, el fiscal solicitó a la jueza Julián que dicte el sobreseimiento para el capitán Abel Ramón Acosta y el oficial Alexis Abel Romero por falta de pruebas.

Además, en la causa hay otros dos acusados civiles, Osvaldo Jesús Torres y Julieta Zárate, quienes enfrentan cargos por «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y transporte», al tiempo que el primero deberá responder también como presunto «instigador» de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego».

«(.,..) entiendo que atento la gravedad del caso, y con los elementos colectados se encuentra prima facie acreditada la materialidad ilícita que dio lugar a la formación de la presente. Conforme lo cual, con el grado de probabilidad propio que se requiere en esta etapa de la investigación; las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría cometido el hecho se encuentran principalmente abastecidas», sostuvo el fiscal en su requerimiento.

Para Ventricelli, los imputados «obraron con el conocimiento y voluntad de que estaba realizando un acto prohibido, detentando el dominio del hecho, reteniendo en su poder el devenir del curso central de los acontecimientos, disponiendo así del cómo y el cuándo de la acción».

De acuerdo a la pesquisa, los policías acusados pertenecían a la comisaría de Francisco Álvarez y al Gabinete de Drogas Ilícitas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno.

En el caso de Ibarra, esta era jefa de dicho gabinete, mientras que su padre, el comisario jubilado Alberto Daniel Ibarra, era el subsecretario de Seguridad del Municipio de General Rodríguez y renunció tras la detención de su hija, en abril pasado.

La causa a los policías se inició a partir del crimen de José Gutiérrez (32), apodado «Diosito», quien la noche del 15 de febrero pasado fue asesinado a tiros frente a su mujer y sus dos hijos, por dos sicarios y el marco de un presunto ajuste de cuentas narco, en su casa de General Rodríguez.

Para los pesquisas, Osvaldo Torres, alias «Tío», fue el «instigador de este crimen ya que, al parecer, cinco días antes «Diosito» lo había «entregado» a policías de Francisco Álvarez para que en un procedimiento simulado lo despojaran de unos cinco kilos de cocaína.

Según la fiscalía, este «pseudo» procedimiento policial y las posteriores maniobras de los efectivos ahora imputados «fueron el motivo y la razón por la cual se produjo el desenlace final e inicio de la presente investigación: el homicidio de José Gutiérrez».

«A esta altura, nos acercamos a la certeza de que aquel hecho de sangre resulta consecuencia del accionar delictivo de personal policial vinculado a la sustracción de los cinco kilos de cocaína que hasta aquí se describe, dejando en evidencia los lazos que vinculan la muerte violenta de José un ajuste narco», afirmó Ventricelli.

De hecho, el fiscal consideró que el propio Gutiérrez entendió que luego del robo de la cocaína a Osvaldo Torres en la interceptación policial, el «Tío» se «tomaría venganza», y así se lo manifestó a su entorno, al tiempo que por unos días dejó de frecuentas sus lugares habituales y se mostró «atemorizado».

Por su parte, el abogado Javier Baños, quien defiende al policía Romero, celebró el pedido de sobreseimiento para este y consideró que fue «injustamente detenido y vinculado públicamente a hechos aberrantes».

«Ni una llamada de teléfono ni mensajes lo salpica en la causa. Fue un perejil», dijo el abogado defensor.