Buenos Aires
Kicillof aseguró que el nuevo pico de contagios «no es una ola, es un tsunami»
Al anunciar la nuevas medidas, el gobernador bonaerense advirtió que «se necesita un esfuerzo para evitar la saturación del sistema sanitario» y anticipó refuerzos en las políticas sociales y «severas multas» para quienes no respeten las restricciones.
Al anunciar la nuevas medidas, el gobernador bonaerense advirtió que «se necesita un esfuerzo para evitar la saturación del sistema sanitario» y anticipó refuerzos en las políticas sociales y «severas multas» para quienes no respeten las restricciones. Los comercios en general cerrarán desde las 20 a las 6 de la mañana.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que en la provincia de Buenos Aires «se va a acatar al pie de la letra» las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Alberto Fernández para combatir la segunda ola de coronavirus, y agregó la medida de cierre de comercios en general desde las 20 a las 6 de la mañana.
«No es una ola, es un tsunami», dijo el mandatario bonaerense al referirse a la situación sanitaria en territorio provincial y advirtió sobre la «impresionante velocidad de crecimiento» de casos de coronavirus en los últimos días.
«En las últimas tres semanas pasamos de 2.500 casos a un promedio de 6.000. No es sólo lo súbito o la velocidad, sino la magnitud», aseguró Kicillof al encabezar una conferencia de prensa en la sede de la Casa de Gobierno, en La Plata, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.
«Es una segunda ola feroz. Si no se toman medidas, si no se cambia nada, hay que suponer que todo sigue igual y los casos crecen», añadió y valoró que Alberto Fernández «tome las medidas priorizando la salud de los argentinos». En ese sentido, estimó que la velocidad con que están creciendo los contagios es «impresionante», lo que genera «que se vayan completando las terapias intensivas».
Tras advertir que se «corre el peligro de que se sature el sistema sanitario», el gobernador afirmó que en unos 40 distritos que se encuentran en Fase 3, que son aquellos donde se registran mayor cantidad de contagios, «habrá cierre de locales de gastronomía de 23 a 6; prohibición de circular desde las 0 a las 6; y un cierre de comercios en general desde las 20 a las 6 de la mañana».
Expuso que los 16 municipios que se hallan en Fase 5 tendrán una restricción horaria entre las 2 y las 6; mientras que en los 79 distritos bonaerenses que se encuentran en Fase 4 esa limitación será entre 0 y 6.
«El resto de las restricciones van a respetar todo lo que planteó Alberto Fernández y vamos a invitar a los municipios además a que liberen los estacionamientos», explicó el mandatario bonaerense, e indicó que «la primera apuesta es a la conciencia y responsabilidad en el cumplimiento de los cuidados personales y protocolos».
En ese contexto, Kicillof señaló que se aplicarán «severas multas por incumplimientos», dijo que ese sistema sancionatorio requerirá de adhesión municipal y pese a que planteó que «habrá seguimiento, control y sanciones», remarcó que «no puede haber un policía al lado de cada persona», por lo que pidió «colaboración y conciencia» a los ciudadanos.
«Hay que parar los contagios, porque más contagios, son más internaciones y más muertos. Corremos el peligro de que se sature el sistema sanitario. Si no se hace nada, no hay sistema que aguante, ni siquiera en el primer mundo», manifestó.
Tras enumerar las medidas que adoptaron otros países tanto europeos como latinoamericanos, que van desde toque de queda, suspensión de clases presenciales y concurrencia a oficinas, hasta prohibiciones de mantener reuniones, Kicillof expresó no hay «nada nuevo bajo el sol». «Llega la segunda ola y hay que tomar medidas duras», aseguró.
Además, admitió que aplicar restricciones «no es agradable y no lo quiere nadie», aunque remarcó que «es la única forma de evitar contagios masivos y que desborde el sistema de salud».
En tanto, sostuvo que la prioridad es «cuidar la actividad económica y seguir con la presencialidad (en las escuelas), pero cuando está en riesgo el desborde del sistema sanitario, hay que poner encima de todo la salud y la vida de la gente».
«Cuando empieza a acelerarse tanto (los casos), hay que evitar el desborde. Si no, después es un cierre tardío. Vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar», planteó.
Luego, destacó que su administración instrumentará «una serie de medidas de sostén económico», como el programa Repro y Preservar Trabajo «para los sectores afectados, planteó que continúan vigentes los créditos del Banco Provincia y de los ministerios de Producción y Desarrollo Agrario y recordó que envió a la Legislatura un proyecto que contempla «una muy extensa moratoria de ARBA para los sectores que más sufrieron».
En ese marco, aseveró que también habrá un refuerzo de las partidas para políticas sociales, dijo que se invertirán 32 mil millones de pesos en los comedores escolares donde hay 1.722.000 beneficiarios.

«No está en juego una abstracta libertar individual de hacer lo que queremos cuando queremos, sino una grave crisis ocasionada por la pandemia. ¿Quién tiene derecho a no cuidarse y contagiar a otro? ¿No tiene sentido común siquiera? Hay una epidemia, la más grande de los últimos 100 años», expuso el mandatario provincial.
Posteriormente, criticó a quienes «llaman a no cuidarse o a incumplir medidas», analizó que se trata de sectores que «atacaron todo lo que se hizo» pero resaltó que en la provincia se aplicará «el criterio de siempre: crecen casos y se toman medidas de restricción».
«Los mismos que critican ahora son los que después, si se desborda el sistema, van a cuestionar. Hay que tensar de nuevo los cuidados para evitar que esto termine en catástrofe», propuso Kicillof.
Sostuvo que «no es un rato más o menos de diversión sino que se lucha una guerra contra la Covid-19 de pacientes que están entre la vida y la muerte, y de trabajadores que dejan todo con antiparras y doble barbijos para salvar esas vidas».
«No puede ser que mientras unos luchan una guerra otros hagan de cuenta que no pasa nada. Esas actitudes egoístas no dan derecho a contagiar a los demás o a ignorar lo que ocurre», aseveró.
Subrayó que ante el «momento sumamente delicado» que se atraviesa no se puede «mentir o ir con cifras engañosas porque este Gobierno no está en campaña electoral, está en campaña de vacunación».
«Nos dedicamos a cuidar, proteger, vacunar, vacunar y vacunar. Le agradezco a los trabajadores de la salud y de la seguridad, a los maestros, y a todo el pueblo de la provincia por el tremendo esfuerzo que hacen. En un tiempo, recordaremos esta etapa por la solidaridad del pueblo y no por las mezquindades de algunos», acotó.
El mandatario bonaerense rememoró que la provincia «afrontó una de las más graves crisis de la historia con un enorme esfuerzo y espíritu colectivo», remarcó que «todo 2020 construimos y ampliamos las terapias intensivas, hospitales, centros de testeos y vacunatorios» y destacó: «Prefiero construir y ampliar hospitales antes que cementerios».
El Gobierno bonaerense afirma que “está garantizada la presencialidad en las aulas”
Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó este jueves que “está garantizada la presencialidad en las aulas» en el marco de la segunda ola de coronavirus dado que es una de las cuestiones que el Gobierno «decidió priorizar».
«Nuestra idea siempre fue sostener la actividad productiva y económica junto a lo educativo”, dijo el funcionario bonaerense en declaraciones a radio Provincia.
Al analizar las medidas dispuestas para enfrentar la nueva ola de coronavirus que fueron anunciadas por el gobernador y el presidente Alberto Fernández, Bianco expuso que “apelamos a la responsabilidad colectiva”.
«Estamos en una situación epidemiológica muy grave, la gente debe tomar conciencia”, indicó y añadió que “estamos muy preocupados por el nivel de contagios y el aumento de ocupación de camas en algunos hospitales de la Provincia”.
Por último, señaló que los sistemas sanitarios “público y privado están cerca de la saturación, han aumentado la ocupación de las terapias y estamos monitoreando en tiempo real cada distrito”.
Buenos Aires
Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.
De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.
El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.
Un predio cedido con una condición que Milei ignoró
El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.
El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.
La ley que activa la Fiscalía de Estado
El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».
Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».
La oposición apoyó la privatización
El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.
Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»
El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».
En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.
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