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Judiciales ⚖️

Una testigo vinculó a la exmujer de Pachelo con un robo que sufrió y remarcó el mismo modus operandi

Se trata de Victoria Stupenengo (45), quien pidió antes de ingresar a la sala de audiencias que no esté presente el acusado Pachelo (46), ya que afirmó durante su relato que le tiene «miedo y pánico» a quien es el padre de uno de sus ahijados.

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Una amiga de la exesposa de Nicolás Pachelo declaró hoy como testigo en el tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, y vinculó a la mujer en el robo de una suma en dólares que sufrió en su departamento, ya que lo asoció el modus operandi por el cual otros conocidos en común habían sufrido el mismo delito en sus viviendas.

Se trata de Victoria Stupenengo (45), quien pidió antes de ingresar a la sala de audiencias que no esté presente el acusado Pachelo (46), ya que afirmó durante su relato que le tiene «miedo y pánico» a quien es el padre de uno de sus ahijados.

La mujer dijo que era amiga de Inés Dávalos Cornejo, expareja de Pachelo y madre de sus tres hijos, con quien confirmó que asistió el 27 de octubre del 2002, día del crimen de María Marta, a un recital de Diego Torres en el estadio Luna Park.

Stupenengo recordó que pasó a buscar a Dávalos Cornejo por la vivienda de su madre y después del recital fueron en taxi hasta la casa de la madre de Pachelo, donde se encontraba el exvecino de Carmel junto a su hijo.

«(Pachelo) Bajó con el nene, que era chiquito y una bolsa de El Mundo del Juguete, agarró el auto y me llevó hasta mi casa», aseguró.

Mientras Pachelo escuchaba la declaración en una habitación contigua, en la sala de audiencias se hallaban por primera vez juntos entre el público Carlos Carrascosa y Horacio García Belsunce, viudo y hermano de María Marta, respectivamente.

Tras dar su versión de lo que hizo el día del crimen de la socióloga, el fiscal Andrés Quintana le consultó a Stupenengo sobre un robo que sufrió a principios de octubre de 2003 en su departamento, en el cual vivía en aquel entonces con su marido y un bebé recién nacido.

«El robo que nos hicieron fue en nuestro de departamento. Los fines de semana nos íbamos al Tortugas Country Club, a casa de mi suegra. Inés me llamó para ver qué iba a hacer, pero preguntaba mucho, hasta me preguntó si la mucama se quedaba, algo que me llamó la atención», comenzó el relato.

La mujer explicó que al regresar ese domingo a la noche no notó nada extraño en la vivienda, pero al día siguiente fue a revisar una caja que tenía escondida detrás de un placard en la cual guardaba una importante suma de dólares que había cobrado de una indemnización laboral.

«Lo llamé a mi marido y le conté. Me preguntó si estaba el reloj que había heredado de su padre y dinero en una mesita de luz y no estaban», sostuvo y añadió que ambos realizaron la denuncia policial.

La testigo señaló que mientras se encontraba en la comisaría la llamó su amiga Inés, y al enterarse de lo ocurrido, fue hasta su casa con Pachelo para ponerse ambos a disposición de la pareja y le dio a entender que había sido su mucama.

«Inés sabía que tenía esa plata porque le había contado que me fui del trabajo y lo que había cobrado, y sabía que la tenía guardada en mi casa», afirmó.

Según pudo comprender tiempo después, la testigo recordó que un mes antes del robo había ido a la casa de la madre de Dávalos Cornejo para celebrar un cumpleaños y había dejado su cartera junto a otras pertenencias personales en una de las habitaciones y que desde ese día desaparecieron las llaves de su departamento y las de su madre.

Al tiempo, y por comentarios de conocidos en común, se enteraron que Pachelo había sido acusado de realizar varios robos en distintas viviendas de amigos y allegados, por lo que se reunió con las víctimas e impulsaron una denuncia conjunta, que derivó en la detención del exvecino de Carmel.

«Inés digitaba la parte de inteligencia, averiguaba todo. Me senté a hablar con ella y ni me lo negó ni me lo confirmó. Justificaba a Nicolás, que era un enfermo, un jugador (…) Desde ese día rompí la relación», aseveró la testigo, quien afirmó contundente: «Inés me robó, la saqué de mi vida, por suerte».

Antes de finalizar su testimonio, la mujer sostuvo que tras el robo recibió «muchas llamadas intimidantes, a horas insólitas» en las cuales cuando atendía el teléfono, le cortaban.

Por último, y ante la consulta del juez Federico Ecke, la testigo negó que le haya dicho al periodista Pablo Duggan, que en su presentación ante el tribunal aseguró que se reunió con Stupenengo y fue ella quien le dijo que no había denunciado a Dávalos Cornejo porque no quería «que los tres niños quedaran sin el padre y sin la madre», ya que Pachelo en ese entonces estaba detenido.

Por su parte, el primer testigo de la vigésima primera audiencia, Ignacio Giménez Zapiola, que conocía a Pachelo porque formaba parte de un grupo de amigos en la adolescencia, recordó que, luego de varios años sin tener contacto, volvió a verlo cuando se enteró del suicido de su madre, Silvia Ryan, y que con la intención de «ayudarlo» porque se estaba mudando, le compró una (consola) Play Station, un teléfono inalámbrico y un amplificador.

Al año de haber adquirido dichos elementos, el testigo dijo que lo llamó Nicanor Cetra, un primo segundo a quien veía poco pero que tenía a Pachelo como amigo en común, quien le relató que los elementos que le había comprado se los había robado Pachelo a él, algo que corroboró al coincidir el número de serie de la consola.

Tras ello, el fiscal Federico González le preguntó si tenía un familiar llamado Nicolás Giménez Zapiola, para introducir el episodio en que Pachelo quedó registrado al ingresar al Tortuguitas Country Club en la semana santa de 2018 tras exhibir un documento falso con su foto pero con esa identidad.

En dicha investigación, Pachelo fue acusado de haber cometido al menos cinco robos tras mostrar en el acceso al country el 29 de marzo de 2018 un documento trucho que tenía su foto, un número parecido al suyo pero alterado y la identidad falsa: Nicolás Giménez Zapiola.

DDHH

Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo

Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
CFK sumó al abogado de Lula y al ex juez del Tribunal Europeo para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.

El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».

Una estrategia construida desde antes de la condena firme

El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.

Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.

Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina

Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.

En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.

Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea

El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.

La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme

La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.

El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo

La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.

Puntos clave

  • Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
  • Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
  • Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
  • La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
  • El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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