Milei ahoga al organismo que busca a los 300 nietos que aún faltan encontrar

A través de un comunicado oficial difundido el 14 de mayo de 2026, Abuelas alertó sobre el «ahogo presupuestario» que padece la institución y su «consecuente peligro de parálisis» si el Ejecutivo no otorga la ampliación del crédito presupuestario necesaria para garantizar su funcionamiento.

El llamado de la organización no tardó en encontrar eco judicial: el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar los fondos indispensables para la continuidad operativa del organismo.

La crisis: números que revelan la intención

La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, describió una «situación crítica de operatividad» que «compromete la continuidad de servicios esenciales». En concreto, advirtió que la interrupción de actividades derivaría en la «suspensión o demora en la producción de pericias genéticas» y que «correría riesgo la adecuada preservación de muestras biológicas que constituyen prueba judicial».

El recorte no es casual ni abstracto: la asignación presupuestaria proyectada para el ciclo 2026 alcanza apenas poco más de la mitad de lo que el propio organismo estimó como indispensable para cubrir sus costos básicos. El ajuste afecta desde la seguridad y el mantenimiento edilicio hasta la conservación técnica de los laboratorios y la cobertura de vacantes estratégicas. No es un hecho aislado: el gasto primario total bajo la gestión Milei acumula una caída real del 31%, el gasto de capital retrocedió un 86%, y los programas sociales sufrieron recortes del 61%, según datos publicados en informes elaborados por el Foro Economía y Trabajo.

El historial de ataques al BNDG

El comunicado de Abuelas subraya que este no es el primer intento de desmantelar al organismo desde la asunción de La Libertad Avanza. La Ley Bases (27742) incluyó originalmente cláusulas orientadas a modificar o disolver el BNDG, que fueron revertidas en el Congreso. Luego, el Decreto N°351/2025 estableció su intervención de hecho, medida que también debió ser derogada. «Salvadas estas medidas, hoy pareciera que se busca su parálisis con el ahogo presupuestario», señaló la organización en su comunicado.

La advertencia es contundente: «el desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de estos años de ampliación del derecho a la identidad».

La respuesta judicial: Ramos Padilla intervino de urgencia

Ante las advertencias de fiscales especializados, que calificaron la situación del organismo como de «vulnerabilidad extrema», el juez Alejo Ramos Padilla dispuso la medida cautelar. En su resolución, el magistrado caracterizó al BNDG como «organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados», y recordó que constituye «el perito oficial exclusivo previsto por la Ley 26.548 para la obtención, almacenamiento y análisis de información genética necesaria en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad«.

La fundamentación judicial señala que la normativa vigente impone la continuidad operativa del organismo sin interrupciones ni demoras, dada su relevancia en la reconstrucción de la identidad de las víctimas. La preocupación central radica en que la escasez de recursos financieros pone en serio peligro la integridad de las más de 32.000 muestras biológicas custodiadas actualmente por el banco.

Un organismo modelo, una deuda histórica

A lo largo de su historia, el organismo fue determinante en la resolución de 140 casos de restitución de identidad.

Abuelas de Plaza de Mayo reclamó al Poder Judicial que intime al Gobierno a garantizar de manera urgente el normal funcionamiento del BNDG, y a ambas cámaras del Poder Legislativo que asuman «un rol activo e inmediato en defensa de este organismo fundamental». La organización concluyó su comunicado con una afirmación categórica: «Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos».