Un caso que expone los peligros de los desafíos virales

En una escuela de Godoy Cruz, Mendoza, tres adolescentes de 13 años abusaron sexualmente de un compañero dentro del aula durante una clase de inglés. Según la denuncia presentada por la madre de la víctima, el ataque ocurrió mientras otros estudiantes y la docente estaban presentes, aunque nadie intervino ni se percató de lo sucedido. Los agresores justificaron su accionar al afirmar que se trató de un “juego” que habían visto en TikTok, lo que encendió las alarmas sobre el impacto de los contenidos virales en las conductas de los menores.

La causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal” por la Justicia Penal de Menores, pero los adolescentes no pueden ser juzgados debido a que son inimputables por su edad. Ante la gravedad del hecho, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió reubicar a los agresores en otras instituciones y brindar asistencia psicológica a la víctima.

La viralización de la violencia: TikTok en el centro del debate

El caso ha puesto en el centro de la discusión el rol de las redes sociales, especialmente TikTok, en la propagación de desafíos que pueden derivar en conductas peligrosas o violentas. Aunque no se especificó cuál fue el “juego” replicado, este tipo de contenidos suelen banalizar actos de agresión, presentándolos como bromas o retos inofensivos. Según un informe de Common Sense Media, el 38% de los adolescentes ha intentado al menos un desafío viral, y muchos de ellos no comprenden los riesgos asociados.

Especialistas en educación y psicología advierten que la falta de supervisión en el consumo de redes sociales por parte de los menores puede derivar en la normalización de conductas violentas. “Los desafíos virales no solo exponen a los chicos a riesgos físicos, sino que también pueden fomentar dinámicas de abuso y humillación, como en este caso”, explicó la psicóloga infantil Mariana López en declaraciones a La Nación.

La respuesta institucional: ¿es suficiente?

Tras conocerse el caso, la DGE tomó medidas inmediatas para proteger a la víctima y evitar nuevos incidentes. Los tres agresores fueron trasladados a otras escuelas, mientras que el menor agredido comenzó a recibir apoyo psicológico. Sin embargo, estas acciones reavivan el debate sobre la capacidad del sistema educativo para prevenir y abordar situaciones de violencia dentro de las aulas.

El hecho de que el ataque ocurriera en plena clase, con la presencia de una docente, plantea serios interrogantes sobre los protocolos de supervisión y la formación del personal educativo para detectar y actuar ante situaciones de abuso. Según datos del Observatorio de Violencia Escolar, en Argentina se registraron más de 1.200 denuncias de agresiones graves en escuelas durante 2022, un aumento del 15% respecto al año anterior.

La inimputabilidad y el vacío legal

El caso también pone en evidencia las limitaciones del sistema judicial frente a delitos cometidos por menores de 16 años, quienes son considerados inimputables según el Código Penal argentino. Si bien la Justicia Penal de Menores abrió una investigación, los agresores no enfrentarán consecuencias penales. Esto deja a las víctimas y sus familias en una situación de desamparo, ya que las medidas se limitan al ámbito educativo y psicológico.

Organizaciones como UNICEF han señalado la necesidad de reformar el sistema de responsabilidad penal juvenil en Argentina, equilibrando la protección de los derechos de los menores con la necesidad de garantizar justicia para las víctimas. “La inimputabilidad no debe ser sinónimo de impunidad. Es fundamental implementar medidas socioeducativas que aborden las causas de estas conductas y prevengan su repetición”, afirmó un informe del organismo.

El desafío de proteger a los menores

El caso de Godoy Cruz no es un hecho aislado, sino un síntoma de problemas más profundos que atraviesan la sociedad: la influencia de las redes sociales, la falta de educación emocional en las escuelas y las limitaciones del sistema judicial para abordar la violencia juvenil. Mientras tanto, la víctima y su familia enfrentan las secuelas de un hecho que podría haberse evitado con mayor supervisión y prevención.