El oficialismo no tenía los votos para aprobar su propio proyecto, pero sí los suficientes para sepultar los de la oposición: la discusión sobre el sobreendeudamiento de las familias volvió a comisión sin que se especificara una fecha límite para dictaminar, tras una sesión que se extendió por más de 12 horas.

La maratónica sesión de la Cámara de Diputados terminó sin ninguna norma aprobada. La Libertad Avanza (LLA) buscaba sancionar un proyecto de educación financiera, pero fracasó por falta de consensos; a cambio, logró que la moción para devolver todas las iniciativas a comisión, planteada por la diputada libertaria Silvana Giudici, prosperara por 121 votos a favor y 117 en contra.

Un resultado que dependió de Córdoba

El resultado se definió por un puñado de votos. Según explicó un diputado aliado del Gobierno, los libertarios no contaban con el rechazo de los legisladores cordobeses: “El problema es que los libertarios no contaban con el rechazo de los cordobeses”, dijo. Sin embargo, los cinco diputados de Provincias Unidas cercanos al gobernador Martín Llaryora terminaron absteniéndose ante la moción del oficialismo.

Desde el peronismo lo lamentaron con una cuenta simple: “Si los cordobeses rechazaban el pase a comisión, después se caía el proyecto del oficialismo”. Es decir, la abstención cordobesa le salvó al Gobierno la sesión y le permitió bloquear las alternativas de la oposición.

El proyecto libertario: informar, pero no intervenir

La propuesta de LLA evitaba cualquier intervención en el mercado crediticio, como topes de tasas, refinanciaciones o descuentos de intereses. En línea con la concepción del presidente Javier Milei, quien aseguró que el aumento del endeudamiento es “un problema entre privados”, el texto obligaba a las entidades a informar el monto efectivamente financiado, la tasa de interés, las cuotas, las comisiones, los seguros, las consecuencias de la mora y el total a pagar.

Además, los créditos contratados por internet requerirían autenticación reforzada y doble validación de identidad, y el silencio, la inacción o las opciones marcadas por defecto no podrían considerarse consentimiento. Desde el oficialismo argumentaron que poner topes o regulaciones generaría una retracción del crédito, y compararon la situación con la Ley de Alquileres, que según su visión terminó agravando el problema.

Durante el debate, Giudici sostuvo que el problema ya se estaba resolviendo sin intervención estatal. La diputada reconoció que el crecimiento del crédito trajo un aumento de la mora, y sostuvo que hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a un crédito en la Argentina.

Lo que proponía la oposición

Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas impulsaban declarar la emergencia por 180 días y crear un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. La refinanciación aplicaría la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% sobre el costo financiero total, con hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada y cuotas que no superen el 30% de los ingresos. También se eliminarían los intereses punitorios para quienes ya hubieran entrado en mora.

El tercer dictamen, elaborado por Argentina Federal, declaraba la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros por un año, con posibilidad de prórroga por otro. Fijaba un tope a los intereses equivalente a 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central, y creaba un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. Contemplaba refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

“Cajonear”: la denuncia de la oposición

Los bloques críticos del Gobierno denunciaron que devolver los temas a comisión sin una fecha límite para dictaminar es una maniobra “burda” para “cajonear” los proyectos. Al término de la sesión, diputados del peronismo aseguraron que sus pares libertarios les reconocieron abiertamente que la idea era justamente esa.

El cruce no tardó en escalar. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, apuntó contra la libertaria: “Giudici es una embustera”. Por su parte, el radical disidente Pablo Juliano publicó en sus redes que el oficialismo no tenía los votos para imponer su dictamen, que según describió se limitaba a cursos de educación financiera, y que en comisión lo “cajonearán”.

El episodio deja una postal clara: mientras el Gobierno sostiene que el endeudamiento familiar es un asunto entre privados, ni siquiera pudo reunir los votos para aprobar su propia versión, y lo único que consiguió fue que ningún proyecto avanzara. Las familias endeudadas, que según el propio oficialismo enfrentan una mora en aumento, quedaron sin respuesta legislativa y a la espera de un nuevo dictamen sin fecha.

Lo que tenés que saber

• La sesión de Diputados se extendió por más de 12 horas y no aprobó ningún proyecto sobre endeudamiento familiar.
• La moción para devolver los proyectos a comisión, planteada por Silvana Giudici (LLA), se aprobó por 121 votos contra 117.
• Cinco diputados de Provincias Unidas cercanos a Martín Llaryora se abstuvieron en esa votación.
• La oposición proponía emergencia por 180 días o por un año, refinanciaciones y topes a las tasas; LLA planteaba solo educación financiera y transparencia de costos.
• Los bloques críticos denunciaron que el pase a comisión sin fecha límite es una maniobra para “cajonear” las iniciativas.