Judiciales ⚖️
Veredicto en el juicio por las muertes por COVID en geriátrico de Belgrano
Son cinco los imputados por homicidio culposo agravado y violación de medidas sanitarias.
El juicio contra cinco responsables del geriátrico Apart Los Incas entra en su etapa final. Diez residentes fallecieron tras un brote de coronavirus. Para una funcionaria porteña acusada, todas las partes pidieron absolución.
Este lunes al mediodía, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dará a conocer el veredicto en la causa por la muerte de diez personas mayores durante la pandemia de Covid-19 en el geriátrico Apart Los Incas, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.
Desde el 19 de mayo, el tribunal llevó adelante el juicio oral contra seis personas imputadas por el contagio masivo de 28 residentes del establecimiento. La acusación principal recae sobre los dueños del geriátrico, la directora médica y una funcionaria del Gobierno porteño.
Las acusaciones
Los imputados son Hugo Visca, Daniela Alejandra Gonzalo, Luis Daniel Megyes y Alicia Haydee Allegue —propietarios del geriátrico—, y Carla Raffo, directora médica de la institución. Los cinco fueron acusados por los delitos de homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias.
La sexta imputada es Paula Trunzo, exfuncionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acusada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, ya que tenía a su cargo la fiscalización de establecimientos geriátricos. Sin embargo, todas las partes solicitaron su absolución, y no se esperan condenas en su contra.
Durante el juicio, se presentó evidencia que indica que el geriátrico funcionaba con diversas irregularidades. También se documentó que, entre 2017 y 2020, hubo anomalías detectadas en inspecciones oficiales, aunque nunca se ordenó la clausura del lugar. Según la acusación, esa omisión habría facilitado la propagación del virus y la posterior muerte de diez residentes.
Las penas solicitadas
Durante los alegatos, las partes solicitaron penas de entre tres y ocho años de prisión para los acusados, además de inhabilitaciones para ejercer funciones vinculadas al cuidado de personas. Para Luis Megyes, se pidieron entre tres y ocho años de prisión efectiva. Para Hugo Visca y Carla Raffo, entre tres y seis años. En el caso de Daniela Gonzalo y Alicia Allegue, se solicitaron tres años de prisión.
Según declaró Sergio Federovisky, exviceministro de Ambiente y quien denunció públicamente el caso, el fallo será anunciado este lunes luego de que los imputados pronuncien sus últimas palabras ante el tribunal. En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Federovisky afirmó: “Esperamos una condena para todos”, aunque reconoció que las penas podrían ser en suspenso para algunas de las imputadas.
Un caso con fuerte carga simbólica
El caso del geriátrico Apart Los Incas se convirtió en uno de los más graves registrados durante la emergencia sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de la eventual responsabilidad penal, el juicio expuso fallas estructurales en los mecanismos de control estatal, así como las vulnerabilidades del sistema de cuidados de adultos mayores en pandemia.
Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la falta de clausura, el incumplimiento de protocolos y las deficiencias médicas generaron una cadena de contagios letales, en un contexto de extrema fragilidad sanitaria.
Policiales 🚨
Le negaron la entrada a una fiesta, golpeó a un vecino con un matafuego y baleó a su madre
El episodio ocurrió en un edificio del barrio porteño Rodrigo Bueno. El agresor recibió tres años y tres meses de prisión efectiva, aunque también se dispuso su expulsión del país tras cumplir la mitad de la condena.
Un hombre fue condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva por protagonizar dos ataques violentos en el barrio Rodrigo Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires. Primero golpeó en la cabeza a un vecino con un matafuego después de que le impidieran ingresar a una fiesta privada. Días más tarde, disparó tres veces contra la madre del joven agredido, quien resultó ilesa.
La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 del Ministerio Público Fiscal porteño. La resolución fue homologada por el juez subrogante del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 23, Ricardo Baldomar.
Le prohibieron ingresar a una fiesta y atacó a un vecino con un matafuego
El primer episodio ocurrió durante una celebración privada que se desarrollaba en el salón de usos múltiples de un edificio del barrio Rodrigo Bueno.
Según la investigación, el hombre intentó ingresar al evento, pero el organizador le negó el acceso. Frente a esa situación, tomó un matafuego que se encontraba en el hall del inmueble y golpeó en la cabeza a uno de los vecinos.
La agresión provocó lesiones leves en la víctima y dio inicio a una investigación judicial para identificar al responsable.
Días después, disparó tres veces contra la madre del joven agredido
La violencia continuó días más tarde, cuando la madre del vecino atacado se cruzó con el agresor en la calle y le reclamó por las lesiones que había sufrido su hijo.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre fue a buscar un arma de fuego y efectuó tres disparos contra la mujer. Pese a la gravedad del episodio, la víctima no resultó herida.
El segundo ataque quedó incorporado a la investigación como un hecho de abuso de armas.
La Justicia lo condenó a tres años y tres meses de prisión efectiva
La condena fue establecida mediante un juicio abreviado y contempló los delitos de lesiones leves, abuso de armas y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, conducida por Paulo Gaspani. Para identificar al responsable, los investigadores utilizaron registros audiovisuales y testimonios aportados por habitantes del barrio.
Las tareas se desarrollaron en el marco del programa Integración Barrial con la Justicia, una iniciativa del Ministerio Público Fiscal porteño que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y abordar conflictos en el territorio.
También dispusieron su expulsión de Argentina
Otro aspecto relevante de la resolución está relacionado con la situación migratoria del condenado, de nacionalidad peruana.
El hombre tenía una orden de expulsión y una prohibición de reingreso a la Argentina por ocho años, medidas dispuestas por la Dirección Nacional de Migraciones.
Por ese motivo, también se hizo lugar al extrañamiento, una figura legal que permite expulsar del país a una persona extranjera condenada una vez que cumple la mitad de la pena de prisión impuesta.
De esta manera, además de la condena de tres años y tres meses de prisión efectiva, la resolución contempla su posterior expulsión del territorio argentino.
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