Armando Osvaldo Fernández, un exoficial de la Policía de Mendoza condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, protagonizó un nuevo episodio de provocación e impunidad.

Pese a cumplir prisión domiciliaria, fue visto en la vía pública tras asistir a una audiencia en los Tribunales Federales. Allí, familiares de víctimas lo escracharon, a lo que respondió con insultos y amenazas directas: “Agradecé que estoy en cana, sino te cago a trompadas”, vociferó.

Este hecho ocurre en un contexto de creciente relajamiento en las condiciones de cumplimiento de las condenas de los represores y del avance de discursos negacionistas promovidos por el oficialismo actual, encabezado por Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel.

Un pasado marcado por crímenes atroces

Armando Fernández tuvo un rol clave en el Departamento 2 de Informaciones (D2), el mayor centro clandestino de detención y tortura de Mendoza, donde cientos de personas sufrieron persecuciones, secuestros, torturas, violaciones y desapariciones.

La histórica condena a Fernández

En 2017, Fernández recibió 15 años de prisión por la apropiación ilegal de Miriam Lourdes Fernández, nacida en la ESMA tras el secuestro de sus padres.

• Responsabilidad en desapariciones: En el juicio “Destacamento 144”, el Tribunal Oral Federal 1 lo condenó en 2022 por crímenes contra 107 personas, 61 de ellas aún desaparecidas.

• Nuevas acusaciones: Actualmente es juzgado junto a otros 27 represores por delitos contra más de 300 víctimas, en causas vinculadas al mismo CCD.

Impunidad y privilegios judiciales

El escrache de Fernández reveló la permisividad del sistema judicial con represores condenados. Aunque cumple prisión domiciliaria, se le permitió movilizarse sin custodia tras la audiencia, exponiendo una preocupante falta de control.

• Reincidencia en provocaciones: Fernández ya había protagonizado incidentes con familiares de víctimas. En este caso, amenazó e insultó, sin que haya habido medidas inmediatas en su contra.

• Fallo del tribunal: Tras el incidente, la Fiscalía solicitó que todos los acusados ingresen y egresen bajo estricta vigilancia policial, una práctica básica que se había relajado.

El negacionismo como política de Estado

El clima político impulsado por Javier Milei y Victoria Villarruel alimenta la impunidad de represores. El discurso oficial que minimiza los crímenes de la dictadura cívico-militar encuentra eco en decisiones judiciales laxas.

La vicepresidenta promueve narrativas que equiparan a las víctimas del terrorismo de Estado con sus verdugos, diluyendo las responsabilidades históricas e incluso ya juzgadas, de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Desde el inicio del gobierno, se han reforzado las críticas a los juicios por delitos de lesa humanidad, presentándolos como parte de una “venganza política”.

La resistencia de las Organizaciones de DDHH

El escrache a Fernández y la indignación generada refuerzan la lucha de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y Madres de Plaza de Mayo.

Estos colectivos denuncian no solo la impunidad de los represores, sino también la complicidad de un Estado que permite que sus condenas se flexibilicen.

El escrache del viernes dejó en evidencia que la lucha por justicia sigue siendo un terreno de disputa.

La memoria de las víctimas y la defensa de sus derechos enfrentan hoy no solo a sus verdugos, sino a un gobierno que les da cabida en su relato político.