Judiciales ⚖️
El Gobierno aceptó entregar los mensajes de Caputo y Massa en el juicio por YPF
El Gobierno notificó a la jueza estadounidense Loretta Preska que solicitará la colaboración de actuales y exintegrantes del Poder Ejecutivo —entre ellos, Sergio Massa y Luis Caputo— para acceder al contenido de sus dispositivos, en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera.
⬛ La República Argentina informó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que pedirá a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional que entreguen el contenido de sus teléfonos y comunicaciones personales, tal como lo dispuso la magistrada en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
La medida apunta a cumplir con el proceso de “discovery” (obtención de pruebas) impulsado por el fondo Burford Capital, beneficiario de la sentencia que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares.
Un pedido inusual en el caso YPF
Según el especialista en litigios internacionales Sebastián Maril, quien difundió el escrito presentado por la defensa argentina, el Gobierno pidió a Preska extender el plazo de entrega de la información hasta el 21 de noviembre.
El documento indica que se requerirá la cooperación de Luis Caputo, actual ministro de Economía, y de su antecesor, Sergio Massa, entre otros exfuncionarios vinculados a la conducción de la petrolera o a decisiones de política energética.
El pedido judicial forma parte de la estrategia de Burford Capital para intentar probar que YPF actuó como un “alter ego” del Estado argentino, es decir, que ambas entidades funcionaban de manera indistinta y que, por lo tanto, los activos de la petrolera podrían ser embargados para hacer efectivo el pago de la condena.
Qué busca demostrar la jueza Preska
El proceso de discovery habilitado por Preska apunta a recolectar mensajes, correos y comunicaciones —incluidos los realizados a través de WhatsApp u otras plataformas no oficiales— que pudieran sugerir injerencias directas del Gobierno argentino en la gestión de YPF, tales como la fijación de precios de los combustibles o decisiones estratégicas de la compañía.
La jueza busca establecer si existió una relación operativa directa entre la Casa Rosada y la petrolera, lo que permitiría extender la responsabilidad del fallo también sobre los bienes de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, ENARSA o el Banco Central.
Antecedentes del fallo
La sentencia original, dictada en 2023, condenó a la República Argentina a pagar más de US$16.000 millones a Burford Capital y Eton Park por la forma en que se ejecutó la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien la jueza Preska eximió a YPF de responsabilidad directa, los demandantes insisten en demostrar que la petrolera actuó bajo instrucciones del Estado, lo que abriría la puerta a nuevos embargos sobre activos argentinos en el exterior.
Puntos clave
- Argentina informó a la jueza Loretta Preska que pedirá a funcionarios y exfuncionarios entregar sus comunicaciones.
- Entre los mencionados figuran el actual ministro Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa.
- El país solicitó prorrogar hasta el 21 de noviembre el plazo para cumplir con el requerimiento judicial.
- Burford Capital busca probar que YPF y el Estado argentino son una misma entidad (“alter ego”).
- Si se confirma esa hipótesis, podrían embargarse activos de YPF y de otras empresas públicas.
DDHH
20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.
Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.
El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.
La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora
Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.
A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.
La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital
En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.
Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»
La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.
El gobierno que desfinancia y deroga
El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.
En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.
El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.
La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias
Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.
Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI
- La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
- Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
- La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
- El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
- El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.
Foto: Redes @LLUVIADIBUJA
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