⬛ La República Argentina informó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que pedirá a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional que entreguen el contenido de sus teléfonos y comunicaciones personales, tal como lo dispuso la magistrada en el marco del juicio por la expropiación de YPF.

La medida apunta a cumplir con el proceso de “discovery” (obtención de pruebas) impulsado por el fondo Burford Capital, beneficiario de la sentencia que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares.

Un pedido inusual en el caso YPF

Según el especialista en litigios internacionales Sebastián Maril, quien difundió el escrito presentado por la defensa argentina, el Gobierno pidió a Preska extender el plazo de entrega de la información hasta el 21 de noviembre.

El documento indica que se requerirá la cooperación de Luis Caputo, actual ministro de Economía, y de su antecesor, Sergio Massa, entre otros exfuncionarios vinculados a la conducción de la petrolera o a decisiones de política energética.

El pedido judicial forma parte de la estrategia de Burford Capital para intentar probar que YPF actuó como un “alter ego” del Estado argentino, es decir, que ambas entidades funcionaban de manera indistinta y que, por lo tanto, los activos de la petrolera podrían ser embargados para hacer efectivo el pago de la condena.

Qué busca demostrar la jueza Preska

El proceso de discovery habilitado por Preska apunta a recolectar mensajes, correos y comunicaciones —incluidos los realizados a través de WhatsApp u otras plataformas no oficiales— que pudieran sugerir injerencias directas del Gobierno argentino en la gestión de YPF, tales como la fijación de precios de los combustibles o decisiones estratégicas de la compañía.

La jueza busca establecer si existió una relación operativa directa entre la Casa Rosada y la petrolera, lo que permitiría extender la responsabilidad del fallo también sobre los bienes de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, ENARSA o el Banco Central.

Antecedentes del fallo

La sentencia original, dictada en 2023, condenó a la República Argentina a pagar más de US$16.000 millones a Burford Capital y Eton Park por la forma en que se ejecutó la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien la jueza Preska eximió a YPF de responsabilidad directa, los demandantes insisten en demostrar que la petrolera actuó bajo instrucciones del Estado, lo que abriría la puerta a nuevos embargos sobre activos argentinos en el exterior.

Puntos clave

• Argentina informó a la jueza Loretta Preska que pedirá a funcionarios y exfuncionarios entregar sus comunicaciones.
• Entre los mencionados figuran el actual ministro Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa.
• El país solicitó prorrogar hasta el 21 de noviembre el plazo para cumplir con el requerimiento judicial.
• Burford Capital busca probar que YPF y el Estado argentino son una misma entidad (“alter ego”).
• Si se confirma esa hipótesis, podrían embargarse activos de YPF y de otras empresas públicas.