Seguridad social
El Gobierno oficializó la baja de más de 27.000 Potenciar Trabajo
Según Pettovello percibían «jubilaciones o pensiones; prestación por desempleo; monotributistas categoría C o superior; trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero; fallecidos o poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad».
El Gobierno oficializó hoy la suspensión del pago del Salario Social Complementario a los titulares del programa social Potenciar Trabajo que habían sido detectados por diferentes irregularidades.
A través de resolución 13/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo resolvió suspender el pago del «Salario Social Complementario a los titulares del programa Potenciar Trabajo» a los beneficiarios «identificados en el listado que como anexo acompaña a la presente medida».
Se trata de más de 27.000 planes sociales que presentaron «incompatibilidades» en la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de ese programa social.Así lo había adelantado la semana última la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La cartera de Capital Humano había señalado en esa oportunidad que algunas de las irregularidades detectadas en los 27.208 casos dados de baja fueron que se percibían «jubilaciones o pensiones; prestación por desempleo; monotributistas categoría C o superior; trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero; fallecidos o poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad».
Esas incompatibilidades habían sido identificadas por el cruce de información entre Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys).La resolución lleva la firma de Pettovello.
Coparticipación
Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo
El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.
Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.
La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
Los tres reclamos que traban el dictamen
El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.
La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo
Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.
Las demandas de cada bloque
Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.
La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.
Las cuentas del proyecto
El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.
El reloj de las ordinarias
Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
- Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
- La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
- El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
- Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
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