DDHH
Von Wernich: el Servicio Penitenciario respaldó al genocida de la dictadura
El ex capellán de la Bonaerense pidió salidas para ver a su hermano en Corrientes; está condenado a perpetua por secuestros, torturas y asesinatos
Lo que tenés que saber
- Von Wernich fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad
- El SPF respaldó su pedido de salidas transitorias para ver a un familiar
- En 2023 intentó mudarse a un hogar sacerdotal pero no fue aceptado
- El TOF 1 pidió al SPF analizar un traslado a una cárcel en Corrientes
- Myriam Bregman recordó su rol como colaborador de centros clandestinos
Christian Von Wernich solicita salidas transitorias con respaldo penitenciario
Christian Von Wernich, ex capellán de la Policía Bonaerense, condenado en 2007 por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, pidió autorización para salir de prisión y visitar a su hermano en Corrientes. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) apoyó su solicitud y propuso que se le permita salir durante 24 horas cada dos meses, contemplando el tiempo de viaje desde la unidad penal donde se encuentra.
Actualmente está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo y cumple una condena a prisión perpetua por 34 secuestros, 31 casos de torturas y siete homicidios calificados. Su detención se remonta al 25 de septiembre de 2003.

El TOF 1 pidió evaluar un traslado a Corrientes
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, responsable de su condena, requirió al SPF un informe sobre la posibilidad de trasladarlo a una unidad penitenciaria en Corrientes. El objetivo es evitar traslados extensos en caso de que se autoricen las visitas familiares. Esta decisión queda sujeta a la opinión de la fiscalía y las querellas, quienes deberán expedirse antes de que el tribunal resuelva.
El SPF depende del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, lo que ubica al Gobierno nacional en el centro de la escena ante el posible otorgamiento del beneficio.

Precedente en 2023: pedido rechazado por una institución religiosa
En julio de 2023, Von Wernich ya había solicitado una reubicación. Pidió “ser alojado en un hogar sacerdotal en un ámbito eclesiástico”, pero la institución convocada rechazó recibirlo. A pesar de esa negativa, ahora vuelve a insistir con una salida limitada, esta vez con destino familiar.
Crímenes durante la dictadura: condena firme por delitos de lesa humanidad
Von Wernich fue encontrado responsable por su actuación dentro del denominado “Circuito Camps”, y vinculado a centros clandestinos como COTI Martínez y Puesto Vasco. Su rol como sacerdote en esos espacios fue eje de diversas denuncias durante el juicio.
Myriam Bregman, querellante en la causa, recordó que “usaba su condición de cura para obtener datos bajo tortura” y lo señaló como “pieza fundamental” en centros de detención ilegales. Además, afirmó: “Von Wernich fue uno de los que instauró la versión de que ‘los desaparecidos estaban en Europa’… luego él mismo participaba de las torturas y asesinatos”.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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