Una llamada anónima al 911 denunció la presencia de un artefacto explosivo en la Casa Rosada y desencadenó, de manera simultánea, un protocolo de emergencia en la sede del Gobierno nacional y en la Quinta presidencial de Olivos, donde se encontraba el presidente Javier Milei. Los equipos antibombas recorrieron todo el perímetro de ambas dependencias sin hallar ningún elemento sospechoso.

La amenaza y el operativo

El viernes 27 de junio, una persona sin identificar realizó una llamada al 911 e informó sobre la supuesta presencia de una bomba en la Casa Rosada. La comunicación disparó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes, que contemplan la activación simultánea de medidas preventivas en todos los espacios gubernamentales sensibles donde pueda encontrarse el jefe de Estado.

Dado que el presidente Javier Milei se hallaba en la Quinta de Olivos al momento de producirse la amenaza, el mayor despliegue operativo se concentró sobre la calle Villate, la arteria de acceso principal a la residencia presidencial. Los móviles policiales se posicionaron a lo largo de todo el perímetro del predio y los efectivos desplegaron perros adiestrados en la detección de explosivos. El resultado del rastrillaje fue negativo: no se encontró ningún artefacto ni elemento sospechoso.

De manera paralela, se ejecutó el mismo protocolo en la Casa Rosada, con resultados igualmente negativos, según confirmaron fuentes oficiales. En ningún momento fue necesario evacuar al presidente del lugar donde se encontraba.

Un fenómeno recurrente con consecuencias legales

Las amenazas de bomba contra edificios e instituciones del Estado argentino no constituyen un hecho aislado. En los últimos meses, alertas similares se registraron en el Congreso de la Nación, en la sede del Ministerio de Economía y en las inmediaciones del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros edificios públicos. En todos los casos, el resultado de los operativos desplegados fue negativo.

Desde el punto de vista jurídico, este tipo de comunicaciones se encuadra bajo la figura de intimidación pública, prevista en el Código Penal argentino. Las investigaciones por este delito quedan habitualmente a cargo de la justicia federal, que procura identificar el origen de las llamadas y determinar si existe detrás alguna organización o motivación específica. Hasta el cierre de esta nota, no se había informado sobre ninguna detención ni se había identificado al responsable de la llamada.

Puntos clave

• Una llamada anónima al 911 denunció una bomba en la Casa Rosada y activó el protocolo de seguridad presidencial.
• El operativo se desplegó de forma simultánea en la sede del Gobierno y en la Quinta de Olivos, donde estaba el presidente Milei.
• Los perros adiestrados rastrillaron todo el perímetro de ambas dependencias sin hallar ningún artefacto.
• No fue necesario evacuar al presidente ni a ninguna otra autoridad.
• El hecho se investiga bajo la figura de intimidación pública en el fuero federal; no hubo detenidos.