Judiciales ⚖️
Inició nuevo juicio por la megacausa ESMA: el imputado se negó a declarar
José Luis Guarrochena, se negó a declarar hoy en el inicio de uno de los juicios orales y públicos que se desarrollan como parte del quinto tramo de la megacausa ESMA.
El exteniente de navío y exintegrante del Servicio de Inteligencia Naval José Luis Guarrochena, se negó a declarar hoy en el inicio de uno de los juicios orales y públicos que se desarrollan como parte del quinto tramo de la megacausa ESMA, de lesa humanidad, y que está a cargo del Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires.
«Me negare a declarar en esta oportunidad sin perjuicio de hacerlo más adelante», afirmó Guarrochena, acusado en este proceso al dirigirse -de forma virtual desde su lugar de detención- a los magistrados Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Fernando Canero.
Sin embargo, los jueces resolvieron incorporar en el proceso declaraciones indagatorias formuladas por el acusado en 2018, cuando aseguró que no tenía «nada que ver» con la lucha «contra la subversión» y se refirió en repetidas oportunidades a su «trabajo en el marco de la Guerra de Malvinas».
«Entre el 4 de marzo 1977 y 9 de febrero de 1978 no estuve en la ESMA. Si en el Servicio de Inteligencia Naval», sostuvo Guarrochena, quien es imputado en este tramo de la megacausa por la comisión de crímenes en perjuicio de 1.020 víctimas durante la última dictadura cívico militar.
En esas declaraciones, el imputado aseguró haber asistido por primera vez a la ESMA «por una documentación», y aseveró desconocer si en esa unidad de la Armada, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención ilegal de la Capital Federal, se hubieran desarrollado tareas «contra la subversión».
Guarrochena contó en otra de esas indagatorias que entre el 17 de diciembre de 1981 fue enviado a cumplir tareas en el Servicio de Inteligencia de la Armada, pero adujo que, «por problemas de mudanza», no asistió a ese destino.
«Asumí en enero de 1982 como jefe de comunicaciones de la ESMA, donde «tenía una oficina» y la misión de «analizar las comunicaciones» en el marco de la Guerra de Malvinas.
La audiencia finalizó con un cuarto intermedio hasta el próximo 5 de julio, a las 9,30 cuando, declararán como testigos la Defensora del Público, Miriam Lewin; Paula Ariana Segal y Alejandro Juan Clara.
El juicio comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación presentados en 2019, y tomó la palabra el secretario del tribunal, Alejandro Falcioni, quien contextualizó los delitos que se analizan, que consistieron «no sólo en la reiterada violación de los derechos humanos, sino que por su escala, volumen y gravedad, constituyeron crímenes de lesa humanidad».
Falcioni recordó que las actuaciones ilegales se dividieron en «cinco zonas» y que la ESMA funcionó «como centro clandestino de detención» al tiempo que «los relatos de los sobrevivientes permiten ubicar en el espacio los distintos sectores donde se desarrollaban» los hechos de represión ilegal y terrorismo de Estado.
«Esas tareas se estructuraban en tres sectores, inteligencia, operaciones y logística», añadió el secretario del Tribunal.
Guarrochena está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada en 355 hechos e imposición de tormentos agravados en 399 hechos, homicidio agravado en 89 hechos, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad en 45 hechos.
El exmarino prestó funciones en la jefatura de Inteligencia del Servicio de Inteligencia Naval (SIIN) y también en la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN) del Estado Mayor General de la Armada, informó la Secretaría de Derechos Humanos.
Guarrachena también se desempeñó en áreas de contrainteligencia y como enlace con la jefatura de Inteligencia del Ejército y con el Batallón 601.
En la etapa de instrucción, sobrevivientes de la ESMA lo reconocieron con el alias «Raúl» y bajo el nombre falso de «Carlos Alberto Encina».
En este punto, en la lectura de la declaración del 2018, el acusado sostuvo que, «no tenía conocimiento de ese nombre», palabras que fueron releídas en la audiencia de hoy.
No obstante, las víctimas declararon haberlo visto en varios períodos durante la última dictadura, en los que actuó en las áreas de Inteligencia y de Operaciones del grupo de tareas que funcionaba en ese centro clandestino de detención.
En este juicio se debería haber juzgado a otros tres imputados: Carlos Alberto Bengoechea, Juan José Lombardo y Gerardo Enrique Ferrer, pero fallecieron antes de iniciarse el debate.
Ferrer, exjefe de la Compañía B de Ceremonial de la ESMA, estaba acusado por 372 hechos e imputado como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en 335 casos; imposición de tormentos agravados en 273 casos; homicidio agravado en 111, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años en 39 hechos.
Las audiencias se llevarán a cabo los miércoles a las 9.30 bajo modalidad mixta, presencial en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py y virtual por la plataforma zoom del Consejo de la Magistratura, informaron oficialmente.
En tanto, las audiencias de lectura de requerimiento y los alegatos se transmitirán por el canal de la plataforma YouTube del Consejo de la Magistratura.
DDHH
Represión en la Marcha Federal Universitaria: gases, balas de goma y decenas de detenidos
La quinta marcha llenó en paz la plaza y las calles del centro para exigir que Milei cumpla la ley, y terminó bajo gases, hidrantes y balas de goma. Asistentes denunciaron infiltrados. La oposición habló de «violencia estatal»; el Gobierno, de «los mismos violentos de siempre».
La universidad pública volvió a desbordar las calles y el Gobierno respondió con represión. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y sobre el final de la tarde las fuerzas de seguridad la dispersaron con gases, hidrantes y balas de goma, en una jornada que terminó con decenas de detenidos.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, describió en declaraciones a la prensa una «movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes», y aseguró que «más de un millón de personas en todo el país» se movilizó. Horas antes, adentro del Palacio Legislativo, la oposición no había conseguido el quórum para tratar la derogación del DNU 70/23, como informó este diario.
Cómo empezó la represión
La marcha se desarrollaba sin inconvenientes hasta pasadas las 15.30. A esa hora, un grupo reducido de personas con el rostro cubierto rompió baldosas y bancos de cemento de la plaza y arrojó los restos hacia el vallado del Palacio Legislativo, según las imágenes difundidas durante la jornada. La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad activaron el protocolo de dispersión y avanzaron sobre la plaza con gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y disparos con balas de goma. El operativo alcanzó a quienes se manifestaban de manera pacífica: los gases llegaron hasta el escenario del acto central y hasta el Anexo de Diputados, donde afectaron a empleados del edificio. Los focos se extendieron por Entre Ríos, Rivadavia y Callao, y la lluvia que empezó minutos después terminó de desconcentrar la plaza.
Las organizaciones convocantes hicieron igual el acto central. «El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes», relató Yacobitti.
La denuncia de infiltrados
Asistentes a la marcha denunciaron que los encapuchados eran infiltrados ajenos a la movilización. El canal C5N registró en vivo a un hombre con el rostro cubierto que sacaba bolsas de una mochila en el centro de la plaza: cuando el movilero Adrián Salonia intentó entrevistarlo, el hombre golpeó en la cara al camarógrafo Carlos Sjodin, que sufrió un corte en el labio. Una manifestante aclaró frente a la cámara que el agresor no era estudiante, y otro joven dijo que «la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización». Hasta el momento no se informó la identidad ni la pertenencia de esas personas.
Heridos y detenidos
Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, resultaron heridos con elementos contundentes cuatro gendarmes, dos policías federales y dos efectivos de Prefectura. El SAME asistió a un hombre que no necesitó traslado, a una mujer de 57 años con sospecha de ACV, que fue llevada al Hospital Ramos Mejía, y se pidió una ambulancia para otra mujer con dificultad respiratoria. Entre los manifestantes también hubo personas golpeadas por cápsulas de gas.
Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis detenidos en las inmediaciones del Congreso, entre ellos un chico de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. De acuerdo con La Nación, el adolescente fue detenido cerca de las 17.15 en Montevideo y Bartolomé Mitre, acusado de arrojar piedras contra un móvil policial cuando la marcha ya había terminado. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó además otros 25 detenidos en las cabeceras ferroviarias. Con esas dos cifras oficiales, el total llegó a al menos 31. La cartera anticipó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
«La violencia es estatal»
La oposición apuntó directamente contra el operativo. «Hubo una provocación», planteó ante la prensa el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que bajó del recinto. «La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión», agregó.
«Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta», escribió en X la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) resumió la jornada: «Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria». Y sentenció: «Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla». Pablo Juliano, de la misma bancada, contó que «terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados» y opinó: «El Gobierno necesita construir una escena negativa».
«Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así», dijo una persona que participó de la marcha.
La respuesta oficial
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video con imágenes de los encapuchados y, sin distinguir entre ellos y la multitud que marchaba, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos». «El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia», sostuvo, y cerró: «En Argentina, nadie está por encima de la ley». El asesor presidencial Santiago Caputo fue más lejos en X: apuntó contra «los zurdos», dijo que «la única táctica que tienen es infundir terror» y agregó: «Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza».
Yacobitti le contestó a la ministra con sus propias palabras: «Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos». El vicerrector puso el foco donde el Gobierno no quiere: «El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?».
El documento: «la universidad pública no es el problema»
En el acto se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones, bajo la consigna «la educación, la soberanía y la democracia». El texto advirtió que las universidades «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene», denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y respaldó la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% sobre el proyecto oficial.
También denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, rechazó el DNU 70/23 y reivindicó la gratuidad, la autonomía, el cogobierno y el ingreso irrestricto. «Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», concluyó.
La foto que el Gobierno eligió difundir fue la de las piedras; la que dejó la jornada fue la de una multitud pacífica que, por quinta vez, salió a pedir que se cumpla una ley y terminó bajo los gases. En plena marcha, además, la Cámara frenó la multa diaria que el juez Martín Cormick le había fijado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ese incumplimiento, como informó este diario.
Lo que tenés que saber:
- La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso; la UBA habló de «cientos de miles» de personas.
- Pasadas las 15.30, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases, hidrantes y balas de goma, tras los destrozos de un grupo reducido de encapuchados.
- Asistentes denunciaron que esos encapuchados eran infiltrados; uno de ellos golpeó a un camarógrafo de C5N.
- La Ciudad informó seis detenidos, entre ellos un chico de 14 años, y Nación otros 25; Seguridad reportó ocho efectivos heridos.
- La oposición habló de «violencia estatal»; Monteoliva culpó a «los mismos violentos de siempre».
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