Conectate con El Argentino

Judiciales ⚖️

Inició nuevo juicio por la megacausa ESMA: el imputado se negó a declarar

José Luis Guarrochena, se negó a declarar hoy en el inicio de uno de los juicios orales y públicos que se desarrollan como parte del quinto tramo de la megacausa ESMA.

Publicado hace

#

El exteniente de navío y exintegrante del Servicio de Inteligencia Naval José Luis Guarrochena, se negó a declarar hoy en el inicio de uno de los juicios orales y públicos que se desarrollan como parte del quinto tramo de la megacausa ESMA, de lesa humanidad, y que está a cargo del Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

«Me negare a declarar en esta oportunidad sin perjuicio de hacerlo más adelante», afirmó Guarrochena, acusado en este proceso al dirigirse -de forma virtual desde su lugar de detención- a los magistrados Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Fernando Canero.

Sin embargo, los jueces resolvieron incorporar en el proceso declaraciones indagatorias formuladas por el acusado en 2018, cuando aseguró que no tenía «nada que ver» con la lucha «contra la subversión» y se refirió en repetidas oportunidades a su «trabajo en el marco de la Guerra de Malvinas».

«Entre el 4 de marzo 1977 y 9 de febrero de 1978 no estuve en la ESMA. Si en el Servicio de Inteligencia Naval», sostuvo Guarrochena, quien es imputado en este tramo de la megacausa por la comisión de crímenes en perjuicio de 1.020 víctimas durante la última dictadura cívico militar.

En esas declaraciones, el imputado aseguró haber asistido por primera vez a la ESMA «por una documentación», y aseveró desconocer si en esa unidad de la Armada, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención ilegal de la Capital Federal, se hubieran desarrollado tareas «contra la subversión».

Guarrochena contó en otra de esas indagatorias que entre el 17 de diciembre de 1981 fue enviado a cumplir tareas en el Servicio de Inteligencia de la Armada, pero adujo que, «por problemas de mudanza», no asistió a ese destino.

«Asumí en enero de 1982 como jefe de comunicaciones de la ESMA, donde «tenía una oficina» y la misión de «analizar las comunicaciones» en el marco de la Guerra de Malvinas.

La audiencia finalizó con un cuarto intermedio hasta el próximo 5 de julio, a las 9,30 cuando, declararán como testigos la Defensora del Público, Miriam Lewin; Paula Ariana Segal y Alejandro Juan Clara.

El juicio comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación presentados en 2019, y tomó la palabra el secretario del tribunal, Alejandro Falcioni, quien contextualizó los delitos que se analizan, que consistieron «no sólo en la reiterada violación de los derechos humanos, sino que por su escala, volumen y gravedad, constituyeron crímenes de lesa humanidad».

Falcioni recordó que las actuaciones ilegales se dividieron en «cinco zonas» y que la ESMA funcionó «como centro clandestino de detención» al tiempo que «los relatos de los sobrevivientes permiten ubicar en el espacio los distintos sectores donde se desarrollaban» los hechos de represión ilegal y terrorismo de Estado.

«Esas tareas se estructuraban en tres sectores, inteligencia, operaciones y logística», añadió el secretario del Tribunal.

Guarrochena está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada en 355 hechos e imposición de tormentos agravados en 399 hechos, homicidio agravado en 89 hechos, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad en 45 hechos.

El exmarino prestó funciones en la jefatura de Inteligencia del Servicio de Inteligencia Naval (SIIN) y también en la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN) del Estado Mayor General de la Armada, informó la Secretaría de Derechos Humanos.

Guarrachena también se desempeñó en áreas de contrainteligencia y como enlace con la jefatura de Inteligencia del Ejército y con el Batallón 601.

En la etapa de instrucción, sobrevivientes de la ESMA lo reconocieron con el alias «Raúl» y bajo el nombre falso de «Carlos Alberto Encina».

En este punto, en la lectura de la declaración del 2018, el acusado sostuvo que, «no tenía conocimiento de ese nombre», palabras que fueron releídas en la audiencia de hoy.

No obstante, las víctimas declararon haberlo visto en varios períodos durante la última dictadura, en los que actuó en las áreas de Inteligencia y de Operaciones del grupo de tareas que funcionaba en ese centro clandestino de detención.

En este juicio se debería haber juzgado a otros tres imputados: Carlos Alberto Bengoechea, Juan José Lombardo y Gerardo Enrique Ferrer, pero fallecieron antes de iniciarse el debate.

Ferrer, exjefe de la Compañía B de Ceremonial de la ESMA, estaba acusado por 372 hechos e imputado como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en 335 casos; imposición de tormentos agravados en 273 casos; homicidio agravado en 111, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años en 39 hechos.

Las audiencias se llevarán a cabo los miércoles a las 9.30 bajo modalidad mixta, presencial en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py y virtual por la plataforma zoom del Consejo de la Magistratura, informaron oficialmente.

En tanto, las audiencias de lectura de requerimiento y los alegatos se transmitirán por el canal de la plataforma YouTube del Consejo de la Magistratura.

Judiciales ⚖️

Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado

Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Pity Álvarez.

El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.

El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.

Cuatro disparos y ninguna agresión previa

Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.

Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.

El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.

Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.

Una pena en la mitad de la escala

El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.

La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.

El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
  • Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
  • Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
  • La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
  • La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas