Una advertencia transversal contra una medida polémica

Exministros de Defensa de la Nación de distintos signos políticos manifestaron su preocupación ante la decisión del actual titular de la cartera, Luis Petri, de habilitar la participación de militares en tareas de seguridad interior. A través de una carta pública, recordaron que la ley de Defensa Nacional, sancionada en 1988 y reglamentada en 2006, prohíbe expresamente ese tipo de intervención.

Entre los firmantes se encuentran Nilda Garré, Agustín Rossi, Jorge Taiana y Oscar Aguad, quienes alertaron que la utilización de las Fuerzas Armadas en conflictos internos “desnaturaliza” su rol específico y “debilita el sistema democrático”. El texto también destacó que la seguridad pública corresponde a las fuerzas policiales y de seguridad, no al instrumento militar, que debe estar reservado para amenazas externas.

Contexto político y antecedentes peligrosos

La medida impulsada por Petri se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno de Javier Milei. En sintonía con las posturas de la ministra Patricia Bullrich, el Ministerio de Defensa anunció cambios en las reglas de actuación militar, lo que incluye posibles despliegues en apoyo de fuerzas de seguridad federales frente a amenazas del crimen organizado y del narcotráfico.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos en defensa advirtieron que, bajo el pretexto de nuevas amenazas, se corre el riesgo de vulnerar principios básicos de la institucionalidad democrática. “El empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior sólo es admisible bajo condiciones excepcionales y debidamente reguladas”, expresaron desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

La referencia histórica es inevitable: durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), las Fuerzas Armadas intervinieron en la represión interna, con las consecuencias trágicas que aún marcan la memoria colectiva argentina.

El silencio oficial y las críticas desde la oposición

Hasta el momento, ni Luis Petri ni otros funcionarios del Ejecutivo nacional respondieron formalmente a la carta. Sin embargo, la medida fue celebrada por sectores alineados con posturas de “mano dura” y criticada con dureza por bloques opositores como Unión por la Patria y la izquierda.

Desde la bancada liderada por Germán Martínez en Diputados señalaron que “el Gobierno de Milei no sólo ataca los derechos sociales, sino también los cimientos del Estado de derecho”. A su vez, referentes de organismos de derechos humanos recordaron que existe un consenso democrático amplio respecto de la no intervención militar en asuntos de seguridad interior, surgido tras el retorno de la democracia en 1983.

Un debate que trasciende gestiones

La carta de los exministros refleja una advertencia que atraviesa gestiones de distintos colores políticos. Tanto funcionarios de gobiernos kirchneristas como de administraciones radicales o macristas coincidieron en rechazar el uso de las Fuerzas Armadas para tareas que competen exclusivamente a las policías y gendarmerías.

En ese sentido, recordaron que tanto la ley de Defensa como la de Seguridad Interior de 1991 establecen un marco claro que busca evitar la militarización de la vida política interna. Según los firmantes, “desdibujar esa frontera puede tener consecuencias gravísimas” para la calidad democrática del país.

Puntos clave:

• Exministros de Defensa cuestionaron a Luis Petri por habilitar el uso de militares en seguridad interior.
• Advirtieron que la medida contradice la ley de Defensa Nacional y debilita la democracia.
• Organismos de derechos humanos alertaron sobre el riesgo de vulnerar principios básicos de institucionalidad.
• La oposición política también criticó la iniciativa y pidió respetar los consensos democráticos surgidos en 1983.
• El Gobierno nacional aún no respondió formalmente a las críticas.