Judiciales ⚖️
Acusan a 3 policías de Rosario de encubrir a los autores de 6 balaceras con amenazas al gobernador
Los acusados, que fueron imputados hoy con prisión preventiva por dos años, se desempeñan en el Comando Radioeléctrico en dos casos, y el tercero presta servicios en el Centro de Justicia Penal.
Tres policías de la ciudad santafesina de Rosario fueron imputados hoy por encubrir a los autores de seis balaceras con amenazas al gobernador, Maximiliano Pullaro, y “plantar” las tres armas utilizadas en esos hechos al chofer del jefe de una banda narco antagónica que fue asesinado ayer, informaron fuentes judiciales
Los acusados, que fueron imputados hoy con prisión preventiva por dos años, se desempeñan en el Comando Radioeléctrico en dos casos, y el tercero presta servicios en el Centro de Justicia Penal.
“La gravedad institucional que estamos viendo es inusitada, porque están encubriendo seis hechos de balaceras que tienen mensajes amenazantes contra el gobernador y contra las Tropas de Operaciones Especiales (TOE)”, dijo tras la audiencia el fiscal del caso, Franco Carbone.
De acuerdo a la acusación presentada hoy por el fiscal, los policías Marcos Molina; Damián Gerardo Ruiz y Lisandro Emanuel Vera pergeñaron el encubrimiento de los verdaderos autores de las balaceras a edificios públicos y particulares, con el objetivo de acusar falsamente a miembros de otra banda narco identificada como “el clan Tripi”.
Los ataques armados que los policías habrían encubierto fueron el del cajero de una sucursal del banco Macro (12 de diciembre pasado); el hospital de Emergencias local (13 de diciembre); la seccional 19na (el 27 del mismo mes); la sede de las TOE (ocurrida el 20 de enero); la balacera a un domicilio particular (22 enero) y a una estación de servicios, registrada el 23 del mes pasado.
Según la acusación de Carbone, las tres armas utilizadas en esas seis balaceras –en cinco de las cuales los autores dejaron carteles amenazantes dirigidos al gobernador santafesino y a la policía- aparecieron en manos de un hombre llamado Alexis Chávez Mansilla el 31 de enero pasado, durante un procedimiento policial.
Chávez Mansilla, pariente de Claudio “Morocho” Mansilla, un hombre condenado por homicidios y tráfico de drogas, fue imputado por el Carbone y estuvo siete días detenidos, hasta que el fiscal advirtió que se trataba de una trama montada por los policías imputados hoy.
El fiscal le atribuyó a Marcos Molina haber sido quien recibió las tres armas usadas en los atentados, de manos de los propios autores: una pistola Tauro calibre .40; una Bersa semiautomática calibre .380 y una 9mm marca Taurus.
Según la investigación, el 30 de enero último Molina le entregó las armas junto con la tapa de una caja de zapatillas que tenía inscripta amenazas, a sus colegas Ruiz y Vera, quienes al día siguiente simularon un procedimiento en el que detuvieron con las pistolas a Chávez Mansilla.
“Con el objeto de que éstos simulen un procedimiento de identificación, requisa y secuestro falsos, imputando falsamente la comisión de los mismos a un tercero ajeno a los hechos, desviando de esta forma mendaz y maliciosamente el accionar de la justicia”, sostuvo el fiscal durante la audiencia.
En la misma línea, agregó que “la conducta desplegada tuvo la clara finalidad de infundir temor y conmoción pública”, no solo por los medios empleados sino “también en creación de un procedimiento policial mentiroso con el secuestro de tres armas de guerra y una nota dirigida a la TOE, con mención al gobernador de la provincia, a sabiendas de que ello generaría una mayor visibilidad y difusión en los medios masivos de comunicación”.
Según voceros de la investigación, la persona escogida para “plantarle” las armas no fue al azar, atento a que es familiar de Mansilla y chofer de uno de los miembros del clan Tripi, Leonel Ariel, quien ayer fue asesinado de tres disparos en Cerrito al 5500 de Rosario, la zona que según fuentes judiciales administra la familia desde hace años para la venta de drogas al menudeo.
Si bien no brindó precisiones en la audiencia, el fiscal sostuvo luego en rueda de prensa que los policías habrían actuado a cambio de dinero.
“Se habla de 5 millones, otros dicen 3 millones”, señaló.
La jueza de la causa, María Carrara, aceptó la imputación y dictó prisión preventiva por dos años para los tres acusados.
Defensa
Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.
Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.
La ingeniería del fraude
Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.
Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.
Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones
La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.
En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.
La respuesta institucional y sus límites
El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.
El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.
Lo que tenés que saber
- Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.
- La maniobra irregular involucra la acreditación de haberes y viáticos falsos por cerca de 938 millones de pesos entre julio de 2022 y enero de 2026.
- La denuncia penal apunta a 23 personas en total, incluyendo civiles sin vínculo con la fuerza que cobraron sumas millonarias.
- El capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, fue apartado porque su esposa percibió 152,2 millones de pesos en 46 acreditaciones irregulares.
- La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.
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