Tres policías de la ciudad santafesina de Rosario fueron imputados hoy por encubrir a los autores de seis balaceras con amenazas al gobernador, Maximiliano Pullaro, y “plantar” las tres armas utilizadas en esos hechos al chofer del jefe de una banda narco antagónica que fue asesinado ayer, informaron fuentes judiciales

Los acusados, que fueron imputados hoy con prisión preventiva por dos años, se desempeñan en el Comando Radioeléctrico en dos casos, y el tercero presta servicios en el Centro de Justicia Penal.

“La gravedad institucional que estamos viendo es inusitada, porque están encubriendo seis hechos de balaceras que tienen mensajes amenazantes contra el gobernador y contra las Tropas de Operaciones Especiales (TOE)”, dijo tras la audiencia el fiscal del caso, Franco Carbone.

De acuerdo a la acusación presentada hoy por el fiscal, los policías Marcos Molina; Damián Gerardo Ruiz y Lisandro Emanuel Vera pergeñaron el encubrimiento de los verdaderos autores de las balaceras a edificios públicos y particulares, con el objetivo de acusar falsamente a miembros de otra banda narco identificada como “el clan Tripi”.

Los ataques armados que los policías habrían encubierto fueron el del cajero de una sucursal del banco Macro (12 de diciembre pasado); el hospital de Emergencias local (13 de diciembre); la seccional 19na (el 27 del mismo mes); la sede de las TOE (ocurrida el 20 de enero); la balacera a un domicilio particular (22 enero) y a una estación de servicios, registrada el 23 del mes pasado.

Según la acusación de Carbone, las tres armas utilizadas en esas seis balaceras –en cinco de las cuales los autores dejaron carteles amenazantes dirigidos al gobernador santafesino y a la policía- aparecieron en manos de un hombre llamado Alexis Chávez Mansilla el 31 de enero pasado, durante un procedimiento policial.

Chávez Mansilla, pariente de Claudio “Morocho” Mansilla, un hombre condenado por homicidios y tráfico de drogas, fue imputado por el Carbone y estuvo siete días detenidos, hasta que el fiscal advirtió que se trataba de una trama montada por los policías imputados hoy.

El fiscal le atribuyó a Marcos Molina haber sido quien recibió las tres armas usadas en los atentados, de manos de los propios autores: una pistola Tauro calibre .40; una Bersa semiautomática calibre .380 y una 9mm marca Taurus.

Según la investigación, el 30 de enero último Molina le entregó las armas junto con la tapa de una caja de zapatillas que tenía inscripta amenazas, a sus colegas Ruiz y Vera, quienes al día siguiente simularon un procedimiento en el que detuvieron con las pistolas a Chávez Mansilla.

“Con el objeto de que éstos simulen un procedimiento de identificación, requisa y secuestro falsos, imputando falsamente la comisión de los mismos a un tercero ajeno a los hechos, desviando de esta forma mendaz y maliciosamente el accionar de la justicia”, sostuvo el fiscal durante la audiencia.

En la misma línea, agregó que “la conducta desplegada tuvo la clara finalidad de infundir temor y conmoción pública”, no solo por los medios empleados sino “también en creación de un procedimiento policial mentiroso con el secuestro de tres armas de guerra y una nota dirigida a la TOE, con mención al gobernador de la provincia, a sabiendas de que ello generaría una mayor visibilidad y difusión en los medios masivos de comunicación”.

Según voceros de la investigación, la persona escogida para “plantarle” las armas no fue al azar, atento a que es familiar de Mansilla y chofer de uno de los miembros del clan Tripi, Leonel Ariel, quien ayer fue asesinado de tres disparos en Cerrito al 5500 de Rosario, la zona que según fuentes judiciales administra la familia desde hace años para la venta de drogas al menudeo.

Si bien no brindó precisiones en la audiencia, el fiscal sostuvo luego en rueda de prensa que los policías habrían actuado a cambio de dinero.

“Se habla de 5 millones, otros dicen 3 millones”, señaló.

La jueza de la causa, María Carrara, aceptó la imputación y dictó prisión preventiva por dos años para los tres acusados.