Judiciales ⚖️
Condenas a banda de poliextorsionadores
Un grupo de 12 efectivos de la Policía bonaerense recibieron penas de entre 5 y 7 años de prisión, al ser hallado culpables de conformar una asociación ilícita que exigían coimas a feriantes de La Salada, dueños de corralones y talleres mecánicos del partido de Esteban Echeverría, entre otros delitos
Una banda de poliextorsionadores, que se desempeñaba en la comisaría 10ma. de Lomas de Zamora y en la DDI de Avellaneda-Lanús, fueron condenados por integrar una asociación ilícita que amenazaba y cobraba coimas a feriantes de La Salada, además de exigir pagos ilegales a comerciantes, liberar zonas para el accionar de asaltantes y manejar el negocio de los trapitos, entre otros delitos.
El veredicto alcanzó a cuatro comisarios y otros oficiales, pero solo uno de ellos por efecto de otra causa por abuso sexual irá a la cárcel, ya que el resto permanecerá en libertad hasta que el fallo quede firme. En la causa hay dos prófugos y otro policía admitió su autoría en los hechos recibiendo una pena de dos años en un juicio abreviado.
Tras el juicio, en el que declararon varios de los damnificados por estas extorsiones que se extendieron a lo largo de varios meses entre 2016 y 2018 hasta que las denuncias dieron lugar a una investigación conjunta, el Tribunal Oral Criminal Nro. 7 de Lomas de Zamora condenó a los doce imputados, tal como lo había solicitado la Fiscalía y desestimando los pedidos de absolución de los abogados defensores.
A pesar de recibir penas más bajas que las solicitadas en su alegato por el fiscal Sebastián Scalera, la banda de poliextorsionadores resultó condenada por “asociación ilícita, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ocultamiento de pruebas y encubrimiento agravado”, de acuerdo a lo consignado por el portal DiarioConurbano.com, donde se detalla que uno de los imputados (el comisario mayor Carlos Gómez) fue sentenciado por “abuso sexual agravado”, en perjuicio de uno de sus hijos y es el único que fue enviado a la cárcel.
Además de recibir inhabilitaciones para ejercer cargos como funcionarios públicos, en el veredicto se condenó a Carlos Gómez, Esteban Lofeudo, Marcelo Maurino, Ubaldo Fuenzalida y Rodolfo Morán a 7 años de prisión, Bruno Shporluk recibió una pena de 6 años y medio, Cristóbal González y Alberto Tévez ambos de 6 años, Roberto Romero y José María Mattos a 5 años y 6 meses y Eduardo Moya y Rubén Cañete a 5 años.
Mientras que en la causa continúan prófugos los ex policías Matías Gómez y Horacio Nicolini y cabe recordar que, durante un juicio abreviado, otro de los acusados, Cristian Aníbal, acordó una pena de dos años de prisión en suspenso.
Todos los delitos que cometió la banda ocurrieron en las localidades de Ingeniero Budge, Claypole y distintos barrios del partido de Esteban Echeverría. Consistían, básicamente, en la exigencia de pago de coimas que cobraban con regularidad para “permitir trabajar” a los feriantes, dueños de talleres mecánicos, corralones de materiales y otros comercios, además de manejar el “negocio” del estacionamiento y “protección de seguridad”, como así también “liberar zonas” para que se cometan asaltos a mano armada.
Denuncia
Oro del BCRA: piden allanar el Banco Central y apuntan al Deutsche Bank
El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili y pidió secuestrar los servidores y correos del BCRA para rastrear sus comunicaciones con el Deutsche Bank, posible contraparte de las operaciones que, según la AGN, dejaron pérdidas por US$ 1.023 millones. El BCRA sostiene que hubo ganancia neta.
El pedido más drástico hasta ahora en la causa por el oro de las reservas apunta al corazón del Banco Central: que la Justicia allane la entidad y secuestre sus servidores y casillas de correo institucional.
El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por las operaciones con las reservas de oro. La nueva presentación se hizo luego de que se reveló que el Deutsche Bank, entidad en la que trabajaron ambos funcionarios, habría participado como contraparte en las operaciones que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), dejaron pérdidas de US$ 1.023 millones al Banco Central. La investigación está en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Qué pidió Dalbón
El abogado solicitó que se secuestren los servidores y las casillas de correo institucional del BCRA para determinar las comunicaciones con el Deutsche Bank. El pedido alcanza también a las casillas de la presidencia y del Directorio, y a los registros de acceso y modificación vinculados con esa documentación.
En el escrito, Dalbón sostuvo que “la prueba esencial de esta causa es documental y electrónica” y que está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados. Entre esos elementos mencionó los contratos y confirmaciones, las actas, los informes de riesgo y las comunicaciones con las contrapartes. Los denunciados son, a la vez, los máximos responsables del organismo que guarda la prueba.
El Deutsche Bank, en la mira
La presentación busca establecer cómo se seleccionó a la contraparte, cuál fue el costo total de las operaciones y “si alguien percibió una ventaja indebida”. Para eso, Dalbón pidió que el BCRA informe el procedimiento y los motivos de selección de cada contraparte, con las invitaciones, cotizaciones y ofertas recibidas; la metodología de estructuración y valuación de las operaciones; el costo total, que incluye comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales y primas, y a quién se abonó cada concepto; las garantías y márgenes constituidos; y si intervino otra entidad, asesor o intermediario, y en qué carácter.
Al Deutsche Bank le requirió que informe si celebró operaciones con el BCRA durante 2024 y 2025 y que remita los contratos y confirmaciones, el detalle de comisiones, honorarios o márgenes percibidos y las garantías constituidas. También pidió saber si el banco abonó a su vez comisiones, retrocesiones o cualquier pago a terceros por esas operaciones, con identificación de los beneficiarios. Que el banco donde trabajaron Caputo y Bausili aparezca como posible contraparte abre un interrogante que la Justicia deberá despejar.
Una ampliación que suma funcionarios
Dalbón también extendió la denuncia a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA. Anteriormente, el abogado había solicitado la detención de Caputo, de Bausili y del director del Banco Central Juan Curutchet, por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa reúne además la denuncia que en agosto presentó la diputada Marcela Pagano, quien cuestionó que casi $4 billones de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable, y la ampliación de los senadores peronistas Martín Soria, Juliana Di Tullio y Florencia López.
La defensa oficial y el cruce con la AGN
La AGN aprobó los estados contables del BCRA de 2025, pero incorporó una observación específica sobre las operaciones con derivados cuyo subyacente fue el oro, que cuantificó en un resultado negativo equivalente a US$ 1.023 millones. Su presidente, Juan Manuel Olmos, distinguió entre la revalorización contable del activo y el resultado de la operatoria con derivados. Una cosa es la ganancia contable por la suba del oro y otra el resultado de las operaciones que la AGN cuestiona.
El BCRA respondió con un comunicado en el que afirmó que su posición en oro arrojó en 2025 un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones, que las coberturas forman parte de una política que aplica desde 2007 sobre el 100% de esa posición, y acusó a la AGN de actuar con motivaciones políticas. El Gobierno defendió a la entidad y cuestionó al organismo de control con la frase “Hay una politización”.
Sobre el destino físico de los lingotes, Bausili ubicó primero el oro trasladado en Suiza y después reconoció que se encuentra en Londres, una contradicción que los senadores peronistas ponen en duda. La AGN todavía no tiene conclusiones sobre ese punto. Con el Deutsche Bank en escena, la discusión ya no es solo contable: la pregunta es quién eligió a la contraparte, a qué costo y con qué beneficios para terceros.
Lo que tenés que saber:
- Dalbón amplió la denuncia contra Caputo y Bausili por las operaciones con el oro del BCRA y pidió allanar la sede del Banco Central.
- Solicitó secuestrar servidores y casillas de correo institucional, incluidas las de la presidencia y el Directorio, para rastrear comunicaciones con el Deutsche Bank.
- Se reveló que el Deutsche Bank habría sido contraparte en las operaciones que, según la AGN, dejaron pérdidas por US$ 1.023 millones.
- La denuncia alcanza ahora a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA.
- El BCRA sostiene que su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones en 2025.
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