Una banda de poliextorsionadores, que se desempeñaba en la comisaría 10ma. de Lomas de Zamora y en la DDI de Avellaneda-Lanús, fueron condenados por integrar una asociación ilícita que amenazaba y cobraba coimas a feriantes de La Salada, además de exigir pagos ilegales a comerciantes, liberar zonas para el accionar de asaltantes y manejar el negocio de los trapitos, entre otros delitos.

El veredicto alcanzó a cuatro comisarios y otros oficiales, pero solo uno de ellos por efecto de otra causa por abuso sexual irá a la cárcel, ya que el resto permanecerá en libertad hasta que el fallo quede firme. En la causa hay dos prófugos y otro policía admitió su autoría en los hechos recibiendo una pena de dos años en un juicio abreviado.

Tras el juicio, en el que declararon varios de los damnificados por estas extorsiones que se extendieron a lo largo de varios meses entre 2016 y 2018 hasta que las denuncias dieron lugar a una investigación conjunta, el Tribunal Oral Criminal Nro. 7 de Lomas de Zamora condenó a los doce imputados, tal como lo había solicitado la Fiscalía y desestimando los pedidos de absolución de los abogados defensores.

A pesar de recibir penas más bajas que las solicitadas en su alegato por el fiscal Sebastián Scalera, la banda de poliextorsionadores resultó condenada por “asociación ilícita, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ocultamiento de pruebas y encubrimiento agravado”, de acuerdo a lo consignado por el portal DiarioConurbano.com, donde se detalla que uno de los imputados (el comisario mayor Carlos Gómez) fue sentenciado por “abuso sexual agravado”, en perjuicio de uno de sus hijos y es el único que fue enviado a la cárcel.

Además de recibir inhabilitaciones para ejercer cargos como funcionarios públicos, en el veredicto se condenó a Carlos Gómez, Esteban Lofeudo, Marcelo Maurino, Ubaldo Fuenzalida y Rodolfo Morán a 7 años de prisión, Bruno Shporluk recibió una pena de 6 años y medio, Cristóbal González y Alberto Tévez ambos de 6 años, Roberto Romero y José María Mattos a 5 años y 6 meses y Eduardo Moya y Rubén Cañete a 5 años.

Mientras que en la causa continúan prófugos los ex policías Matías Gómez y Horacio Nicolini y cabe recordar que, durante un juicio abreviado, otro de los acusados, Cristian Aníbal, acordó una pena de dos años de prisión en suspenso.

Todos los delitos que cometió la banda ocurrieron en las localidades de Ingeniero Budge, Claypole y distintos barrios del partido de Esteban Echeverría. Consistían, básicamente, en la exigencia de pago de coimas que cobraban con regularidad para “permitir trabajar” a los feriantes, dueños de talleres mecánicos, corralones de materiales y otros comercios, además de manejar el “negocio” del estacionamiento y “protección de seguridad”, como así también “liberar zonas” para que se cometan asaltos a mano armada.