Judiciales ⚖️
Atentado: la querella de Cristina pidió nuevas detenciones
Tras la aparición de nuevas pruebas, se solicitó la citación de dos nuevas personas implicadas cómo imputadas relacionadas a la banda de Los Copitos.
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la justicia una serie de medidas de prueba, entre las que se destacan los pedidos para que se cite a dar declaración indagatoria a otros miembros del grupo de supuestos vendedores de copos de azúcar que integraban Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los dos principales acusados del atentado contra la expresidenta, informaron hoy fuentes judiciales.
Los abogados que representan a la expresidenta solicitaron que Sergio Eduardo Orozco sea citado en calidad de imputado: se trata uno de los supuestos vendedores ambulantes que se presentó junto con Uliarte en la entrevista que dieron el martes dos de septiembre al canal Telefé y es además quien puso la casa en la que se reunió el grupo horas después del ataque fallido.
La información se conoció durante la audiencia de este martes en la que de Nicolás Gabriel Carrizo, líder del grupo que en la justicia se conoce como «los copitos», reclamó su excarcelación -que le fue denegada- y su abogado defensor, Gastón Marano, pidió incorporar como testimonio favorable a su defendido una declaración que el mismo le había tomado a Orozco ante un escribano público.
Tras señalar que esa declaración no tenía ningún valor para el proceso, el abogado Marcos Aldazabal, en representación de la querella, advirtió que pretendían que Orozco sea convocado a prestar declaración indagatoria para que se evalúe su eventual aporte al plan criminal que investigan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.
Según fuentes judiciales el pedido para que se lo convoque a indagatoria ya había sido presentado antes de la audiencia de este martes ante la Cámara Federal porteña y forma parte de las medidas que la querella solicitó que se tramiten en legajos reservados para no entorpecer el avance de la investigación.
De la información extraída del celular de Carrizo e incorporada a la causa surge que Orozco, apodado «Checho», estaba preocupado por haber recibido a Uliarte en la casa en la que el vivía junto con su hermano.
Intento de magnicidio: la jueza Capuchetti rechazó la excarcelación de Agustina Díaz
«Estoy hasta las manos. Porque le van a pedir dónde estuvo», se quejó Orozco en un mensaje que le envió a Carrizo instantes después de enterarse de la detención de Uliarte.
De las propias comunicaciones de Carrizo surgen otras líneas de investigación en las cuales ya se enfocó la querella: una de ellas coloca bajo sospecha a una persona a la cual tenía agendada como «Joa» que aparece en whatsapp como alguien que, después del ataque, manejaba información sensible vinculada a la causa por la cual ya estaba detenido Sabag Montiel.
La fiscalía había pedido que se cite a esa persona, de nombre Joana, como testigo, para que explique una serie de mensajes que podrían ser útiles para la investigación, pero la querella reclamó que sea convocada en calidad de imputada.
Para los abogados de la querella, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, la persona detrás de esos mensajes parece dar instrucciones al grupo de «los copitos» sobre como moverse en relación a la investigación judicial que podría tenerlos por sospechosos.
Para la querella, investigar el papel de «Joa», junto con el de Carrizo, podría conducir hacía otros eventuales involucrados en la maniobra que hubieran tenido un rol «intelectual».En el expediente judicial hay cuatro mensajes de audio de whatsaap de «Joa», extraídos del teléfono de Carrizo, y que corresponden a una conversación que el domingo 4 de septiembre, cuando detuvieron a Uliarte, y duró hasta pasada la medianoche.»
Amigo yo no voy a vaciar nada ni voy a borrar nada y desde ya les digo, ni se les ocurra borrar nada, porque ahí si que van a flashear que ustedes tienen algo que ver y no tienen nada que ver, hagan vida normal, no se persigan», decía Joana, cuyo apellido se mantendrá en reserva, en uno de los audios detectados por la justicia.
«Sigan su vida normal, es al pedo perseguirse, y eso de borrar los chats no, porque por más que vos los vacíes por el IMEI te lo rastrean y saben todo lo que vos hablás, lo que borrás, lo que decís, no decís, o sea, saben todo«, les recomendaba a Carrizo y otros contactos en un grupo de whatsapp.
«Tengan en cuenta también, que lo que hablan, a ver… hay algunos que tienen los celulares pinchados y van a seguir pinchando los celulares, hasta encontrar vínculos, hasta encontrar cosas, sigan… a ver… todos sabemos que nadie conocía lo que había detrás de esa persona (en referencia a Sabag Montiel), porque parecía una persona cuerda, normal, educado, pero bueno«, decía en otro de los mensajes.
Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permaneces abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre.
La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella, y así lo reveló la propia Vicepresidenta el último viernes cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como «Vialidad».
«Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron«, sostuvo Fernández de Kirchner desde su despacho del Senado en el marco de una audiencia que se transmitió en vivo a través del canal de YouTube que dispuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que interviene en esa causa.
En el afán de avanzar con la línea que pueda conducir a averiguar quiénes orquestaron el ataque -si es que fueron personas distintas a las que lo ejecutaron-, se están analizando las llamadas entrantes y salientes de los imputados, de donde podrían surgir conexiones de interés para la investigación.
Judiciales ⚖️
Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones
Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.
La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.
El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.
Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central
El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.
El detalle presentado distingue dos componentes principales:
- US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
- US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.
La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.
El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.
Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili
En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.
Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.
A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:
- Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
- Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
- Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
- Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
- Qué riesgos financieros se asumieron.
- Qué controles se aplicaron durante el proceso.
- Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.
La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.
La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita
La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.
En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.
El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.
Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.
Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro
Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.
El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.
Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».
La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.
Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.
También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.
Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.
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