El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso incluyó un recorte directo de fondos para discapacidad y una reducción del financiamiento universitario, a pesar de que el oficialismo había prometido priorizar esas áreas.

La iniciativa oficial proyectó una inflación anual del 18 por ciento, un crecimiento del 4 por ciento y un tipo de cambio de 1847 pesos a fin de 2027, pero el verdadero eje de la discusión política se concentró en los artículos que modificaron la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cambiaron el esquema de pensiones por discapacidad y achicaron las partidas destinadas a las universidades nacionales. Ese combo llegó a las comisiones con fricciones abiertas con los bloques aliados y cuestionamientos también desde sectores sociales y académicos.

El frente legislativo y los socios en alerta

El oficialismo presentó el Presupuesto en la Cámara de Diputados con el respaldo inicial de La Libertad Avanza y el acompañamiento condicionado del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal. La hoja de ruta incluyó un cronograma de trabajo en comisiones que, hacia la semana del 28 de septiembre de 2026, todavía no se definió por completo, justamente porque las diferencias sobre los recortes sociales y educativos se mantuvieron abiertas.

Varios legisladores que acompañaron al Gobierno en votaciones anteriores admitieron en reserva que el texto presupuestario llegó con recortes más profundos de lo que esperaban y que los cambios en discapacidad y universidades sorprendieron incluso a dirigentes que se consideraron aliados firmes del Ejecutivo.

Discapacidad, el punto más sensible y las concesiones parciales

El capítulo de discapacidad encendió las alarmas desde el primer borrador. El proyecto original eliminó la actualización automática de la AUH según la inflación y planteó una reforma del régimen de pensiones por discapacidad que, según especialistas y organizaciones del sector, redujo la cobertura real y endureció las condiciones de acceso. La lectura generalizada en los despachos opositores fue que, en términos prácticos, el ajuste cayó sobre familias con menores ingresos y personas que ya enfrentaron múltiples barreras para sostener tratamientos y cuidados.

Frente a la presión de organizaciones, gobernadores y aliados parlamentarios, el Gobierno aceptó introducir cambios en este capítulo. Se anunció que se mantendría un esquema de actualización de la AUH con una fórmula alternativa y que se revisarían algunos parámetros de las pensiones. Sin embargo, los bloques dialoguistas consideraron que la marcha atrás fue solo parcial y que una parte importante del recorte permaneció, en particular en los montos reales de las prestaciones y en los programas de apoyo vinculados al transporte, la rehabilitación y la inclusión laboral.

La sensación en el Congreso fue que el oficialismo ofreció correcciones mínimas para contener la reacción pública, pero defendió el corazón del ajuste sobre el sistema de discapacidad.

Universidades en la mira y tensión con los rectores

Otro de los focos de conflicto se ubicó en el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempló un crecimiento nominal de las partidas, pero por debajo de las proyecciones de inflación que el propio Gobierno incluyó en el mensaje presupuestario, lo que implicó en la práctica una reducción de recursos. Rectores y sindicatos docentes advirtieron que, con esos números, las casas de estudio no lograron sostener el funcionamiento básico durante todo el año 2027 sin recurrir a recortes de programas, cierre de cursos o nuevos aumentos de aranceles en posgrados y servicios complementarios.

En la previa al debate en comisiones, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional se reunieron con legisladores del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para pedir correcciones y un piso de financiamiento que garantizara salarios docentes, becas y gastos de funcionamiento. Desde el Gobierno se defendió el texto original con el argumento de que el Presupuesto debía consolidar el equilibrio fiscal y que las universidades debieron “optimizar recursos”. Esa respuesta endureció las posiciones y empujó a los aliados a reclamar una recomposición mayor en el recinto.

La macro que imaginó el Gobierno y las dudas de la oposición

El mensaje que acompañó el Presupuesto se centró en las proyecciones macroeconómicas. El Ministerio de Economía estimó que en 2027 la economía creció 4 por ciento, con una inflación del 18 por ciento y un dólar oficial que cerró el año en 1847 pesos. Sobre esa base, el Ejecutivo sostuvo que los recortes fueron necesarios para consolidar un superávit primario y anclar expectativas en los mercados financieros.

La oposición, sin embargo, cuestionó tanto las proyecciones como la distribución del ajuste. Dirigentes de la UCR y Hacemos Coalición Federal marcaron que las metas de inflación y crecimiento resultaron «demasiado optimistas» y que, incluso en ese escenario, el recorte se concentró en áreas sociales sensibles y en el sistema universitario, mientras que se preservaron beneficios impositivos y gastos vinculados a sectores de alta renta. El PRO, por su parte, acompañó el énfasis en la disciplina fiscal, pero pidió reordenar prioridades y moderar el impacto sobre discapacidad y educación superior.

El telón de fondo: la causa ANDIS y la desconfianza creciente

El debate sobre el Presupuesto se desarrolló mientras avanzó en la Justicia la causa que investigó presuntas maniobras de defraudación en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de funcionarios designados por Milei. De acuerdo con las actuaciones judiciales, se detectaron irregularidades en la asignación de fondos y en contratos vinculados a prestaciones y servicios del sistema.

La coexistencia de un proyecto de Presupuesto que redujo recursos para discapacidad con una causa penal que describió desvíos de fondos en esa misma área alimentó la desconfianza de organizaciones y legisladores, que reclamaron mayores controles y transparencia antes de avanzar con cualquier ajuste.

En ese contexto, los cambios parciales que el Gobierno aceptó en el capítulo de discapacidad no alcanzaron para desactivar las críticas. Las entidades del sector insistieron en que las personas con discapacidad quedaron expuestas a un doble impacto, por un lado el deterioro del poder adquisitivo y por otro la potencial reducción o demora en la entrega de prestaciones, mientras que la investigación judicial mostró que hubo funcionarios que se beneficiaron con un sistema que, en teoría, debía proteger a los más vulnerables.

Negociaciones abiertas y un Congreso en modo testeo

Hacia la semana del 28 de septiembre, el debate en comisiones seguía en construcción. Las autoridades de la Cámara de Diputados trabajaron en un calendario que combinó exposiciones de funcionarios, audiencias con organizaciones de discapacidad y universidades, y un cronograma de dictámenes que todavía no se cerró. Los bloques aliados exploraron modificaciones para suavizar el ajuste, mientras el oficialismo evaluó hasta dónde ceder sin alterar su objetivo fiscal.

Analistas parlamentarios leyeron el tratamiento del Presupuesto 2027 como un test político para el Gobierno y para la nueva arquitectura de poder en el Congreso. La discusión mostró que, aun con el apoyo del PRO y de parte de la oposición dialoguista, el Ejecutivo no tuvo margen ilimitado para avanzar con recortes en áreas sociales sin pagar un costo político. También dejó en claro que el margen de negociación se concentró en retoques parciales y no en un rediseño profundo de la asignación del gasto.

El resultado final del debate quedó atado a una puja en la que el Gobierno defendió el equilibrio fiscal como prioridad máxima, mientras los aliados reclamaron preservar un piso de protección para discapacidad y educación pública.

Lo que tenés que saber

• El Presupuesto 2027 que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso incluyó recortes en discapacidad y una reducción real del financiamiento universitario.
• El proyecto mantuvo proyecciones de inflación del 18 por ciento, crecimiento del 4 por ciento y un tipo de cambio de 1847 pesos a fin de 2027.
• Tras la presión de organizaciones y aliados, el oficialismo cedió de manera parcial en el capítulo de discapacidad, pero conservó buena parte del ajuste.
• Los bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal cuestionaron el alcance de los recortes y mantuvieron negociaciones abiertas en las comisiones durante la semana del 28 de septiembre de 2026.
• El debate legislativo se dio en paralelo a la causa ANDIS, que investigó la defraudación del sistema de discapacidad por parte de funcionarios del propio Gobierno.