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Chubut pidió a la Justicia el «cese» de retención automática de sumas de coparticipación

La provincia concretó la presentación del texto de la demanda ante el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre, quien dio vista a la fiscalía para manifestarse sobre la competencia de ese Tribunal y la competencia de la medida solicitada, informaron fuentes judiciales

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El Argentino Diario-Gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó a la Justicia el dictado de una medida «autosatisfactiva» contra el Estado Nacional para que «cese» la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el reintegro inmediato de lo ya retenido.

La provincia concretó la presentación del texto de la demanda ante el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre, quien dio vista a la fiscalía para manifestarse sobre la competencia de ese Tribunal y la competencia de la medida solicitada, informaron fuentes judiciales

En el texto de 77 carillas al que tuvo acceso Télam, se pidió dictar la medida autosatisfactiva que ordene «el cese de la retención automática que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto Nro. 286/95), realiza sobre las sumas que ha de percibir la provincia del Chubut por Coparticipación Federal de Impuestos».

«Esta situación deberá mantenerse por el plazo de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial dispuesto mediante la Ley Nº VII N° 94», sostuvo la presentación firmada por el gobernador Torres, el fiscal de Estado de Chubut Andrés Giacomone, el fiscal adjunto Lucas Papini y el abogado Javier Stampone.

En la demanda se reclama también que se ordene al Estado Nacional «renegociar la deuda en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de 5 años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda por CER».

En concreto se pide aplicar «una tasa BADLAR en pesos bancos privados para operaciones superiores a $ 1.000.000, en un plazo de 30 a 35 días, más un spread de 200 a 300 puntos básicos».

En su defecto, se solicita autorizar a la provincia a tomar «un nuevo endeudamiento con el exclusivo destino de cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario Provincial mediante la emisión de un título de deuda cancelable en un plazo de 5 años en pesos o dólares, bajo la legislación nacional o extranjera».

El gobierno de Chubut reclamó que se ordene al Estado Nacional «hacer inmediata devolución a la provincia de las sumas ($10.516.610.155,08) retenidas automáticamente hasta el día 23/02/2024 de la coparticipación federal -como las posteriores hasta la notificación de la sentencia».

A lo largo de la demanda se explicó en relación a la deuda que «la tasa de interés se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el avance del proceso inflacionario ocasionado por las políticas implementadas por el propio Estado Nacional causó que la deuda se incremente a la friolera suma de $ 124.565.021.767,23 para el presente año 2024».

«Atendiendo a la gravedad de la situación, ya desde el mes de diciembre de 2023 la provincia del Chubut viene realizando reiterados pedidos de refinanciación -demostrativa de su manifiesta voluntad de pago-«, se agregó.

Y se remarcó que hay «necesidad imperiosa de proceder a su cancelación en condiciones que no tornen de imposible cumplimiento la satisfacción de los servicios esenciales del Estado Provincial».

Ayer, la legislatura del Chubut aprobó un proyecto de ley en el que «se encomienda al Poder Ejecutivo a realizar todas las acciones administrativas, judiciales y métodos alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y el atropello del gobierno nacional al retener fondos que por derecho le corresponden al estado provincial».

En otro artículo establece que «lo indicado implica también la realización de las acciones de igual tenor tendientes a la recuperación de los recursos correspondientes al mes de febrero del 2024 del régimen de coparticipación federal de impuestos, la ley 26206 y ley de educación nacional por los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024 y los fondos correspondientes al fondo de compensación del transporte público».

Chubut

Quedó sola en el fondo del mar: imputaron al instructor de buceo por la muerte de Sofía Devries

La Justicia de Chubut formalizó este lunes la imputación contra Thiago Nahuel Pocovi, el instructor de la empresa Freediving Patagonia que guiaba la inmersión en la que murió Sofía Devries, de 23 años, en febrero pasado en Puerto Madryn. La Fiscalía sostiene que continuó la actividad pese a condiciones de visibilidad extremadamente reducidas y que la joven quedó sin supervisión directa en el fondo del mar.

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Caso Sofía Devries: imputaron al instructor de buceo por homicidio culposo.

La causa por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció el 16 de febrero durante una salida de buceo de aguas profundas en Puerto Madryn, dio un giro decisivo a casi cinco meses del hecho. El Ministerio Público Fiscal de Chubut imputó por el delito de homicidio culposo a Thiago Nahuel Pocovi (26), el instructor de la empresa Freediving Patagonia que estaba a cargo de la embarcación autorizada desde la que se realizó la inmersión.

La audiencia de apertura de la investigación comenzó a las 10:30 y fue presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. El imputado participó de manera virtual, ya que está radicado en la Ciudad de Buenos Aires, hizo uso de su derecho a no declarar y su defensa, a cargo del abogado Adrián Peroy, no se opuso al pedido de apertura formal de la investigación.

La hipótesis fiscal: una inmersión que nunca debió continuar

La imputación presentada por el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos sostiene que la actuación del instructor fue contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo. Conforme a la investigación formal, Pocovi, en su carácter de instructor certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), conducía un grupo de siete buceadores hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu, el pesquero hundido de manera programada que funciona como arrecife artificial en la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo.

Según la hipótesis fiscal, al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas, circunstancia que impedía ejercer una supervisión directa sobre todo el grupo. Pese a ello, la inmersión continuó, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.

En ese contexto, Devries y su pareja, ambos de la provincia de Buenos Aires, quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo. Allí la víctima comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su compañero, quedó sin suministro de aire y falleció por ahogamiento.

La autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que la joven murió por asfixia por sumersión. Su cuerpo fue encontrado días después, tras intensos operativos de búsqueda de la Prefectura Naval Argentina en la zona de Punta Cuevas.

Una certificación básica para una salida de aguas profundas

Sofía Devries era oriunda de la localidad bonaerense de Moreno, estudiaba Comunicación y Administración y creaba contenido en redes sociales sobre viajes y estilo de vida. Había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja durante el fin de semana largo de carnaval para certificar un curso internacional de buceo. Según fuentes de la Fiscalía de Puerto Madryn citadas por ADNSUR, el grupo había realizado apenas el día anterior el curso Open Water, una certificación básica que habilita descensos de hasta 18 metros, un dato que expone la distancia entre la experiencia real de los buceadores y las condiciones de la salida en la que la joven perdió la vida.

La figura de homicidio culposo, prevista en el artículo 84 del Código Penal, alcanza a quien causa la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia, impericia o por no observar los deberes de cuidado a su cargo. La calificación es provisoria y podrá ajustarse a medida que avance la investigación.

Lo que viene: peritajes y protocolos bajo la lupa

Con la apertura formal de la investigación penal preparatoria, la Fiscalía profundizará la recolección de pruebas con miras a una eventual acusación y posterior juicio oral. En los próximos meses se prevén nuevas declaraciones testimoniales, peritajes técnicos sobre las condiciones de la inmersión y el análisis de los protocolos internos de la empresa organizadora. La Fiscalía ya solicitó los manuales de PADI y las normativas de la Prefectura Naval para cotejar la actuación del instructor con los estándares que rigen la actividad.

El caso, que conmocionó a la comunidad de Puerto Madryn y al ámbito del buceo deportivo, vuelve a poner en discusión los controles estatales sobre las actividades turísticas de riesgo: quién verifica que las salidas comerciales respeten los niveles de certificación de los clientes, en qué condiciones se autoriza una inmersión y qué responsabilidad les cabe a las empresas que lucran con estas prácticas cuando la seguridad queda subordinada al negocio.

Puntos clave

  • Thiago Nahuel Pocovi, instructor de Freediving Patagonia, fue imputado por homicidio culposo por la muerte de Sofía Devries.
  • La audiencia fue presidida por la jueza Marcela Alejandra Pérez Bogado; el imputado participó de forma virtual y no declaró.
  • La Fiscalía sostiene que la inmersión continuó pese a una visibilidad extremadamente reducida y que la víctima quedó sin supervisión directa en el fondo.
  • La autopsia determinó asfixia por sumersión, sin intervención de terceros; el cuerpo fue hallado días después por la Prefectura Naval.
  • Se abre la etapa de investigación penal preparatoria, con peritajes técnicos y análisis de los protocolos de seguridad de la empresa.
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