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Condena a policía por encubrimiento en el asesinato de Lucas González

La Justicia solicitó al gobierno porteño el reconocimiento de las víctimas como tales de violencia institucional.

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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Ciudad de Buenos Aires sentenció a cinco años de prisión a Facundo Torres, un policía de la Ciudad acusado de encubrir y manipular pruebas en el asesinato del futbolista juvenil Lucas González.

Torres fue declarado culpable de “encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave”, además de participar como “partícipe primario en el delito de falsedad ideológica”.

La sentencia, dictada por los jueces Juan Ramos Padilla, Guillermo Friele y Sergio Paduczak, incluyó una inhabilitación especial de Torres para ejercer cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal durante diez años.

Además, los magistrados solicitaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se expida sobre el reconocimiento de Lucas, sus tres amigos y sus familias como víctimas de violencia institucional.

Un caso marcado por la violencia institucional

El asesinato de Lucas González, ocurrido el 17 de noviembre de 2021 en el barrio de Barracas, conmocionó al país.

Lucas, de 17 años, y tres amigos suyos fueron interceptados por un vehículo sin identificación policial cuando regresaban de un entrenamiento en el Club Barracas Central.

Durante el operativo, los agentes abrieron fuego, impactando dos balas en la cabeza de Lucas, quien falleció al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

El fiscal Sandro Abraldes detalló el rol crucial que Torres jugó en la manipulación de pruebas al colocar un arma de juguete en el baúl del auto donde viajaban los jóvenes, con el objetivo de incriminarlos y justificar el uso de la fuerza letal.

“El papel de Torres fue determinante en la escena del crimen. Si el plantado del arma salía bien, la impunidad estaba garantizada y la condena y privación de la libertad de los chicos era segura”, explicó Abraldes.

En sus alegatos, también subrayó el componente racista en la actuación de los agentes, que discriminaron a los jóvenes por el color de su piel.

Las consecuencias del encubrimiento y discriminación

El fallo sobre Torres representa un avance en el reconocimiento de la violencia institucional en el caso de Lucas González.

La sentencia podría sentar un precedente para futuras investigaciones de abuso policial en Argentina, en un contexto en el que las fuerzas de seguridad enfrentan críticas crecientes por prácticas discriminatorias y uso excesivo de la fuerza.

Judiciales ⚖️

La Justicia pide evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque

Los abogados que representan a la hermana del músico presentaron un pedido ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 para que se realice una evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de 24 horas. El episodio se suma a un cuadro de salud que la Justicia ya intervino para proteger y a un juicio penal por homicidio que sigue su curso.

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Un accidente de tránsito en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal volvió a poner sobre la mesa el estado de salud del músico Cristian «Pity» Álvarez y la necesidad de una intervención judicial urgente. En la madrugada del martes, Álvarez conducía un Volkswagen Bora e impactó contra un Peugeot 208 estacionado en la intersección de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño, para luego retirarse del lugar sin entregar su documentación, argumentando que tenía «problemas legales».

Horas después del episodio, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños presentaron un pedido urgente ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4, a cargo de la jueza Mariana Judith Kanefsck, para que se concrete una evaluación interdisciplinaria del músico en un plazo máximo de 24 horas. La solicitud busca determinar su capacidad jurídica ante lo que los letrados describen como un cuadro de salud delicado.

Un episodio tras otro: el fin de semana previo al choque

El accidente vial no fue el único incidente reciente. Según detalló la defensa en el escrito judicial, durante el fin de semana anterior al choque el músico se encerró en una habitación de su domicilio y se negó a salir, lo que obligó a su entorno a intervenir con la asistencia de un cerrajero. «Llamamos a un cerrajero para ingresar, pero finalmente nos abrió», precisó el abogado Queijeiro en la presentación. En el mismo documento, el letrado subrayó que «su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo».

Qué analiza la Justicia Civil y qué medidas ya tomó

El expediente civil en curso tiene como objetivo central analizar el diagnóstico de Álvarez, sus recursos familiares y los apoyos necesarios para que alcance su mayor nivel de autonomía posible. La jueza Kanefsck ya había ordenado a la obra social de SADAIC que concretara un examen la semana anterior, pero la medida quedó pendiente de cumplimiento hasta la fecha.

En el marco de este proceso, la magistrada designó a Silvina Andrea Álvarez Congiu, hermana del músico, como apoyo provisorio para la administración de sus recursos de salud, e impuso una inhibición general de bienes. La orden también autorizó el uso de la fuerza pública o la apertura forzada de cerraduras si fuera necesario para garantizar el traslado y la atención del artista.

El juicio penal por homicidio sigue su propio carril

La causa civil avanza de forma independiente al proceso penal que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 lleva adelante contra Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Hasta el martes, los jueces penales mantuvieron sin modificaciones el calendario del debate oral, que tiene previstas las declaraciones de cuatro testigos propuestos por la defensa.

La acumulación de episodios recientes plantea, una vez más, la tensión entre la continuidad de un proceso penal y la necesidad de garantizar la salud y la contención de alguien cuya capacidad jurídica está siendo evaluada por la propia Justicia Civil.

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