Judiciales ⚖️
Casación rechazó pedido de Cristina y mantiene su domiciliaria sin cambios
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y confirmó las condiciones vigentes de su prisión domiciliaria. El tribunal sostuvo que no existen elementos nuevos que justifiquen modificar el régimen de cumplimiento de la pena.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes mantener sin modificaciones las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al rechazar el planteo presentado por su defensa para flexibilizar las restricciones vigentes. La decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2.
La decisión del tribunal
El fallo fue adoptado por mayoría de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes coincidieron en que no se registran circunstancias sobrevinientes que justifiquen alterar el régimen actual de cumplimiento de la pena.
Según el tribunal, el hecho de que la condenada haya cumplido las reglas impuestas no alcanza, por sí solo, para modificar las condiciones establecidas.
Los pedidos de la defensa
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner había solicitado la eliminación del régimen de autorización previa para visitas, la supresión de la tobillera electrónica y la flexibilización de los horarios para acceder a la terraza del domicilio ubicado en San José 1111.
También argumentó que el cumplimiento de las reglas durante un año debía ser considerado bajo el principio de progresividad de la pena.
Fundamentos del rechazo
En los fundamentos del fallo, el juez Gustavo Hornos sostuvo que el cumplimiento adecuado de las reglas no implica automáticamente una revisión del régimen de detención.
Además, señaló que la prisión domiciliaria es una modalidad excepcional de ejecución de la pena y no un derecho adquirido, sino una alternativa sujeta a control judicial estricto.
El tribunal también ratificó que las restricciones de visitas y el monitoreo electrónico constituyen mecanismos razonables de control para asegurar el cumplimiento de la condena.
La discusión sobre la tobillera y las visitas
La Cámara sostuvo que el uso de la tobillera electrónica se encuentra dentro de las pautas generales previstas por la legislación para este tipo de medidas, sin necesidad de acreditar de manera individual un riesgo de fuga.
En cuanto al régimen de visitas, el tribunal consideró que las autorizaciones previas forman parte del sistema de control judicial de la prisión domiciliaria y no implican una afectación arbitraria de derechos.
Un voto en disidencia parcial
El juez Mariano Borinsky mantuvo una postura distinta en algunos puntos y sostuvo que debían flexibilizarse ciertas condiciones, como las restricciones de visitas, el uso de tobillera electrónica y el acceso a la terraza.
Sin embargo, su posición quedó en minoría frente al voto conjunto de Hornos y Barroetaveña, que definió la decisión final del tribunal.
Puntos clave
- Casación rechazó el recurso de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner
- Se mantienen las condiciones de su prisión domiciliaria sin cambios
- El tribunal consideró que no hay hechos nuevos que justifiquen flexibilización
- Se ratificaron restricciones de visitas, tobillera y horarios
- Hubo un voto en disidencia parcial de Mariano Borinsky
DDHH
20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.
Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.
El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.
La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora
Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.
A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.
La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital
En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.
Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»
La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.
El gobierno que desfinancia y deroga
El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.
En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.
El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.
La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias
Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.
Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI
- La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
- Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
- La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
- El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
- El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.
Foto: Redes @LLUVIADIBUJA
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