Gabriel Berrozpe, denunció ante la Justicia Federal el accionar brutal, ilegítimo e inconstitucional de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en su carácter de autoridad responsable del plan de represión sistemático desatado contra las marchas de los jubilados, constituyendo delitos de acción pública por fuera del marco normativo que regula el uso de la fuerza.

Gabriel Berrozpe, María Sol Bruera, y Guillermo Berrozpe sufrieron ese accionar el pasado 26 de febrero cuando en la Plaza del Congreso se llevó adelante la regular marcha pacífica de Jubilados y despedidos que se lleva adelante todos los miércoles a las 18 frente al Congreso Nacional en reclamo por las políticas de brutal ajuste que se aplican a los jubilados.

La abogada María Sol Bruera fue agredida sin motivo con un palo, sorpresivamente, y por detrás por personal policial, en tanto sus acompañantes Gabriel y Guillermo Berrozpe, tras ser marcado el primero por su apellido (“llévense a Berrozpe” dijeron) fueron agredidos y privados ilegítimamente de su libertad ambulatoria por las fuerzas policiales, golpeados, gaseados, apremiados durante 6 horas y posteriormente encausados sin orden judicial alguna. Esto ocurrió aun a pesar de haber observado las indicaciones de las fuerzas policiales.

El equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (Buenos Aires), ante este cuadro solicitó al personal policial actuante y aquellos que se encontraban supervisando que depongan de inmediato esta forma peligrosa de reducir a los detenidos ante eventuales lesiones que podrían producir.

A pesar de ello, los efectivos continuaron con su sádico ensañamiento, haciendo caso
omiso a los pedidos de los presentes y continuaron agrediendo a quienes se encontraban maniatados,
ya golpeados, enceguecidos y con la piel totalmente irritada producto del gas pimienta que les habían
arrojado, e incluso, en el caso de Guillermo Berrozpe forzaron la apertura de sus ojos.

Berrozpe señaló que los graves hechos del 12 de marzo nos señalaron que es necesario hacer esta
denuncia presentando los correspondientes testimonios.

El doloroso caso de Pablo Grillo, con quien nos solidarizamos, nos exime de otros comentarios. Por ello es necesario abrir una exhaustiva investigación que determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de quienes planificaron y ordenaron estos actos ilícitos, contrarios de forma manifiesta a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos.

La justicia debe actuar sin demora: la vida de los ciudadanos está en riesgo, por el solo hecho de hacer uso del derecho constitucional a manifestarse.