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Desregulación de los Parques Nacionales: ¿turismo sustentable o concesión al mercado?

El gobierno nacional flexibilizó las normativas en las áreas protegidas para supuestamente fomentar el turismo y dinamizar las economías locales. Sin embargo, surgen fuertes críticas sobre el impacto real en la conservación ambiental y las comunidades.

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El Argentino Diario-Parque Nacional Nahuel Huapi.

A través de las resoluciones 61/25 y 62/25, el gobierno argentino, liderado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció modificaciones significativas en la gestión de los Parques Nacionales. Estas medidas buscan eliminar barreras burocráticas y concesiones exclusivas, permitiendo una mayor oferta de actividades turísticas como caminatas nocturnas, vuelos en globo y yoga al aire libre. Según el gobierno, el objetivo es «fomentar el turismo, diversificar experiencias y dinamizar las economías locales».

La simplificación de trámites administrativos y la apertura a nuevos operadores turísticos son los pilares de esta iniciativa. En palabras de Sturzenegger, «estas medidas permitirán que más personas disfruten de nuestros parques, mientras se generan oportunidades económicas para las comunidades cercanas».

¿Un turismo más inclusivo o una amenaza para la conservación?

El gobierno asegura que los cambios no comprometerán la conservación ambiental, ya que se mantendrán controles estrictos sobre las actividades permitidas. Sin embargo, la eliminación de concesiones exclusivas y la apertura a múltiples operadores generan dudas sobre la capacidad de las autoridades para fiscalizar el cumplimiento de las normativas ambientales.

Parques como San Guillermo (San Juan), Ansenuza (Córdoba) y Perito Moreno (Santa Cruz), que actualmente reciben pocos visitantes, son algunos de los destinos que se espera revitalizar con estas medidas. Pero, ¿es posible equilibrar el aumento del turismo con la preservación de ecosistemas frágiles? Expertos en conservación advierten que un incremento desmedido en la afluencia de turistas podría generar impactos negativos, como la degradación de hábitats y el aumento de residuos.

Impacto económico: ¿quiénes se benefician realmente?

Uno de los argumentos centrales del gobierno es que estas modificaciones impulsarán el desarrollo económico de las comunidades locales. Sin embargo, experiencias previas en otros países muestran que la liberalización del turismo en áreas protegidas a menudo beneficia más a grandes operadores que a pequeños emprendimientos locales. Además, la falta de infraestructura adecuada en algunos parques podría limitar el impacto positivo en las economías regionales.

Por otro lado, el turismo sustentable, bien gestionado, tiene el potencial de generar empleo y promover la conciencia ambiental entre los visitantes. La clave estará en garantizar que los beneficios económicos se distribuyan equitativamente y que las actividades turísticas respeten los límites ecológicos de cada parque.

Un debate necesario sobre el futuro de los Parques Nacionales

La desregulación de los Parques Nacionales plantea un debate crucial sobre el modelo de desarrollo que Argentina quiere para sus áreas protegidas. Si bien el turismo puede ser una herramienta poderosa para la conservación y el desarrollo, su implementación debe ser cuidadosamente planificada para evitar consecuencias irreversibles.

En un contexto global donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad son desafíos urgentes, las decisiones sobre el uso de los recursos naturales deben priorizar la sostenibilidad a largo plazo. La pregunta que queda es si estas medidas lograrán ese equilibrio o si, por el contrario, abrirán la puerta a un modelo de explotación que ponga en riesgo el patrimonio natural del país.

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Misiones: La Justicia Federal tramita de forma urgente una demanda indígena contra el Estado Nacional

El Poder Legislativo por el proyecto «Súper RIGI» 

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 El Juzgado Federal de Oberá ordenó correr traslado al Poder Legislativo de la Nación para que responda en un plazo de once días hábiles la demanda presentada por la Comunidad Mbya Guaraní Tape Mirí. 

La acción judicial exige al Congreso el cumplimiento de sus obligaciones de acceso a la información ambiental, transparencia y participación ciudadana —incluyendo la consulta previa indígena— antes del avance legislativo del proyecto de ley conocido como «Súper RIGI» (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias). 

El juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga dispuso tramitar la causa como un «proceso sumarísimo» bajo el expediente FPO 39913/2026. La letrada patrocinante de la comunidad, Dra. Bárbara Beatriz Bertola, fundamentó la urgencia de esta vía procesal para evitar que «las demoras tornen ilusoria su tutela» y reservó el derecho de accionar contra la validez de las normas que se dicten omitiendo estas instancias obligatorias. 

De acuerdo con la presentación judicial, el Estado Nacional está incumpliendo de forma deliberada con sus compromisos constitucionales y convencionales. La demanda aclara que no se cuestiona la conveniencia política o económica de la ley, sino la omisión sistemática de los informes técnicos, las evaluaciones estratégicas de impacto y los mecanismos de consulta pública que deben preceder de manera obligatoria a regulaciones de esta magnitud en materia de recursos naturales, energía y transformaciones territoriales.

En paralelo, el tribunal envió a despacho para resolución el pedido de intervención como AmicusCuriae (Amigo del Tribunal) presentado por el especialista Sr. Eduardo Dvorkin, bajo el patrocinio de la Dra. Clea Maguire. El experto aportó un informe científico enfocado en las graves incidencias y el impacto que tendrían en el sistema energético y ambiental determinadas actividades promovidas por el Súper RIGI, con especial énfasis en la instalación de mega data centers. 

La resolución judicial ya fue notificada electrónicamente mediante el sistema LEX100, otorgando formalmente el plazo de gracia ampliado por la distancia para que el Poder Legislativo comparezca en los estrados federales de Misiones.

Bárbara Bertola, letrada patrocinante de la comunidad, dijo: «Solicitamos el trámite urgente porque las demoras legislativas y procesales pueden tornar ilusoria la tutela de los derechos. El Estado no puede avanzar a ciegas con el Súper RIGI sin garantizar antes el acceso a la información y la participación de la comunidad en la formación de las leyes».

Carlos Gutierrez, del Centro Cultural 25 de mayo, quien presentó una demanda similar en los Tribunales de la Capital Federal – Expediente Nro.CAF 038794/2026 – Juzgado ContenciosoAdministrativo Federal 8 Situación Actual: EnDespacho Carátula: GUTIERREZ MORCHIO, CARLOS ALFREDO c/ EN s/AMPARO LEY 16.986 y que se encuentra en curso, manifestó: “Antes de su tratamiento, el Senado Nacional debería tomar los recaudos necesarios de participación ciudadana e información pública para cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales vigentes en el país”. Ello debido al gran impacto ambiental que tendrá el SUPER RIGI para toda la sociedad argentina, especialmente en materia de agua y energía”

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