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Crímenes de lesa humanidad: lectura de sentencia del juicio Brigadas

El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de La Plata escuchará desde las 8 las últimas palabras de cuatro de los imputados, y luego se hará un cuarto intermedio hasta la hora de la lectura del veredicto que, se prevé será alrededor de las 13.

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El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de La Plata lee este martes su veredicto en el juicio que investiga los crímenes cometidos en cuatro centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron en brigadas de la Policía bonaerense de las localidades de Banfield, Quilmes, San Justo y Lanús en perjuicio de 605 víctimas, durante el terrorismo de Estado.

El fallo del TOF N°1:

Prisión perpetua para Federico Minicucci, exjefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada.
Prisión perpetua para Guillermo Alberto Domínguez Matheu, exjefe de Actividades Psicológicas.
Prisión perpetua para Carlos Gustavo Fontana, excapitán.
Condena de 25 años de prisión para Alberto Julio Candioti, exjefe de la Sección Comando y Servicio.
Prisión perpetua para Jorge Héctor Di Pasquale.
Prisión perpetua para Carlos María Romero Pavón.
Prisión perpetua para Roberto Armando Balmaceda.
Prisión perpetua para Jaime Lamont Smart, exministro de gobierno bonaerense.
Prisión perpetua para Juan Miguel Wolk.
Absolución para Enrique Augusto Barre.
Prisión perpetua para Jorge Antonio Bergés.

Los imputados

Entre los 12 imputados se encuentran el exministro Jaime Lamont Smart y los ex policías bonaerenses y ex militares de inteligencia Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Alberto Julio Candioti, Juan Miguel Wolk, Enrique Augusto Barre, Jorge Antonio Bergés y Horacio Luis Castillo.

El tribunal integrado por Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti escuchó desde las 8 las últimas palabras de cuatro de los imputados, y luego se hizo un cuarto intermedio hasta la hora de la lectura del veredicto, que comenzó pasadas las 13:30.

Tanto Abuelas de Plaza de Mayo como otros organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas convocaron a asistir a las 13 a la puerta de los tribunales, en calle 8, entre 50 y 51 de la ciudad de La Plata, para seguir la sentencia.

Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en esta causa, acusó a los imputados por privación ilegal de la libertad y tormentos de 23 embarazadas y una madre secuestrada junto a su hijo, y por la sustracción, retención y ocultamiento de diez nietos y nietas, siete de los cuales ya recuperaron su identidad, segùn se informó desde esa entidad en un comunicado.

En tanto, la fiscalía pidió la imposición de prisión perpetua para todos los imputados así como medidas de reparación para las víctimas y sus familiares, durante las diez jornadas de exposición de su alegato desarrolladas desde el pasado 12 de diciembre.

Los integrantes de la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad, Gonzalo Miranda y Ana Oberlin, desarrollaron las pruebas vinculadas con los 605 casos de víctimas y la responsabilidad de los acusados en los crímenes cometidos en los denominados “pozos” de Banfield y Quilmes, la Brigada de Investigaciones de San Justo y la Brigada de Investigaciones de Lanús, llamada “El Infierno”.

Y agregó: “Una organización criminal que se había apropiado del Estado y que operaba de manera coordinada, verticalizada, con distribución de tareas en función de las jerarquías y lugares, activándose procesos reglados que dan la idea de un aparato en funcionamiento donde cada pieza es parte de un sistema superior que controla todo“.

Violencia diferencial a personas trans

Asimismo, la fiscalía remarcó el carácter de víctimas de las personas trans que fueron llevadas al Pozo de Banfield cuyos casos, analizados en este juicio, dieron cuenta de que “todas fueron sometidas a la maquinaria del terrorismo de Estado al igual que las otras personas victimizadas” y sus derechos avasallados por “toda clase de vejaciones”, señalaron Oberlin y Miranda.

“Debemos nuevamente resaltar que estas mujeres formaron parte de las personas consideradas enemigas, justamente porque no se ajustaban al modelo sexo-genérico que el terrorismo de Estado buscó garantizar y eso implicó que adicionalmente sufrieran no sólo las violencias generales de las personas que estaban en el Pozo de Banfield, sino también violencias diferenciales, en razón justamente de sus identidades de género”, añadieron.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal instaron a los gobiernos provincial y nacional y a distintos organismos a que materialicen medidas de reparación para las víctimas, como reincorporaciones laborales, ascensos y beneficios jubilatorios.

También solicitaron que se dé amplia publicidad a la sentencia en portales y sitios de difusión pública de la región y que se remita copia de la misma al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, teniendo en cuenta que en el debate se produjo prueba vinculada con la organización ilícita transnacional integrada por las dictaduras del Cono Sur, conocida como Operación Cóndor.

La sentencia podrá seguirse en vivo por los canales de YouTube del Poder Judicial (https://www.youtube.com/@pjn-videoconferencias), de la Comisión Provincial por la Memoria (youtube.com/ComisionPorLaMemoria) y del portal alternativo La Retaguardia (youtube.com/laretaguardia).

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Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo

Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
CFK sumó al abogado de Lula y al ex juez del Tribunal Europeo para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.

El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».

Una estrategia construida desde antes de la condena firme

El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.

Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.

Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina

Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.

En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.

Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea

El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.

La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme

La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.

El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo

La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.

Puntos clave

  • Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
  • Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
  • Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
  • La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
  • El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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