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Judiciales ⚖️

Un policía de la Ciudad irá a juicio por intentar robar dinero en la escena de un suicidio

Pericias a su celular y su equipo POC revelaron evidencia que lo compromete.

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El primer oficial Germán Ariel Zarza enfrentará un juicio oral acusado de intentar apropiarse de 30.000 dólares en la escena donde el ex titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Carlos María Pedrini, dejó la vida en enero de 2024.

La acusación contra el oficial Zarza

El juez Marcos Fernández, a cargo del Juzgado N°3, ordenó la elevación a juicio de la causa contra Zarza por el delito de hurto calamitoso en grado de tentativa . La decisión se tomó tras la investigación impulsada por el fiscal Gómez Barbella, quien presentó pruebas que comprometen al agente.

Según la acusación, el 23 de enero de 2024 el cuerpo de Pedrini fue hallado sin vida en su domicilio de la calle Pumacahua al 600. Durante el operativo policial en el lugar, el cuñado del ex funcionario notó que un fajo de billetes sobresalía del chaleco reglamentario de Zarza.

La reacción del acusado y las pruebas en su contra.

Ante el hallazgo, el familiar de Pedrini increpó al policía, quien ingresó nuevamente a la vivienda y arrojó el dinero en el suelo del living antes de salir al exterior. Inmediatamente, fue apartado del operativo y requisado por sus propios compañeros.

En el procedimiento, se secuestraron el celular de Zarza, su equipo POC y el de otro agente, cuyos análisis fueron realizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). De ese peritaje surgieron que conversaciones evidenciaron la intención del policía de apropiarse del dinero encontrado en el domicilio de Pedrini.

Fundamentos de la acusación

El fiscal Barbella argumentó en su escrito que «la maniobra que se achaca al encartado consistió en que, al encontrarse en el desarrollo de un procedimiento policial iniciado en el marco de un suicidio, tomó dinero que encontró en el inmueble, se lo colocó entre sus ropas e intentó llevárselo del lugar».

Agregó que Zarza «sabía lo que hacía y quería apoderarse de una cosa ajena, es decir de dinero que le pertenecía a una persona que acababa de fallecer». Según el fiscal, las pruebas recolectadas dejan en evidencia la voluntad del acusado de cometer el delito.

Entre Ríos

Bertulazzi: ofrecen $20 millones y analizan, sin confirmar, si se oculta en Entre Ríos

El ex integrante de las Brigadas Rojas se descolgó con un arnés el martes de su domicilio de Defensa 649, en San Telmo. Que esté en Entre Ríos es una hipótesis sin confirmar; el Ministerio de Seguridad ofrece 20 millones de pesos por datos.

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El Argentino Diario-Fuga de Leonardo Bertulazzi.

Analizan si Leonardo Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó el martes de su arresto domiciliario en San Telmo, se oculta en Entre Ríos. Es una hipótesis que surge de versiones periodísticas: se apoya en una declaración que no se precisó y en que vivió un tiempo en Concepción del Uruguay, cuando tenía el estatus de refugiado. Hasta el cierre de esta nota no había un comunicado oficial que confirmara un alerta provincial ni su paradero. Según fuentes del caso, los detectives creen que salió de la Ciudad de Buenos Aires, pero que sigue en el país.

Bertulazzi, italiano de 74 años nacido en Verona, cumplía arresto domiciliario en Defensa 649, piso 5°, departamento H, con tobillera electrónica y consigna de la Policía Federal, a la espera de su extradición a Italia. El martes 10 de noviembre se fugó. Según la reconstrucción de la pesquisa, se descolgó con un arnés desde el balcón del quinto piso hasta un terreno lindero, trepó un portón de más de dos metros y salió a la calle Bolívar. Una cámara de seguridad registró parte del recorrido. La fuga se advirtió en el relevo de la custodia.

Cómo se produjo la fuga

Los efectivos tocaron el timbre y no obtuvieron respuesta; más tarde la esposa de Bertulazzi informó que no estaba. El primer reporte del centro de monitoreo indicó que la tobillera seguía en la vivienda, y un nuevo informe confirmó esa ubicación. En el operativo se halló un dispositivo con cables, que el escuadrón de explosivos descartó como artefacto: había un tubo, una almohadilla térmica y carne de cerdo alrededor de la tobillera. Según otras versiones, también un tensiómetro. Las autoridades señalaron que los parámetros de temperatura y humedad no variaron, por lo que no se activaron las alertas.

La jueza María Romilda Servini ordenó allanamientos en domicilios vinculados con personas que podrían conocer su paradero, y una de las hipótesis es que recibió ayuda. Fuentes del caso indicaron que se investiga el rol de su esposa.

Quién controlaba y qué se discute

El monitoreo de la tobillera estaba a cargo del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Seguridad desde el Decreto 8/2023, y la consigna presencial era de la Policía Federal, que también integra esa cartera. Es la misma cartera que ahora ofrece la recompensa. Hasta el cierre de esta nota no trascendió una explicación oficial sobre la falla del control electrónico.

Según fuentes de la investigación, unas dos semanas antes Bertulazzi intentó sacarse la tobillera y el sistema activó una alarma. La Policía Federal pidió entonces que fuera trasladado a una unidad penitenciaria o dependencia policial, y también pidió medidas de seguridad más estrictas, pero la Justicia mantuvo el arresto domiciliario y una consigna frente al edificio. Los investigadores analizan si hubo fallas en los controles y en la evaluación del riesgo de fuga. Su defensor, Rodolfo Yanzón, confirmó la fuga y dijo que el juzgado rechazó un último planteo contra la extradición, fundado en razones de salud, y que Interpol estaba lista para trasladarlo.

La recompensa y el pedido del juzgado

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por datos útiles para dar con el paradero y lograr la captura de Bertulazzi. Lo dispuso la Resolución 1168/2026, firmada el 10 de noviembre y publicada el 11 en el Boletín Oficial, a pedido “muy urgente” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 1, que tramita la causa CFP 18.156/2002. La orden de captura rige desde el 10. Los datos se reciben en la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, con reserva de identidad,.

Según el oficio judicial reproducido en la resolución, Bertulazzi debe cumplir en Italia una pena unificada de 27 años de prisión, por sentencias firmes. Una, de la Corte d’Assise de Milán de 1985, se refiere, entre otros delitos, a participación en banda armada con fines de terrorismo y subversión del orden democrático, tenencia y porte de armas y explosivos e incendio. Otra, de la Corte d’Assise d’Appello de Génova, ese mismo año, corresponde a secuestro agravado, robo agravado continuado y apología del delito. Las condenas se dictaron en ausencia. La resolución invoca la gravedad de esos delitos y su vinculación con hechos de terrorismo para justificar la urgencia.

La extradición y el refugio

El 1 de julio de 2025, la Corte Suprema confirmó la procedencia de la extradición a Italia, por la pena de 27 años. El fallo aclaró que no abría juicio sobre la pérdida de su estatus de refugiado, que se discute en el fuero contencioso administrativo federal, y la decisión final le corresponde al Poder Ejecutivo. La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) le reconoció el estatus en 2004 y lo dio por cesado el 29 de agosto de 2024, mediante la Resolución 320/2024. Ese día Bertulazzi fue detenido y, por su edad y su salud, quedó bajo arresto domiciliario.

Lo que tenés que saber:

  • Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas, se fugó el martes 10 de noviembre de su domicilio de Defensa 649, en San Telmo, donde tenía tobillera y custodia policial.
  • Que esté en Entre Ríos es una hipótesis basada en versiones periodísticas; no hay confirmación oficial de su paradero.
  • Seguridad ofrece 20 millones de pesos por la Resolución 1168/2026; los datos se reciben en el 134.
  • El monitoreo estaba a cargo del Servicio Penitenciario Federal y la consigna, de la Policía Federal, ambos bajo el Ministerio de Seguridad.
  • La Corte confirmó la extradición el 1 de julio de 2025; el Poder Ejecutivo decide la entrega.
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