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Alberto Fernández sellará un nuevo consenso fiscal con los gobernadores
La iniciativa plantea, entre otros puntos, un tope máximo para las alícuotas de los distintos impuestos de cada jurisdicción y protegerá la autonomía y las facultades tributarias propias de los distritos.
Por Daniel Scarímbolo
El presidente Alberto Fernández firmará el lunes próximo con gobernadores un nuevo Consenso Fiscal para 2022, que entre otros puntos impondrá un tope máximo para las alícuotas de los distintos impuestos de cada jurisdicción y protegerá la autonomía y las facultades tributarias propias de los distritos.
El acto de firma se llevará a cabo a las 17 en Casa de Gobierno, según confirmó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su última conferencia de prensa semanal de los jueves en Balcarce 50.
La reunión del lunes venidero la había adelantado el martes último el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, en el encuentro que tuvo con otros 12 mandatarios provinciales con el jefe de Estado en la Quinta Presidencial de Olivos, donde dijo que se suscribirá «la prórroga del Consenso Fiscal» entre la Nación y las distintas jurisdicciones.
La propuesta será firmada por todos las autoridades distritales, a excepción del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien el jueves último anticipó su postura en una conferencia de prensa que brindó en el nuevo centro de testeo de Costa Salguero, cuando dijo que «la Ciudad no va a firmar el Consenso Fiscal que incluye aumento de impuestos».
Las facultades tributarias propias se habían eliminado en 2017, cuando la Nación y las provincias, con excepción de San Luis, La Pampa y CABA, firmaron el denominado Consenso Fiscal III.
Ese mismo día, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, le contestó al alcalde porteño al recordar que en realidad ese incremento es «algo que ya sucedió y que aprobó su propio gobierno». Y ejemplificó que «a través de su presupuesto y de sus leyes impositivas (aumentó) un 52% el ABL y las patentes», mientras que en 2021 había aplicado una suba de un punto a la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los bancos, que pasó de 7% a 8%, y en 2020 se creó un nuevo impuesto para los usuarios de tarjetas de crédito.
Los dichos de Rodríguez Larreta «nada tienen que ver con este consenso, que en realidad habilita a todos los distritos a manejar sus impuestos locales tal cual se viene firmando desde fines de 2019, dándole estabilidad y certeza jurídica», explicó la funcionaria en declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.
En ese sentido, Batakis señaló que la propuesta de acuerdo fiscal «fue elaborada en diálogo con absolutamente todas las provincias», en un trabajo que se viene haciendo desde hace meses.
«Es un trabajo que venimos haciendo desde hace más de dos meses, porque se trata de eso, de consensuar entre todos a través del diálogo y receptamos todas las sugerencias y comentarios de las jurisdicciones», completó la secretaria de Provincias.
«La única modificación incorporada al consenso que se firmará es el tope para actividades financieras, que no estaba en los anteriores».
Batakis aclaró que «desde este consenso no se promueve ningún aumento de impuestos», sino que «simplemente, lo que se va a hacer es ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en 2019, 2020 y 2021, pero las provincias mantienen su potestad tributaria».
«Lo único que hacemos nosotros es darle autonomía política a cada una de las provincias para que decidan si aumentan o no, pero con un tope», enfatizó.
Las facultades tributarias propias se habían eliminado en 2017, cuando la Nación y las provincias, con excepción de San Luis, La Pampa y la CABA, firmaron el denominado Consenso Fiscal III, que estableció un cronograma de reducción de alícuotas y se les prohibió a los gobernadores aumentar las alícuotas impositivas provinciales.
Al asumir el gobierno Alberto Fernández en 2019, «los mandatarios provinciales reclamaron que Nación les devuelva su potestad y autonomía para decidir eventuales aumentos o reducciones de impuestos, y desde ese año empezamos una firma de consensos en los que hacíamos era establecer las alícuotas que estaban vigentes en ese momento», reseñó la funcionaria del Ministerio del Interior.
Agregó que lo que «se propuso este año es darle mayor estabilidad jurídica al sistema tributario argentino estableciendo que ya no va a ser necesario el año que viene firmar un consenso por materia tributaria provincia».
Y precisó que «la única modificación incorporada al consenso que se firmará es el tope para actividades financieras, que no estaba en los anteriores» consensos, que se sumó «debido al aumento en ese impuesto de parte de la Ciudad».
«El gobierno porteño decidió aumentar esa alícuota y a partir de eso nos pusimos de acuerdo para establecer un techo, para que no vuelva a ocurrir esto de que una jurisdicción fuerce subas», manifestó.
Batakis comentó que si la Ciudad de Buenos Aires no firma el consenso «no hay problema», porque no se obliga «a nadie».
«Nosotros no obligamos a nadie», alertó la secretaria de Provincias, pero advirtió que la Ciudad va a tener que ir «al último consenso que suscribieron y que los obliga a que vuelvan a poner todas las alícuotas que estaban vigentes en el consenso del año 2017».
«Las únicas que no necesitan firmar, porque no estaban involucradas en el consenso fiscal 2017, son La Pampa y San Luis», refirió Batakis.
Educación
Estudiantes tomaron el Pizzurno y exigen que Milei cumpla la Ley de Financiamiento
Un centenar de alumnos de distintas universidades realizó una sentada en el hall del Palacio Sarmiento y prometió no retirarse hasta ser recibidos por el secretario de Educación. La acción se da a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria y en medio de un conflicto que ya lleva más de un año sin resolución.
Más de un año después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno de Javier Milei todavía no la cumple. Esa es la premisa que llevó a un centenar de estudiantes de distintas universidades a ingresar este miércoles al Palacio Sarmiento, popularmente conocido como Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Realizaron una sentada en el hall del edificio y prometieron permanecer en el lugar hasta ser recibidos por el secretario de Educación.
La medida de fuerza fue protagonizada por estudiantes que reclaman, además del cumplimiento de la ley de financiamiento, el aumento de la Beca Progresar. Desde adentro del Palacio, ubicado en la calle Pizzurno 935 de la Ciudad de Buenos Aires, convocaron a otros estudiantes, docentes y ciudadanos a movilizarse hacia las inmediaciones del edificio en apoyo a la protesta.
«Ya marchamos, ya cortamos calles, ya presentamos petitorios»
Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó que la acción comenzó como una sentada frente al edificio y escaló hasta el ingreso al interior del Palacio «en busca de respuestas». «Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir», sostuvo González Puente, y convocó a «toda la sociedad argentina, a toda la gente que vive en Capital, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, a que se pueda acercar, a que nos pueda acompañar en este reclamo que es de todos y de cada uno de nosotros».
La estudiante enmarcó la protesta en términos de derechos fundamentales: «Lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria, a poder salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo.»
La paciencia que se agota
Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, fue aún más directa al trazar el recorrido agotado de las instancias previas. «Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció», afirmó desde el interior del Palacio. Y añadió: «Tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia.»
El señalamiento no es menor: la Justicia federal ya dictó sentencias que obligan al Ejecutivo a aplicar la norma, pero el Gobierno de Milei las ignoró sistemáticamente. La Ley de Financiamiento Universitario, que establece una actualización de los presupuestos de las universidades nacionales y los salarios docentes, fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, en una pulseada institucional que el oficialismo perdió en el recinto pero decidió ignorar en la práctica.
La antesala del 15 de octubre
La toma del Palacio Pizzurno se produce exactamente a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre por estudiantes, docentes y no docentes, con movilización hacia el Congreso de la Nación. Ese mismo día, la protesta universitaria confluirá con el reclamo por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, configurando una jornada de multisectorial de presión sobre el Ejecutivo.
El contexto no es nuevo. Desde el inicio de la gestión libertaria, el presupuesto universitario acumuló un recorte real superior al 30%, según datos consignados en documentos del propio sector y en informes académicos, mientras el salario docente perdió décadas de poder adquisitivo frente a una inflación que, desde diciembre de 2023, acumuló cifras récord. La acción de este miércoles es, en ese marco, la expresión más contundente hasta ahora de un movimiento estudiantil que decidió que ya no alcanza con marchar y esperar.
Lo que tenés que saber:
- Estudiantes de distintas universidades ingresaron al Palacio Pizzurno y realizaron una sentada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Prometieron no retirarse hasta ser recibidos por el secretario de Educación de la Nación.
- El reclamo incluye también el aumento de la Beca Progresar y la convocatoria a la ciudadanía a sumarse a la protesta.
- La Justicia ya falló en reiteradas oportunidades a favor de la aplicación de la ley, pero el Gobierno de Milei no la implementó.
- La acción se produce a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre hacia el Congreso.
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