Judiciales ⚖️
Arroyo Salgado reclama que se aplique el decreto de Néstor Kirchner para designar jueces en la Corte Suprema
La magistrada federal de San Isidro sostiene que la normativa de 2003 garantiza transparencia y participación ciudadana en los nombramientos. Advierte sobre la «debilidad institucional» del Poder Judicial y pide una integración federal de la Corte.
★ La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado de San Isidro, reclamó que se cumpla el decreto 222/2003 promulgado por Néstor Kirchner durante su presidencia, que reglamenta el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema y establece un procedimiento público con participación ciudadana. La magistrada expresó estas declaraciones en el canal de noticias TN, donde analizó la situación institucional del Poder Judicial argentino.
Una normativa que buscó transparentar las designaciones
El decreto 222/2003, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, estableció mecanismos de transparencia y control ciudadano en el proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema. La norma contempla la publicidad de las propuestas, audiencias públicas y la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil presenten observaciones sobre los candidatos propuestos.
«Sería muy importante que se cumpla con ese decreto del por entonces presidente Néstor Kirchner, porque nuestro país tiene un gobierno federal y realidades muy diversas y su integración debe representar esta particularidad, como así también la cuestión de género y la especialidad técnica», afirmó Arroyo Salgado en la entrevista televisiva.
La corrupción estructural en el Poder Judicial
La jueza federal no esquivó el diagnóstico sobre los problemas que atraviesan al Poder Judicial. Según su análisis, existe una «gran debilidad institucional» que incluye al sistema judicial, atravesado por «altos índices de corrupción».
«La corrupción es estructural por desidia, por falta de idoneidad y por actos propios de corrupción. Tenemos muchos antecedentes de jueces federales destituidos por sus vínculos con el narcotráfico en Salta, en Mendoza, en Santa Fe y, tal vez, debieran ser más», señaló la magistrada.
Arroyo Salgado destacó la importancia de los organismos de control sobre la Justicia y remarcó que la ciudadanía debe comprender que «no hay una sociedad democrática si la Justicia no es independiente, idónea y expedita».
El rol del Poder Judicial en la democracia
La jueza enfatizó la función esencial que cumple el Poder Judicial como garante de derechos ciudadanos. «El Poder Judicial es quien le garantiza a los ciudadanos que el pleno ejercicio y goce de sus derechos, de sus garantías y sus libertades individuales no queden a merced del humor del poder político de turno o de la mayor fuerza económica o del más poderoso o del más violento», expresó.
En este sentido, Arroyo Salgado consideró urgente la integración de la Corte Suprema «con una visión federal», que contemple las diversas realidades regionales del país.
Puntos clave
• La jueza Sandra Arroyo Salgado pidió que se aplique el decreto 222/2003 de Néstor Kirchner para designar jueces en la Corte Suprema
• El decreto establece un procedimiento público y transparente que permite la participación ciudadana en las designaciones
• Arroyo Salgado advirtió sobre la «debilidad institucional» del Poder Judicial y los «altos índices de corrupción»
• La magistrada mencionó casos de jueces federales destituidos por vínculos con el narcotráfico en Salta, Mendoza y Santa Fe
• Reclamó una integración federal de la Corte que represente las diversas realidades del país, con perspectiva de género y especialidad técnica
Judiciales ⚖️
La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica
Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.
El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.
Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.
Qué dijo el juez
Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.
El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.
La Cámara Federal cerró dos puertas
Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».
Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.
Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto
La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo que tenés que saber
- El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
- Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
- La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
- El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
- Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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