★ La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado de San Isidro, reclamó que se cumpla el decreto 222/2003 promulgado por Néstor Kirchner durante su presidencia, que reglamenta el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema y establece un procedimiento público con participación ciudadana. La magistrada expresó estas declaraciones en el canal de noticias TN, donde analizó la situación institucional del Poder Judicial argentino.

Una normativa que buscó transparentar las designaciones

El decreto 222/2003, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, estableció mecanismos de transparencia y control ciudadano en el proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema. La norma contempla la publicidad de las propuestas, audiencias públicas y la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil presenten observaciones sobre los candidatos propuestos.

«Sería muy importante que se cumpla con ese decreto del por entonces presidente Néstor Kirchner, porque nuestro país tiene un gobierno federal y realidades muy diversas y su integración debe representar esta particularidad, como así también la cuestión de género y la especialidad técnica», afirmó Arroyo Salgado en la entrevista televisiva.

La corrupción estructural en el Poder Judicial

La jueza federal no esquivó el diagnóstico sobre los problemas que atraviesan al Poder Judicial. Según su análisis, existe una «gran debilidad institucional» que incluye al sistema judicial, atravesado por «altos índices de corrupción».

«La corrupción es estructural por desidia, por falta de idoneidad y por actos propios de corrupción. Tenemos muchos antecedentes de jueces federales destituidos por sus vínculos con el narcotráfico en Salta, en Mendoza, en Santa Fe y, tal vez, debieran ser más», señaló la magistrada.

Arroyo Salgado destacó la importancia de los organismos de control sobre la Justicia y remarcó que la ciudadanía debe comprender que «no hay una sociedad democrática si la Justicia no es independiente, idónea y expedita».

El rol del Poder Judicial en la democracia

La jueza enfatizó la función esencial que cumple el Poder Judicial como garante de derechos ciudadanos. «El Poder Judicial es quien le garantiza a los ciudadanos que el pleno ejercicio y goce de sus derechos, de sus garantías y sus libertades individuales no queden a merced del humor del poder político de turno o de la mayor fuerza económica o del más poderoso o del más violento», expresó.

En este sentido, Arroyo Salgado consideró urgente la integración de la Corte Suprema «con una visión federal», que contemple las diversas realidades regionales del país.

Puntos clave

• La jueza Sandra Arroyo Salgado pidió que se aplique el decreto 222/2003 de Néstor Kirchner para designar jueces en la Corte Suprema

• El decreto establece un procedimiento público y transparente que permite la participación ciudadana en las designaciones

• Arroyo Salgado advirtió sobre la «debilidad institucional» del Poder Judicial y los «altos índices de corrupción»

• La magistrada mencionó casos de jueces federales destituidos por vínculos con el narcotráfico en Salta, Mendoza y Santa Fe

• Reclamó una integración federal de la Corte que represente las diversas realidades del país, con perspectiva de género y especialidad técnica