Energía
Luz propia para los megaproyectos: el Gobierno admite que la red no da abasto
La Resolución 264/2026 obliga a los proyectos que demanden más de 80 MW, con los centros de datos a la cabeza, a traer su propia generación. El Gobierno lo presenta como un escudo para las facturas, pero los hogares ya cargaron con subas de electricidad superiores al 300% desde diciembre de 2023.
El Gobierno nacional dejó por escrito una advertencia sobre la fragilidad de su propio sistema eléctrico. A partir de ahora, cualquier megaproyecto que pretenda conectarse y consumir más de 80 MW deberá llegar con su propia energía bajo el brazo; y si en algún momento falta oferta, la norma establece que se priorizará el suministro de los usuarios por sobre el de las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que crea el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La norma modifica el artículo 13 de la Resolución 400/2025 y alcanza a los proyectos nuevos o ampliaciones que representen «al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, equivalente hoy a unos 80 MW».
Qué exige el nuevo régimen
Cada emprendimiento alcanzado «podrá elegir libremente la tecnología y el proveedor con los que se abastece», incluida la generación propia instalada en el mismo punto de conexión. Pero la resolución fija condiciones precisas: deberá «cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con contratos de generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima».
Para los centros de datos la vara es más alta. La obligación «se eleva al 115% en el caso de los centros de datos, por su consumo continuo y de alta sensibilidad», según el texto oficial. Es la primera vez que la regulación eléctrica argentina reserva un tratamiento específico y más exigente para la infraestructura de la inteligencia artificial.
El régimen amplía el alcance de la Resolución 400/2025, que ya exigía respaldo físico propio para las nuevas grandes demandas conectadas al sistema de transporte. Ahora la obligación se extiende a las ampliaciones de consumos existentes y a los proyectos que se vinculen al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de distribuidoras. En sus fundamentos, la resolución también advierte que, cuando varias solicitudes compitan por una capacidad de transporte limitada, «resulta necesario evitar la inmovilización especulativa de capacidad», y por eso crea un cargo de reserva que busca castigar a quienes acaparen lugar en la red sin cumplir sus cronogramas.
La preocupación por las facturas llega tarde
La Secretaría de Energía justificó la medida en nombre de los usuarios. Según la resolución, el objetivo es que el ingreso de las grandes demandas «no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento ni su costo sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas». El organismo sostuvo además que busca que «cada gran proyecto se abastezca a su propio riesgo, sin trasladar costos al resto de los usuarios», poniendo en «primer lugar a los hogares, comercios, pymes e industrias que ya forman parte del sistema».
El argumento choca con la experiencia concreta de esos mismos hogares. Según relevamientos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA CONICET), desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023 la electricidad acumuló una suba superior al 339%, dentro de una canasta de servicios públicos y transporte que se encareció más del 525%. El Gobierno que hoy dice cuidar las facturas es el mismo que eliminó subsidios y trasladó el costo pleno de la energía a las familias.
Una red sin margen y un Estado que no planifica
La cláusula que prioriza a los usuarios ante un escenario de escasez tiene una lectura inevitable: la propia autoridad energética contempla la posibilidad de que la oferta no alcance. Si la reserva del sistema pudiera absorber sin sobresaltos a los nuevos gigantes del consumo, no haría falta blindarla por resolución.
El esquema también confirma la lógica de fondo del modelo libertario en materia energética: en lugar de una planificación estatal de la expansión de la generación y el transporte, cada gran jugador contrata su propia energía con el proveedor que elija. La expansión del sistema queda así subordinada a acuerdos entre privados, con un Estado que se limita a fijar condiciones de acceso. La discusión sobre quién controla la nueva generación, y al servicio de qué proyecto de país, queda fuera de la agenda oficial.
Los centros de datos, en el centro de la escena
La exigencia reforzada para los centros de datos no surge en el vacío. En octubre de 2025, OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y la firma argentina Sur Energy anunciaron ante el presidente Milei una carta de intención para construir en la Patagonia el proyecto Stargate Argentina, un centro de datos de 500 MW con una inversión estimada de hasta 25.000 millones de dólares. Esa sola instalación superaría más de seis veces el umbral de 80 MW que fija la nueva resolución.
Desde aquel anuncio no hubo novedades públicas sobre avances concretos, según consignó en agosto un medio uruguayo que relevó la carrera regional por atraer estas inversiones. Especialistas del sector coinciden en que la infraestructura eléctrica es el principal cuello de botella para este tipo de desarrollos, porque la red argentina no está preparada para absorber semejante crecimiento de la demanda sin inversiones previas de gran escala.
A la ecuación se suma el costo fiscal. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el llamado «Súper RIGI» profundiza la política de beneficios fiscales extraordinarios para los grandes proyectos de inversión y amplía el costo tributario que deberá afrontar el Estado en los próximos años. El resultado es un modelo que resigna recaudación para atraer a los grandes capitales mientras deja la expansión eléctrica librada a contratos privados.
Lo que tenés que saber:
- La Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía creó el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) para proyectos que representen al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, unos 80 MW.
- Los proyectos alcanzados deberán cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima; en los centros de datos, el respaldo exigido sube al 115%.
- Ante un escenario de escasez, la norma prioriza el suministro de los usuarios por sobre las grandes demandas sin respaldo suficiente.
- El régimen se extiende a ampliaciones de consumos existentes y a proyectos conectados por distribuidoras, y crea un cargo para evitar el acaparamiento especulativo de capacidad de transporte.
- Según el IIEP (UBA CONICET), la electricidad subió más del 339% desde diciembre de 2023.
Combustibles ⛽
Derrumbes en la Ruta 40 y un impuesto a la nafta que no llega a Vialidad
Dos desprendimientos en menos de 48 horas, uno sobre un vehículo con personas a bordo, obligaron a un corte total en Villa La Angostura. El episodio reabre el debate sobre el impuesto a los combustibles: el Gobierno admitió que una parte, con destino legal en las rutas, queda en manos de Economía, y más de un billón de pesos del SISVIAL estaba colocado en plazos fijos y letras del Tesoro al 31 de mayo.
Dos desprendimientos de tierra y rocas en menos de 48 horas pusieron en jaque la Ruta Nacional 40 en Villa La Angostura, y el segundo alcanzó a un vehículo con personas a bordo. El corte total se extendió de 7.30 a 12 de este lunes 19 de octubre y rigió para todo tipo de vehículos.
La Municipalidad de Villa La Angostura informó que el episodio ocurrió el domingo por la tarde, en el kilómetro 2120,40, en la zona de Puerto Arauco. Bomberos Voluntarios y personal de seguridad intervinieron para asistir a los ocupantes del vehículo y, según el comunicado municipal, no hubo heridos. Vialidad Nacional comunicó el corte total para el lunes, con tareas de despeje y retiro de árboles con riesgo de caída.
Árboles y rocas inestables sobre la ruta
Durante la mañana del domingo, antes de ese desprendimiento, equipos de la Secretaría de Planeamiento municipal, Vialidad Nacional y la Administración de Parques Nacionales hicieron inspecciones directas del talud y relevamientos con drones. Detectaron árboles y bloques rocosos inestables en sectores de gran altura y pendiente pronunciada, y con autorización de Vialidad Nacional se resolvió el volteo controlado y apeo de los ejemplares comprometidos.
La Municipalidad habló de un “escenario de riesgo inminente”. Las maniobras implican la posibilidad de que caigan árboles y piedras hacia la calzada, por lo que la interrupción del tránsito busca proteger tanto a quienes circulan como al personal que trabaja en altura.
Según informó la prensa local, la ladera ya había cedido el viernes por la noche, cerca de las 21.40, cuando se desprendieron rocas, tierra y ramas sobre el asfalto; el tránsito se restableció esa misma noche, sin heridos.
Un horario previsto, no una habilitación automática
El operativo reúne a instituciones del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, áreas municipales, Vialidad Nacional, fuerzas de seguridad, Bomberos y personal del paso internacional Cardenal Antonio Samoré para ordenar el corredor.
El fin del horario programado no debe confundirse con una confirmación de que la ruta quedó habilitada. Este medio no pudo constatar una comunicación oficial sobre la reapertura; los organismos piden respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar y consultar los canales oficiales para conocer el estado de circulación.
Un corredor con antecedentes
La zona registra antecedentes documentados por el propio organismo. En julio de 2019, un derrumbe de la ladera en el kilómetro 2095 de la Ruta 40, a la altura de Brazo Huemul, cortó la conexión terrestre entre Villa La Angostura y Bariloche y obligó a obras de emergencia de Vialidad Nacional, Parques Nacionales y la empresa Coarco SA, según informó la Presidencia de la Nación. En noviembre de 2021, Vialidad Nacional comunicó la habilitación total del kilómetro 2.119, a poco más de un kilómetro del punto actual, tras dos meses con tránsito solo sobre una calzada por otro derrumbe de suelo y árboles que, según el organismo, provino de un sector urbanizado fuera de la zona de camino.
Los comunicados oficiales del fin de semana no atribuyen el desprendimiento a una falla de mantenimiento, sino a la inestabilidad del talud y de la masa forestal. La situación fiscal del organismo que debe intervenir sobre esa traza es otra cuestión, y está documentada.
El impuesto que se paga en el surtidor y no vuelve a la ruta
El Impuesto a los Combustibles Líquidos tiene un destino legal específico: el 28,58% de lo recaudado corresponde al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, según los datos que expuso el senador santafesino Julio Garibaldi en la Legislatura de Santa Fe. Garibaldi precisó además que la incidencia del impuesto en el precio por litro pasó de 8,9% en noviembre de 2023 a 19,25% en julio de este año, y que la recaudación de 2025 llegó a $4,8 billones.
El vocero presidencial Adrián Ravier admitió, durante una visita a La Pampa, que una parte de lo recaudado no llega a Vialidad Nacional y queda “a disposición del Ministerio de Economía” para contribuir al equilibrio fiscal. No precisó qué porcentaje llega a las rutas.
La magnitud surge de documentación que presentó el gobierno de La Rioja ante la Justicia Federal: al 31 de mayo de 2026, los recursos del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras del Tesoro sumaban $1.001.017.908.957. La Federación del Personal de Vialidad Nacional calculó, en una reunión informativa en la Cámara de Diputados, que desde diciembre de 2023 el impuesto recaudó $11,2 billones y que cerca de $1,6 billones correspondían al componente vial. El Instituto Argentina Grande estimó, por su parte, que Vialidad solo utilizó el 33% de los recursos del impuesto que le fueron asignados.
Denuncias, amparos y concesiones
La diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y autoridades de Vialidad Nacional y del Banco Nación, por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad. La Rioja pidió ser querellante en la causa, y la Justicia Federal de Victoria, en Entre Ríos, dio trámite a un amparo de los legisladores peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay que reclama la reactivación de las obras y el mantenimiento de la red vial. El 5 de octubre, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) respaldó esa decisión judicial y advirtió por el impacto en la producción agropecuaria.
Caputo anunció además un proyecto para licitar más de 6.000 kilómetros de rutas con un esquema de impuesto cero, mientras el Instituto Argentina Grande calculó que Vialidad debió recibir $1,35 billones del impuesto a precios de junio de 2026. La secuencia deja una pregunta sin respuesta oficial: si una parte de lo que se paga en cada carga de nafta para las rutas se coloca en instrumentos financieros, quién se hace cargo del mantenimiento de una traza de montaña como la de Villa La Angostura.
Lo que tenés que saber
- Dos desprendimientos de tierra y rocas en menos de 48 horas afectaron la Ruta 40 en Villa La Angostura; el del domingo alcanzó a un vehículo, sin heridos.
- Se dispuso un corte total de 7.30 a 12 de este lunes 19 de octubre para voltear árboles inestables en el kilómetro 2120,40.
- Los comunicados oficiales hablan de inestabilidad del talud y no atribuyen el episodio a falta de mantenimiento.
- El vocero Adrián Ravier admitió que parte del impuesto a los combustibles queda a disposición de Economía.
- Al 31 de mayo, el SISVIAL tenía $1.001.017.908.957 en plazos fijos y letras del Tesoro, según documentación presentada por La Rioja.
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