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Indagaron a Belliboni que negó los cargos en su contra

El referente del Polo Obrero declaró por más de tres horas y negó los cargos de extorsión y coacción que pesan en su contra.

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El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni fue indagado hoy en los tribunales federales de Comodoro Py por la causa donde se lo investiga por presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo para financiar a su fuerza política.

La indagatoria frente al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita transcurrió a lo largo de tres horas. Durante ese tiempo, el dirigente social y María Isolda Dotti, una militante del PO que se acercó a Comodoro Py con el mismo fin que Belliboni, negaron las acusaciones de extorsión y coacción.

Los referentes del PO describieron además el funcionamiento de los comedores y dieron algunas explicaciones por los cargos que se les imputan, pero no hicieron referencia a los delitos de administración fraudulenta y facturas apócrifas que forman parte de la denuncia en su contra.

En tanto, ambos dirigentes manifestaron los problemas que significa gestionar las necesidades de las personas y describieron las consecuencias de la campaña negativa que sufrieron en los medios de comunicación.

A su vez, Belliboni calificó la cobertura en su contra como un “fusilamiento mediático» y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la filtración de conversaciones telefónicas y chats privados. Además, el referente del PO manifestó que esos datos eran reportados directamente a la titular de Seguridad antes que a la Justicia.

Por su parte, Dotti confirmó la existencia de sanciones contra los beneficiarios de parte de las organizaciones, pero argumentó que no se aplicaban sobre las personas que no formaban parte de las movilizaciones, sino a los que no cumplían con las prestaciones correspondientes.

También declararon que las listas de espera para recibir alimentos o planes tenían que ver con que el dinero que recibían por parte del Estado no era suficiente.

Tanto Belliboni como Dotti habían sido citados el pasado 27 de mayo tras el allanamiento de los comedores que administra el Polo Obrero. La llegada de los dirigentes sociales a Tribunales estuvo acompañada de militantes de la agrupación de izquierda con el objetivo de respaldarlos bajo el lema “Basta de persecución”.

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Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.

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Fachada del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro

Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.

La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.

Quiénes recurrieron

Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.

Los pedidos de reparación integral

En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El voto de Petrone

En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.

El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.

La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar

Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
  • La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
  • El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
  • Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
  • Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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