Seguridad social
Jubilaciones: el Gobierno modificó por Decreto la fórmula de movilidad
Los cambios en la movilidad jubilatoria quedaron oficializados a través del Decreto 274/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El Gobierno dispuso modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la fórmula de movilidad jubilatoria, estableciendo que desde julio los haberes se actualizarán por inflación, y que en los meses previos, los jubilados percibirán adelantos a cuenta del cobro de junio, mientras que en abril se otorgará un incremento extraordinario del 12,5%.
Los cambios en la movilidad jubilatoria quedaron oficializados a través del Decreto 274/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se argumentó que “con el objeto de dar respuesta de forma rápida y eficaz a la acuciante realidad que enfrentan los adultos mayores de la República Argentina, el Estado Nacional ha tomado la determinación de modificar la actual fórmula de movilidad a fin de garantizar que nunca más los haberes de los jubilados perderán contra la inflación”.
A partir de dicha premisa, el Ejecutivo consideró que “es necesario establecer una nueva pauta de movilidad basada en la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.
Asimismo, sostuvo que “el cambio de componentes de la fórmula y su actualización mensual permitirán la implementación de una política eficiente de la seguridad social que considere el índice de costo de vida, logrando la plena efectividad de los derechos de la sociedad conforme el máximo de los recursos de que se disponga, de conformidad con las normas internacionales en la materia”.
Al mismo tiempo, justificó el cambio por DNU en que “la urgente necesidad de modificar la fórmula jubilatoria a los efectos de lograr mantener el estándar de vida de los adultos mayores y evitar que continúen perdiendo poder adquisitivo y el inminente inicio del mes de abril, cuyo transcurso dificultaría el debido empalme de fórmulas dan cuenta de las circunstancias excepcionales que exigen el dictado del presente decreto”.
De esta manera, el decreto estableció que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación a través del IPC oficial y determinó que “en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario”.
Al respecto de la entrada en vigencia de la nueva fórmula, el Gobierno especificó que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta “se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024”.
De cara a los meses que quedan hasta la aplicación de la modificación, el Ejecutivo dispuso que “a los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente”.
Teniendo en cuenta que la próxima actualización de haberes por ley corresponde a junio, y a raíz de que “la gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes”, se dispuso que “a partir del mes de abril del corriente año se concederán adelantos incrementales, equivalentes al Índice de Precios al Consumidor, a cuenta del porcentaje que determine la aplicación de la movilidad prevista por la Ley N° 27.609, de modo que la transición de uno a otro régimen de movilidad no implique padecimiento alguno para los adultos mayores”.
En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará en abril “un incremento extraordinario equivalente al 12,5 % sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024” y además “un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”.
A su vez, los jubilados percibirán “en mayo de 2024, un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”, mientras que cobrarán “en junio de 2024, un incremento, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”.
En el decreto se aclaró que los incrementos dispuestos “serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente”, precisando que “una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido”.
Asimismo, el Ejecutivo expresó que “en caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula mencionada en el primer párrafo de este artículo, no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante”.
Fake News
Pensiones “truchas” y videos falsos: la ofensiva de LLA contra la discapacidad
Santiago Caputo afirmó sin pruebas que el 60% de las pensiones por invalidez son falsas, la diputada Gabriela Flores acusó de mentir a quienes marchan el 15 de octubre y un sitio libertario reflotó un video ya desmentido. Todo mientras se discute la prórroga de la Emergencia y el Presupuesto 2027.
“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”. La frase, sin un solo dato que la respalde, la escribió el asesor presidencial Santiago Caputo en su cuenta de X, y el presidente Javier Milei la reposteó, como es su costumbre. Fue la primera piedra de una nueva oleada de estigmatización contra las personas con discapacidad, lanzada justo cuando el Congreso discute cuántos recursos tendrá el sector en el Presupuesto 2027 y si se prorroga la Ley de Emergencia.
Caputo repitió además un argumento que el oficialismo ya había ensayado en tiempos de Manuel Adorni como vocero: «Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra». Después llegaron la diputada libertaria salteña Gabriela Flores, con acusaciones directas contra las familias que convocan a movilizarse, y el portal militante La Derecha Diario, que volvió a difundir un video que había sido desmentido el año pasado.
Cuatro titulares y una sola consigna
La ofensiva discursiva coincide con un nuevo cambio de mando en el área. El Gobierno designó a Diego Masaragian, hasta ahora administrador nacional de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), como cuarto responsable de discapacidad desde el inicio de la gestión libertaria. Reemplaza a Pablo Di Liscia, quien había asumido tras la salida de Alejandro Vilches, a su vez sucesor de Diego Spagnuolo, desplazado en medio del escándalo de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Al anunciar el nombramiento, el Ministerio de Salud fijó como prioridad profundizar los controles y las auditorías. En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que prevé un reempadronamiento total de los titulares en un plazo de 90 días. La rotación de funcionarios cambia los nombres, pero la orientación sigue intacta: sospechar primero de los beneficiarios y ajustar después.
El Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector, salió al cruce de los dichos de Caputo: «Exigimos que presente la documentación y las pruebas que las respalden». Y advirtió: «Las declaraciones que estigmatizan a las personas con discapacidad generan dudas y desvían el foco de lo urgente: garantizar los derechos, los apoyos y las prestaciones que necesitan quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad».
«Hemos recibido solo palos de este gobierno»
Flores apuntó contra quienes convocan a la marcha de este 15 de octubre. «Mentir es de cobardes. Y esto va para todo ese colectivo de actrices y defensores de personas con discapacidad que están llamando a una marcha el 15 de octubre. Te están mintiendo», afirmó la legisladora de La Libertad Avanza, que sostiene que el dictamen impulsado por su bloque supera a la Ley de Emergencia vigente.
La respuesta llegó de la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y una de las referentas más visibles de la lucha del sector. Le reclamó que, antes de acusar, explique por qué votó a favor de derogar la Ley de Emergencia, y cuestionó que el dictamen libertario sea superador. Según Bassi, ese texto «se hizo a espaldas de las personas con discapacidad y muchas instituciones, transportistas, familiares y personas con discapacidad están llamando a los aliados para reunirse, indicándoles que hay puntos que sí o sí tienen que incorporarse a ese nuevo dictamen para que podamos salir de la emergencia».
«No está bueno, diputada, que ataquen a las personas y sus familiares justo cuando en teoría se está haciendo una ley para garantizar sus derechos (…) Estamos colapsados. Necesitamos que se nos escuche. Hemos recibido solo palos de este gobierno», le dijo Bassi a Flores.
El trasfondo es la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en 2025 pese a la resistencia del Ejecutivo, que la vetó y debió aceptar que ambas cámaras insistieran con la norma. La emergencia rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede prorrogarse un año más, una decisión que hoy está en disputa en el Parlamento.
El video desmentido que volvió a circular
La Derecha Diario se sumó a la ofensiva con un video de un hombre que sale con muletas de hacer un trámite y luego camina con normalidad, al que acusó de simular una discapacidad para cobrar una pensión. La versión ya había sido desmentida: la organización de verificación Chequeado retomó la constatación de Ruido, integrante de la Red Federal de Periodismo e Innovación, según la cual las imágenes fueron filmadas en la sucursal del Banco Nación de Río Tercero, en Córdoba.
El hombre es José, un jubilado de 67 años con enfermedad de Parkinson, según aseguró su hija, Verónica Navarro, quien además presentó el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de su padre. El Parkinson explica que por momentos camine con dificultad y por momentos no; la difamación, en cambio, no tiene explicación médica. La reaparición del video ocurre mientras los pacientes con esa enfermedad expresan preocupación por la continuidad del acceso a su medicación.
Un método repetido
La estrategia no es nueva. Cuando todavía era vocero presidencial, Adorni mostró una radiografía de un perro para acusar a una persona de haber cobrado una pensión con documentación falsa, aunque ese beneficio nunca se otorgó a nadie con esa radiografía. Adorni llegó luego a la Jefatura de Gabinete, cargo al que renunció en junio de este año en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
El patrón se repite: frente a cada discusión presupuestaria, el oficialismo instala la sospecha generalizada sobre un colectivo vulnerable para justificar recortes que, de otro modo, serían políticamente indefendibles. Mientras tanto, la única corrupción comprobada en el área sigue siendo la que estalló dentro del propio Gobierno.
Lo que tenés que saber:
- Santiago Caputo afirmó en X que «aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas», sin presentar pruebas; Milei reposteó el mensaje.
- El Foro Permanente Discapacidad le exigió que presente la documentación que respalde esa cifra.
- La diputada Gabriela Flores acusó de mentir a quienes convocan a la marcha del 15 de octubre; Valentina Bassi le respondió que el sector recibió «solo palos de este gobierno».
- La Derecha Diario reflotó un video desmentido: el hombre señalado es un jubilado de 67 años con Parkinson y tiene CUD.
- Diego Masaragian es el cuarto responsable del área de discapacidad en la gestión de Milei.
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