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Judiciales ⚖️

Piden indagatoria para Germán Garavano, ex ministro de Justicia de Macri

La fiscal Ochoa pidió este viernes la citación por presuntos delitos cometidos con el ex testigo protegido del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele.

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La fiscal federal porteña Paloma Ochoa pidió este viernes que se cite a prestar declaración indagatoria al exministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades vinculadas al ingreso y la permanencia de Alejandro Vandenbroele, “arrepentido” del caso Ciccone, en el programa de protección de testigos e imputados.

La representante del Ministerio Público Fiscal también pidió que sean citados a indagatoria el propio Vandenbroele, condenado a dos años de prisión en suspenso en la causa Ciccone, y al exdirector Nacional del Programa de Protección de Testigos e imputados, Francisco Lagos, según surge del dictamen al que accedió Télam.

De la prueba recolectada surge que los exfuncionarios habrían cometidos los delitos de abuso de autoridad y defraudación a las arcas públicas dado que asistieron económicamente al arrepentido por un tiempo superior al permitido por la ley (más de 2 años contra los 6 meses habilitados) y le habilitaron fondos por encima de los 4,5 millones de pesos.

Garavano y Lagos, “a través del dictado de resoluciones de su competencia, que resultaron ser contrarias a la normativa aplicable, destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”, sostuvo la fiscal.

En el caso de Vandenbroele, imputado colaborador en la causa por la venta irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, por la resultó condenado el exvicepresidente Amado Boudou, la fiscalía reclamó la indagatoria como partícipe necesario de «administración infiel».

En el dictamen presentado ante el juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini, la fiscal detalló que a Vandenbroele, “se le brindó asistencia económica por un período mayor a los seis meses previstos en la normativa», y detalló que el imputado accedió a pagos en «forma injustificada», como los 840.000 pesos para un proyecto hotelero, «Posada La Masía», en Mendoza.

También hubo un desembolso de 200.000 pesos por «honorarios a fin de brindar asistencia jurídico contable para regular la situación impositiva de Vandenbroele por ante la AFIP», detalló la fiscal.

En el dictamen también se resaltó que el imputado protegido había violado las normas de seguridad del programa que lo asistía y que a pesar de haber tomado conocimiento de eso, se le permitió permanecer en el mismo.

La causa se inició a partir de una publicación periodística del portal de noticias El Destape en la que se detallaban aspectos del legajo personal de Vandenbroele en el programa de protección de testigos.

DDHH

Bertulazzi y Bullrich: dos militancias setentistas y la doble vara de LLA

La senadora que celebró la detención de un refugiado italiano al que llamó terrorista militó en los setenta en el entorno de la cúpula montonera, aunque niega haber integrado la organización. Bertulazzi, condenado en ausencia en Italia, se fugó antes de ser extraditado; Bullrich preside hoy el bloque oficialista en el Senado.

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El Argentino Diario-Bertulazzi-Patricia Bullrich.
Bertulazzi y Bullrich: cómo el Gobierno literario decide quién es terrorista y quién es senadora.

Un hombre de 74 años que vivió dos décadas en Buenos Aires bajo protección de refugiado se fugó a comienzos de noviembre del departamento de San Telmo donde cumplía arresto domiciliario, días después de que la jueza federal María Servini rechazara su último pedido y la extradición a Italia quedara firme. La Justicia ordenó su detención inmediata y la Policía Federal busca su rastro en cámaras de seguridad.

Se trata de Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas, condenado en ausencia por la Justicia italiana a 27 años de prisión. Servini había rechazado su extradición en 2003 porque Italia no garantizaba un nuevo juicio con derecho de defensa, y en 2004 la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) lo reconoció como refugiado. En 2024 perdió ese estatus por una decisión administrativa del Gobierno de Javier Milei, que su defensa considera ilegal, y la Corte Suprema confirmó la extradición el 1 de julio de 2025.

El trofeo de la ministra

El 29 de agosto de 2024, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció desde su cuenta oficial en X: «DETUVIMOS A UN TERRORISTA EX BRIGADAS ROJAS DE ITALIA». El comunicado de su cartera atribuyó la captura a un «profundo trabajo de inteligencia», y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, agradeció al Gobierno argentino la detención de un hombre «ya condenado en Italia a 27 años de prisión por delitos de terrorismo».

Bertulazzi vivía desde hacía 21 años en el mismo departamento porteño y no había nada que descubrir. Así lo sostuvo él mismo, y su abogado, Rodolfo Yanzón, afirmó que el Estado conocía su domicilio desde hacía más de veinte años justamente porque estaba amparado por la Convención de Refugiados de Naciones Unidas.

Según Yanzón, su defendido no está acusado de delitos de sangre, sino del secuestro de un empresario y de integrar una organización armada hasta septiembre de 1980, y la condena se apoyó en declaraciones de dos arrepentidos, sin que pudiera defenderse. Fuentes cercanas a la defensa también negaron la vinculación con el secuestro de Aldo Moro que había trascendido en los primeros días.

El pasado que la senadora relativiza

Bullrich es hoy senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Nacida en 1956 en una familia de la élite porteña, militó desde 1972 y 1973 en la Juventud Peronista, y su hermana Julieta era pareja de Rodolfo Galimberti, jefe de la Columna Norte de Montoneros. Ella sostiene que su militancia fue en la Juventud Peronista y niega haber pertenecido a Montoneros.

Esa versión es discutida por las biografías no autorizadas. El periodista Ricardo Ragendorfer, autor de «Patricia, de la lucha armada a la seguridad», le atribuye roles secundarios y de apoyo en operativos de la organización, como tareas de inteligencia previa en el secuestro de los hermanos Born, en 1974, donde fueron asesinados el chofer y el ejecutivo Alberto Bosch, pariente de la familia Bullrich. Los autores Marcelo Larraquy y Roberto Caballero también le adjudican participación secundaria en dos operativos, entre ellos el vinculado a un ejecutivo de la empresa Sudamtex, en 1976.

Según Ragendorfer, que reconstruyó los hechos a partir de fuentes de primera mano, Bullrich tuvo además una participación más directa en el atentado con explosivos contra la vivienda del entonces intendente de facto de San Isidro, José María Noguer, en 1977, que dejó heridos a familiares y ninguna víctima fatal. Se trata de reconstrucciones periodísticas y testimonios, no de una sentencia judicial, y ella lo niega. En 1977 se exilió con su pareja, Marcelo Langieri, y regresó al país en el tramo final de la dictadura.

La palabra «terrorista» según quién la pronuncie

Las diferencias entre ambos casos existen y conviene nombrarlas: Bertulazzi tiene una condena en su contra, dictada en ausencia, y Bullrich no registra una sentencia por los hechos que se le atribuyen. Pero la comparación expone cómo el Gobierno administra una etiqueta que le cabe distinto según quién la reciba. A un refugiado de 74 años, con tres ACV según su abogado y con una condena cuestionada por falta de defensa, se lo exhibió como «terrorista» y se lo extraditó; a una dirigente con un pasado setentista documentado y discutido se le abrió la puerta del Senado y la jefatura del bloque oficialista.

La ironía es más punzante por un antecedente que el oficialismo prefiere no recordar. En octubre de 2023, en plena campaña, Milei acusó a Bullrich de haber «puesto bombas en jardines de infantes», algo para lo que no existe registro histórico, judicial ni periodístico. Ella presentó querellas por calumnias e injurias y exigió que Victoria Villarruel certificara que nunca hubo atentados contra jardines de infantes. Semanas después, tras quedar fuera del balotaje, retiró las denuncias y se sumó al gobierno de quien la había señalado. La acusación de terrorismo, entonces, resultó negociable cuando el acusado era un aliado necesario.

Yanzón, por su parte, sostiene que en el derecho internacional el concepto de terrorismo es «vidrioso» y se utiliza según los intereses en juego, y que la persecución a Bertulazzi responde a un acuerdo político entre Milei y Meloni. Esa lectura es la de su defensa; lo que consta es que la Justicia argentina había negado la extradición en 2003 por la misma falta de garantías de defensa y que el cambio de criterio llegó después de la revocación del refugio.

Lo que tenés que saber:

  • Leonardo Bertulazzi, de 74 años, se fugó a comienzos de noviembre de su arresto domiciliario en San Telmo y la jueza Servini ordenó su detención inmediata.
  • Fue condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión; la Corte Suprema confirmó su extradición el 1 de julio de 2025.
  • Bullrich celebró su detención en 2024 como ministra de Seguridad y lo llamó «terrorista».
  • Bullrich niega haber integrado Montoneros; biografías y testimonios le atribuyen roles secundarios en operativos de los setenta.
  • En 2023 Milei la acusó de poner bombas en jardines de infantes sin respaldo documental, y ella retiró sus denuncias para integrar su gobierno.
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