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Energía

Nueva audiencia pública por tarifas de Edenor y Edesur

La convocatoria del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se completará el lunes 29 de enero con una segunda audiencia en la que se analizarán los pedidos de las transportadoras de todo el país.

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La audiencia pública virtual para considerar los ajustes tarifarios de los servicios de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur se realizará mañana a partir de las 8.30, con la participación de 63 expositores.

La convocatoria del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se completará el lunes 29 de enero con una segunda audiencia en la que se analizarán los pedidos de las transportadoras de todo el país, ya que fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los servicios de distribución son de jurisdicción provincial.

Edenor y Edesur presentarán sus propuestas de «readecuación de ingresos» previas a la implementación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) por parte de la Secretaría de Energía, y ya reclamaron la aplicación de un mecanismo de actualización mensual «en un contexto inflacionario como el existente».

En la primera audiencia del viernes, en un procedimiento similar a la convocada el 8 de enero por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, presentará el estado de situación del sector eléctrico y podría avanzar -tal como en aquella ocasión- en un esquema de reducción gradual de los subsidios a las generadoras del sistema.

En ambos casos -gas y energía eléctrica- Energía prevé modificar los criterios de segmentación tarifaria por niveles de ingresos con la elaboración de una Canasta Básica Energética, que pasará a emplearse en lugar del equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Rodríguez Chirillo será el primer orador luego de la presentación a cargo del interventor del ENRE, Darío Arrué, y luego intervendrán los representantes de Edenor, Guido Hernández, y de Edesur, Jorge Lemos.

Los tres serán los únicos con un tiempo de intervención de 20 minutos cada uno, ya que los 26 representantes de personas jurídicas dispondrán de un máximo de 10 minutos, en tanto los 34 particulares interesados contarán con no más de cinco minutos.

Si se cumpliesen los plazos establecidos y no hubiera ausencias, la audiencia tendrá una duración de más de seis horas.

Del resto de los expositores se destaca la presencia de cuatro intendentes, todos enrolados en Unión por la Patria: dos del área de concesión de Edesur (Fernando Gray de Esteban Echeverría y Mayra Mendoza de Quilmes) y dos de la de Edenor (Fernando Moreira de San Martín y Julio Zamora de Tigre).

También está inscripto el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y sólo un diputado nacional, Gabriel Solano (FIT-U).

Entre las entidades empresarias vinculadas con el sector energético figuran representantes de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), Transportistas (Ateera), Grandes Usuarios (Agueera), Distribuidores (Adeera) y la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), además del especialista en energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Calsiano.

De las presentaciones de Edenor y Edesur no surge un pedido concreto de incremento en la porción correspondiente al valor de distribución, sino que cada empresa detalla la necesidad de «readecuación de ingresos» por los atrasos tarifarios.

Edenor indicó que «es necesaria una readecuación de ingresos, previamente al cumplimiento de la revisión tarifaria integral pendiente de realización», y al respecto señaló que «los requerimientos anuales de estos conceptos de Valor Agregado de Distribución (VAD), valuados en pesos de diciembre 2023, adicionales a los percibidos actualmente, ascienden a $ 521.303 millones a los efectos de cubrir el déficit».

Por su parte, Edesur consideró un requerimiento de ingresos de «al menos 330.000 millones de pesos adicionales a los actualmente percibidos en concepto de CPD (Costo Propio de Distribución», también al 31 de diciembre de 2023 y con «una actualización mensual».

También Edenor solicitó «el reconocimiento de la totalidad de los créditos» que la compañía «posee en contra de la Administración Pública Nacional producto del congelamiento tarifario que data de 2019 y por la falta de compensaciones por ajustes», y cuyo monto indicó que «asciende al 31 de octubre de 2023 a $ 1.154.000 millones».

«En un contexto inflacionario como el existente y para que la tarifa pueda cubrir los costos del servicio de modo que los ingresos no se tornen insuficiente para brindar el servicio en condiciones de calidad requerida, se solicita que la tarifa de transición resultante del presente proceso se ajuste mensualmente y en forma automática», planteó Edenor.

En el mismo sentido se expresó Edesur, que sostuvo que «por simple lógica» y para que el pedido tenga validez, «en un contexto de alta inflación en los sucesivos meses debe necesariamente estar acompañada de una forma de actualización que mantenga los ingresos en términos reales frente a las variaciones de costos que no pueden ser calculados en esta instancia».

El factor de distribución es uno de los tres componentes de la tarifa final junto con los de generación y transporte, además de la carga tributaria representada por los impuestos y tasas de la Nación, las provincias y los municipios.

Los subsidios están concentrados en el área de generación y es en ese punto que se espera la definición de la Secretaría de Energía, mientras que el rubro Transporte será tema de discusión de la audiencia pública del lunes 29.

Judiciales ⚖️

Cuatro intentos, cuatro fracasos: el Senado volvió a tirar abajo la ley que abriría el territorio argentino a capitales extranjeros

El oficialismo pidió un nuevo cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por las tensiones internas entre el ministro de Desregulación y la jefa del bloque en el Senado. En paralelo, la Cámara alta aprobó 36 pliegos judiciales, entre ellos el del polémico camarista Víctor Pesino, quien había fallado a favor del Gobierno un día antes de que el Ejecutivo propusiera su renovación.

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El-Argentino-Congreso de la Nación-Diputados-Senadores.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, acumuló este jueves su cuarta postergación consecutiva en el Senado. Por solicitud de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, el cuerpo pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. La votación para diferir el tratamiento se aprobó con 63 votos afirmativos, tres negativos y una abstención, una holgura que contrasta con los escasos márgenes que el oficialismo reconoce tener para la aprobación del proyecto en sí.

Un proyecto con quince versiones y ninguna mayoría

La iniciativa acumula desde su lanzamiento quince versiones distintas del borrador, un signo elocuente de los problemas que enfrenta para conseguir los votos necesarios. La última modificación en circulación habilitaba a cada provincia a definir su propio régimen de venta de tierras a extranjeros; una cláusula que generó rechazo en el entorno del propio Sturzenegger, cuyos allegados sostienen que la medida «es inconstitucional» y produciría «24 interpretaciones distintas de la norma».

Cerca de Bullrich, en cambio, consideran que se trata de «una discusión sin sentido» porque las provincias «lo pueden hacer igual». La grieta interna dentro del bloque gobernante se convirtió así en el principal obstáculo de una ley que, en apariencia, debería ser el corazón del proyecto desregulador de la gestión.

A los problemas de redacción se sumaron dos ausencias clave en la sesión: Carlos «Camau» Espínola y la senadora Andrea Marcela Cristina (PRO), esta última de licencia por maternidad hasta después del receso invernal. «Nos cambió el número y, si bien ganábamos por un voto, con este tipo de proyectos y muchas horas de debate hay que tener un margen un poco más amplio», reconocieron fuentes del oficialismo.

Cuatro intentos, ningún resultado: la cronología de los fracasos

El historial de frustraciones del proyecto es revelador. El primer intento de tratamiento se cayó en junio, cuando el oficialismo empantanó la sesión en torno al pliego de Verónica Michelli, cuya aprobación bloqueó alegando que era familiar de un periodista. Ante el escándalo, La Libertad Avanza anunció el retiro del proyecto, que además no tenía los votos asegurados. Prometió relanzarlo la semana siguiente, promesa que nunca cumplió. El tercer intento naufragó cuando se cayó la sesión convocada para interpelar al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este jueves fue el cuarto fracaso.

La nueva fecha fijada es el 6 de agosto, cuando el oficialismo pretende tratar la ley de inviolabilidad junto con los proyectos de Ley Hojarasca y Falsas Denuncias. Será el quinto intento.

Lo que está en juego: soberanía territorial y recursos estratégicos

El proyecto busca derogar los límites que hoy establece la Ley N.º 26.737, que fija un tope del 15% de la superficie rural nacional y un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para la compra de inmuebles rurales por extranjeros. La reforma permitiría operaciones sin esas restricciones, incluso en zonas consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o fronterizo. Para sus críticos, la medida equivale a un proceso de extranjerización del territorio que debilita la capacidad del Estado para resguardar áreas de interés nacional.

El paquete legislativo también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las compensaciones económicas, lo que dificultaría futuras recuperaciones estatales de activos estratégicos. Además, incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de que exista sentencia definitiva, y reforma la Ley de Manejo del Fuego para eliminar restricciones que hoy impiden cambiar el destino de tierras afectadas por incendios, lo que sectores ambientales y agropecuarios advierten podría favorecer desarrollos inmobiliarios sobre superficies quemadas. Desde Unión por la Patria anticiparon que buscará frenar el avance de la iniciativa al considerar que compromete la soberanía sobre los recursos naturales.

Bullrich le dejó un mensaje a Villarruel

Tras la nueva postergación, Patricia Bullrich hizo un balance con destinataria evidente. «Hoy mostramos que teníamos el quórum que ayer nos lo quisieron desarmar con mensajes subidos de tono», declaró la senadora, en una referencia directa a los tensos intercambios que tuvo con la vicepresidenta Victoria Villarruel luego del partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial. Los mensajes entre ambas ya circulaban en medios y revelaron una relación deteriorada en el corazón del espacio gobernante.

Qué paso este miércoles en el Congreso

  • La ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue postergada por cuarta vez; el nuevo intento está previsto para el 6 de agosto.
  • Las tensiones entre Sturzenegger y Bullrich por la cláusula de autonomía provincial y las ausencias de dos senadores oficialistas destraban el proyecto.
  • El proyecto busca eliminar el tope del 15% para venta de tierras a extranjeros establecido en la Ley 26.737, con impacto en soberanía territorial y recursos estratégicos.
  • El camarista Víctor Pesino fue confirmado con cinco votos de diferencia pese a las denuncias de la oposición sobre su fallo favorable al Gobierno y su reunión previa con el ministro Mahiques.
  • Patricia Bullrich aprovechó la sesión para lanzar un mensaje velado contra Victoria Villarruel por sus intentos de desestabilizar el quórum oficialista.

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